Ecuador es uno de los pocos países de América donde se mantienen las llamadas "leyes de desacato", muchas de ellas elaboradas durante dictaduras militares.
Expresar una opinión que ofenda al presidente o a una autoridad puede significar una pena de prisión o una demanda millonaria en Ecuador, una perspectiva a la que se enfrentan actualmente una veintena de periodistas, según la ONG Fundamedios.
Ecuador es uno de los pocos países de América donde se mantienen las llamadas "leyes de desacato", muchas de ellas elaboradas durante dictaduras militares.
México, Panamá, Brasil, Uruguay y Costa Rica las han derogado en los últimos años y la Corte Constitucional de Colombia las examina actualmente, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ecuador va contra corriente y su uso ha aumentado, según dijo a Efe César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización no gubernamental que acaba de presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que se supriman esas normas.
"El delito de desacato y la difamación criminal son problemáticos porque limitan el debate público que debe existir en toda sociedad democrática", dijo a Efe desde Washington José Miguel Vivanco, encargado de América Latina en Human Rights Watch, una de las principales asociaciones de derechos humanos del mundo.
Una de esas demandas la interpuso en marzo pasado el presidente del país, Rafael Correa, contra directivos y un editorialista del diario El Universo, para los que ha pedido tres años de prisión y una indemnización de 80 millones de dólares.
El motivo es un artículo de opinión que decía que Correa había ordenado abrir fuego "a discreción" contra el hospital en el que estuvo retenido el 30 de septiembre de 2010 durante un alzamiento policial.
El gobernante, que mantiene una relación muy tensa con los principales medios de prensa privados del país, ha aseverado que se trata de "una acusación gravísima" y ha invitado a todos los ciudadanos a responder como él "a esa prensa corrupta cuando los difame".
En los últimos años, Fundamedios ha contabilizado 20 juicios contra periodistas, que incluyen demandas interpuestas por alcaldes, asambleístas, jueces, una ministra y otros funcionarios públicos, en algunas de las cuales se piden penas de cárcel y en otras sólo indemnizaciones.
Hace un mes, la policía detuvo a un presunto bloguero acusado de ofensas contra el Fiscal General, Washington Pesántez. Fue puesto en libertad condicional porque en ese tipo de delito no se permite la prisión preventiva, según dijo a Efe una fuente de la fiscalía.
Tras anunciarse la querella de Correa contra El Universo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su "preocupación" por el uso de las leyes de desacato en Ecuador, dado que "podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas" a personas que critiquen a funcionarios.
En una extensa declaración al respecto, ese órgano afirmó que esas normas atentan contra la libertad de expresión y que las figuras públicas deben ser más tolerantes con las opiniones adversas, pues "están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad".
Además, la Comisión alertó de que las leyes de desacato pueden ser un mecanismo de "censura indirecta, dado su efecto amedentrador".
Ricaurte denunció que en Ecuador algunos periodistas "prefieren callarse" ante la amenaza de cárcel y que ciertas demandas "son instauradas justamente con esa intención".
La acción legal de Fundamedios pone el dedo en particular el Artículo 230 del Código Penal ecuatoriano, que establece una pena de seis meses a dos años de prisión para quien "con amenazas, amagos o injurias ofendiere al Presidente de la República".
En una rueda de prensa el jueves, la ministra de Justicia, Johana Pesántez, anunció que esa disposición será derogada, pues no consta en el proyecto de ley de reforma del Código Penal que prepara el Ejecutivo. "El Gobierno nacional no ha utilizado ni siquiera ese artículo, ese artículo siempre estuvo en desuso", afirmó.
La ministra, que no admitió más que una pregunta sobre el tema en la rueda de prensa, que duró menos de cuatro minutos, no dijo nada sobre otros artículos, como los 489, 491 y 493, que establecen penas por expresiones "en descrédito, deshonra o menosprecio" de una "autoridad".EFE
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