Unos 42 000 miembros de la Policía de Ecuador y los aspirantes a integrar ese cuerpo deberán someterse al detector de mentiras, dentro un plan contra la corrupción anunciado este martes.
"Queremos que con el tiempo todo policía que se incorpore y el que ya está prestando sus servicios pueda pasar por el polígrafo para asegurarnos de su probidad", dijo el jefe del Estado Mayor de la Policía, el general Wilson Alulema, al presentar la estrategia para "depurar" el organismo.
El dispositivo también será aplicado en investigaciones internas, para lo cual se creará un grupo de inteligencia encargado de identificar a agentes corruptos, según el plan diseñado por la jerarquía policial.
La iniciativa incluye un pedido al gobierno sobre reformas legales, que otorgue al alto mando la "facultad discrecional" de desvincular a los uniformados inmersos en delitos.
Esta facultad, que exime a los jefes de justificar los despidos, "va a ser la principal herramienta de depuración", aseguró Alulema, quien previó que la medida generará "descontento" en una parte del personal e implicará un "riesgo para quienes la apliquen".
El oficial lamentó que unos 300 policías destituidos por supuestos hechos de corrupción hayan tenido que ser reincorporados por fallos judiciales. "Esos jueces no entienden la gravedad de sus decisiones", criticó.
Alulema también anunció que a partir de ahora los uniformados tendrán que hacer una declaración de sus bienes y los de sus familiares, la cual "será sometida a análisis permanentes" para detectar posibles enriquecimientos ilícitos.
Asimismo, mencionó un plan de incentivos para los agentes que denuncien a sus compañeros corruptos, el cual consistirá en condecoraciones válidas para lograr ascensos.
El presidente Rafael Correa inició un proceso de modernización de la Policía tras una rebelión de uniformados por reclamos salariales el 30 de septiembre de 2010.
Correa asegura que la sublevación fue instigada por efectivos corruptos en contubernio con opositores políticos para derrocarlo, e incluso denunció la existencia de un grupo paramilitar en el interior del organismo integrado por personal acusado de violar los derechos humanos.
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