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Caso Angostura: gobierno colombiano debió contar con una autorización previa del gobierno del Ecuador
Bogotá, ANSA.- La decisión de la Corte Suprema colombiana de declarar ilegales unos correos electrónicos atribuidos oficialmente a un supuesto computador del jefe de las FARC Raúl Reyes, desató hoy un debate cuyo foco principal es la probable caída de varios procesos legales.
La Corte anunció el miércoles que archiva la investigación contra el ex congresista Wilson Borja, acusado de colaborar con las FARC, porque las “pruebas” provienen del campamento destruido en Ecuador en marzo de 2008, es decir territorio extranjero, y por miembros del ejército sin facultades para tomarlas.
La decisión, que por ser de este tribunal en la práctica tiene valor de jurisprudencia, puede dejar sin buena parte del piso jurídico a otros procesos, como el de las ex senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez.
Durante el gobierno de Alvaro Uribe se lanzó el concepto de “farcpolítica” y el contenido de supuestos computadores de Reyes fue usado para hacer acusaciones a dirigentes locales y extranjeros, incluyendo a dos presidentes, Rafael Correa y Hugo Chávez, entre muchas otras personas.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, de quien depende el proceso contra Córdoba, anunció que apelará la decisión de la Corte Suprema y que existen otras “pruebas”, distintas de las impugnadas, para condenar a Borja.
Otro frente se abre en el campo internacional pues la Corte Suprema encontró que en el operativo contra Reyes se violó “un acuerdo que habían suscrito los dos países” y que “el gobierno colombiano debió contar con una autorización previa del gobierno del vecino país”, como lo dijo Correa en su momento.
La pregunta es qué pasara -en materia legal o política- con las acusaciones contra Chávez y Correa, que fueron apoyadas en esas “pruebas”, si en el país de origen (Colombia) fueron declaradas nulas.
El ex presidente Uribe, acusador frecuente de Chávez y también de dirigentes de su país que opinaran diferente a la suya sobre la forma de enfrentar el conflicto armado interno, como Piedad Córdoba, cuestionó a través de la red Twitter la decisión de la Corte.
“Las fuerzas militares encuentran los computadores a los terroristas, la justicia los desestima”, se quejó.
“Los inocentes a la cárcel y no hay responsabilidad penal de colaboradores de narcoguerrillas”, insistió, y también dijo que
“se reciben testimonios de prófugos y criminales, se desestiman escritos de terroristas”.
Varios de los acusados consideraron que los supuestos correos electrónicos de Reyes fueron un artilugio para atacar a adversarios.
Correa se burló varias veces de estos supuestos correos electrónicos del dirigente guerrillero, y se preguntó también cómo pudo haber sucedido que en un campamento que quedó destruido por completo fueron sacados sin daño alguno los procesadores.
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