En letras blancas se proyectó, sobre la pared del salón Eloy Alfaro, en el Centro de Convenciones de Guayaquil, el título del documental ‘Violaciones de los derechos humanos en el Ecuador’.
Este video es “el primero de una serie que busca crear conciencia a las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el Ecuador”, dijo una voz masculina que envolvió el rodaje.
El rodaje avanzaba y Lara iba sustentando su tesis. Entre los acontecimientos citó el caso Dayuma (noviembre del 2007). “Correa enfrenta a militares con el pueblo”, apareció escrito al pie de las imágenes. En el filme se escuchan gritos de niños y de mujeres tras la salida de unos uniformados de una vivienda. Luego hace una secuencia de declaraciones que reclamaban reparación de vías y menos contaminación.
Otros casos que Lara identifica como violatorios de los derechos humanos tienen que ver con su política de comunicación. Es decir, la incautación de los canales que pertenecían a los Isaías, la demanda de Correa contra los autores del libro ‘El Gran Hermano’, la incautación de discos duros de la revista Vanguardia. También el “abuso” de las cadenas estatales, el Decreto que obligó a los canales a enlazarse a la señal de Ecuador TV el 30 de septiembre. También está la detención del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, y la demanda del presidente Correa contra diario El Universo.
Además de la locución que hila el documental, también se escuchan las voces de algunos involucrados en estos casos. César Ricaurte, director de Fundamedios, habla sobre la situación de la prensa; Fausto Ortiz, ex ministro de Economía, se refiere a la incautación de los canales de los Isaías; Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, cuestiona el proyecto de Ley de Comunicación.
El filme duró 20 minutos y Lara aprovechó la cobertura para anunciar que esta semana realizará una demanda por la violación de los derechos humanos en el país. El asambleísta dijo que buscará a las instancias internacionales. Sin embargo, el Ministerio de Justicia dijo que las denuncias de Lara carecen de sustento “por la falta de veracidad y distorsión de los hechos”.
Así, dijo que en el caso Dayuma, la queja de la ciudadanía empezó como un pedido para ser atendidos con servicios básicos, pero se transformó en actos que atentan contra las leyes como bloqueo de carreteras y amenazas a instalaciones públicas. Además, el Gobierno ha aclarado que el Ejército actuó después de que sus soldados fueran atacados.
Sobre la incautación de bienes a los ex accionistas de Filanbanco, dijo que este responde a un proceso judicial. Lo mismo sucede en los procesos penales por el 30-S y el caso El Universo, “donde la Función Judicial tomará sus decisiones de forma independiente”.
Fuente: EL COMERCIO*
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