Desde este lugar se disponen las acciones antidelincuenciales. El 30-S cambió: fue el centro de operaciones de los sublevados.
La ubicación estratégica del regimiento Quito y sus amplias instalaciones permitieron que desde allí se organizara la sublevación del 30 de septiembre.
Desde 1972 los operativos de seguridad de la Policía Nacional, en Quito, se despachan desde el Regimiento Nº 1. Alrededor de 300 gendarmes se reportan ahí diariamente, pero sus instalaciones, ubicadas en la avenida Calisto Arteta y Mariana de Jesús, pueden albergar hasta 3.000 policías.
El centro de operaciones se construyó durante la dictadura del general Guillermo Rodríguez Lara, y sus espacios están estratégicamente distribuidos. El helipuerto está conectado con el Hospital de la Policía y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). Cuenta con amplios espacios para concentrar al personal para sus diversas actividades y también para los que llegan desde provincias.
Esas facilidades operativas se evidenciaron en la sublevación policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), pues se estima que ahí se concentraron unos 3.000 uniformados. Ese día los coroneles Julio César Cueva, jefe del Distrito de Quito; Marcelo Echeverría, jefe de la Unidad Centro Occidente; y José Rivadeneira, comandante Provincial, estaban al mando.
Este regimiento concentra las llamadas de emergencia para la Cruz Roja, Bomberos y Policía. Por ello tiene la capacidad de comunicarse con todas las unidades de vigilancia a través de la radio patrulla. Así fue como se mantuvieron en contacto los sublevados distribuidos en toda la ciudad con los de otras unidades del país.
De hecho, el control absoluto de la radio patrulla fue determinante para la sublevación. “Por esa vía se hizo toda la coordinación, lo que garantizó la ejecución de las órdenes de quienes fungían de líderes. Nadie podía pasar a esa zona si no era leal al levantamiento”, dice un policía que no plegó al motín.
Incluso, las grabaciones de la radiopatrulla desaparecieron y lo que tiene la Fiscalía es lo que los radioaficionados grabaron por su cuenta. Fue con esas cintas que se pudo identificar, por ejemplo, la voz de Luis Martínez. Al parecer, según varios testimonios, era él quien se hacía llamar Luchador 1.
Y el regimiento Quito No 1 también es un espacio para la socialización de los policías. Como parte de ella está la religiosidad.
No es raro que en cada dependencia haya una capilla. En ese regimiento, la Virgen del Cisne ocupa el altar mayor y desde hace 10 años es considerada la Patrona de la Policía. Pero la misa es un acto especial en el que participan miembros de la cúpula y sus esposas, autoridades de Gobierno, y oficiales, pues se realizan por motivos importantes.
Precisamente la jornada del 30-S empezó con una ceremonia religiosa que, según fuentes de la institución, buscaba designar como priostes a esa dependencia. Lo curioso es que desde las 05:00 ya había policías de pie y conversando en los patios.
En la declaración ante la Fiscalía del coronel Edwin Echeverría consta que en la misa participó un grupo de oficiales que no portaba armas ni gas. Pero indicó que antes de las 08:00 en la Prevención ya existía personal inconforme con la cúpula policial y con el Presidente de la República y cuando concluyó la ceremonia religiosa los policías sublevados ya habían copado de gas lacrimógeno el regimiento.
Sin embargo, fuentes que participaron de la misa contaron a este diario que allí se dieron las directrices para sumar respaldos a la sublevación. Por ejemplo, designar a quienes acudirían a la Asamblea para adherir a la Escolta Legislativa.
Desde el regimiento también se incitaba a la sublevación por medio de la radiopatrulla. El identificado como “Luchador 1” jugó un rol importante. La mañana del 30-S apeló al sentimiento de inconformidad de la tropa con la cúpula policial y reprochó la eliminación de prebendas como los juguetes que antes recibían los hijos de los policías.
En ese momento el comandante General Freddy Martínez intentó apaciguar los ánimos de la tropa, pero fue infructuoso. Hasta ese momento, todo parecía estar orientado hacia una reforma en la cúpula policial, pero la llegada inesperada del presidente Rafael Correa hizo que la sublevación diera un giro inesperado.
Las crisis institucionales marcaron a la Policía
En 1987 se produjo la primera confrontación entre la Policía y el Gobierno. El 16 de septiembre de ese año la cúpula policial, mediante un comunicado oficial, rechazó el inicio de un juicio político en contra del entonces ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, por haber movilizado a la Policía hacia el Palacio Legislativo para impedir la posesión de nuevos jueces.
La decisión de Robles fue catalogada como una violación a los Derechos Humanos. Sin esperar alguna resolución, dos días después 10 miembros de la cúpula solicitaron la baja.
El comandante de la Policía (e), Milton Andrade, respaldó la decisión de la cúpula y expresó que el enjuiciamiento debería involucrar a los 16.000 uniformados que conforman la institución.
Ante la decisión de enjuiciar a la cúpula institucional, la tropa del Distrito del Guayas anunció una paralización de actividades como forma de respaldo a sus compañeros, lo que motivó el traslado urgente del entonces presidente de la República, León Febres Cordero, hacia Guayaquil, para dialogar con los altos mandos.
Esa decisión calmó los ánimos de la Policía y permitió que la institución ratificara su respaldo al Jefe de Estado y al Ministro de Gobierno.
Una nueva crisis institucional se produjo en julio de 2007. A través de hojas volantes que circulaban entre los miembros de la tropa se evidenció el descontento interno, principalmente, por lo que ellos consideraban como corrupción y el despilfarro de recursos de la institución.
Esos panfletos convocaban al personal a respaldar un paro indefinido que iniciaría el 30 de septiembre de ese año.
En ese momento, el general Bolívar Cisneros estaba al frente de la Comandancia, y con mano dura advirtió a los uniformados que no permitiría la paralización de los servicios.
Ese malestar con el manejo institucional desembocó en un 30-S, que colocó en el debate público la necesidad de mantener una institución de civiles armados para proteger a la ciudadanía.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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