Tratando de aplacar las crecientes protestas callejeras, que se habían desencadenado en Quito luego de la integración de la ‘Pichi’ Corte (diciembre del 2004), el presidente Lucio Gutiérrez se jugó una carta muy peligrosa: El 15 de abril del 2005 declaró el Estado de Emergencia, con el cual disolvió la Corte y suspendió algunos derechos constitucionales.
Esos hechos son relatados en el cable 30916, que el 16 de abril de ese año envió la embajadora Kristie Kenney a Washington.
Para conocer las motivaciones que lo llevaron a declarar la emergencia, la Embajadora conversó con Gutiérrez, con quien esos días había mantenido permanentes contactos, siguiendo la evolución de la protesta.
“El presidente Lucio Gutiérrez le dijo a la embajadora Kristie Kenney que declaró el estado de Emergencia debido a que supo que la Corte Suprema iba a ordenar el arresto de los directores del Banco del Pichincha, el más grande de Ecuador”, reseña el informe enviado al Departamento de Estado. Esta institución -agrega- es administrada por la familia Egas, que también posee una estación de televisión (Teleamazonas). Adicionalmente, el nuevo embajador nominado en los Estados Unidos, Mauricio Pozo, tiene un hermano que es ejecutivo de ese banco. “Fue Pozo quien primero le dijo a la Embajadora acerca del Estado de Emergencia”.
No obstante, fuentes judiciales consultadas por este Diario, dijeron que en esos días ningún proceso se ventilaba en contra de los directivos del Pichincha o de Fidel Egas, cabeza del grupo.
Otra razón para el estado de emergencia, según Gutiérrez y otras autoridades del Gobierno que se reunieron con la Embajadora, era que la Corte estaba a punto de anular los cargos en contra de los banqueros fugitivos (que actualmente viven en EE.UU.) Roberto y William Isaías, permitiéndoles regresar al Ecuador sin la amenaza de ser arrestados. El Gobierno ya había pedido su extradición desde EE.UU. al Departamento de Estado.
No obstante, las causas esgrimidas por Gutiérrez no fueron convincentes para la Embajadora, quien comentó: “Creemos que la declaración de emergencia es, al menos, una reacción exagerada frente a las amenazas contra su gobierno. También puede ser el resultado de una confianza excesiva de Gutiérrez, luego de la fallida protesta del 13 de abril”.
En el telegrama, Kristie Kenney también describe las espinosas relaciones que tenían las familias Egas e Isaías.
“A fines del año pasado (2004), la familia Egas, usando su estación de TV, difundió un programa sobre la corrupción en el Ecuador. Uno de los episodios se refirió a la corrupción en el sistema bancario y se enfocó en las acusaciones contra los hermanos Isaías.
Ellos (Teleamazonas) les ofrecieron la oportunidad de que los Isaías den su versión de la historia, antes de difundir el reportaje”. En vez de dar su versión -señala el cable- los hermanos Roberto y William Isaías, a través de sus recursos mediáticos, “estimularon una corrida de depósitos del Banco del Pichincha, lo cual casi colapsa a la entidad. Ese incidente fue resuelto a través de la intervención de la Iglesia Católica”.
Gutiérrez y otros funcionarios de su gobierno creían que el retorno de los Isaías precipitaría su caída. Lo cual, sin embargo, ya estaba por suceder a causa del fallo dictado dos semanas antes por el titular de la Corte, Guillermo el ‘Pichi’ Castro, quien había anulado los juicios contra el ex presidente Abdalá Bucaram, que en esos días retornó al país, poniendo al coronel Lucio Gutiérrez al borde del precipicio.
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