Lucio Gutiérrez
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional deberá identificar hasta finales de septiembre a los congresistas que fueron supuestamente responsables de las violaciones de derechos cometidas durante la destitución de los magistrados de la ex Corte Suprema de Justicia y del ex Tribunal Constitucional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez.
En el 2004, los vocales Constitucionales fueron destituidos por el Congreso Nacional con una mayoría cercana al Partido Sociedad Patriótica (PSP).
Ese mismo Congreso, días después, destituyó a los 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ellos presentaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y, tras un litigio de nueve años, el Estado ecuatoriano sufrió un revés jurídico en noviembre del 2013 al ser condenado a pagar una millonaria indemnización por la destitución de los 27 ex jueces y nueve ex vocales constitucionales.
El 14 de julio del 2015, el procurador general del Estado, Diego García, solicitó a la Legislatura que se determine la identidad de los presuntos responsables de las violaciones de derechos que obligó al Estado a pagar USD 15 millones a favor de los demandantes.
Hasta el momento, se han desembolsado USD 12’353.709 y le resta al Estado por pagar USD 3’496.116, que se deberá cancelar hasta el 30 de marzo de 2016.
De acuerdo a los artículos 68 y 69 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional la Asamblea puede identificar a las personas presuntamente responsables de las violaciones de derechos y presentar una demanda para que se reintegren al Estado los recursos entregados por concepto de reparación.
Esto se aplica aunque los funcionarios ya no trabajen para la institución en la cual cometieron dicha violación.
Andino ratificó que será Gabriela Rivadeneira, en su calidad de presidenta, quien presente la demanda una vez que la Comisión establezca a los responsables, entre los que se encuentran ex congresistas del PSP, Partido Social Cristiano y miembros del extinto MPD.
El legislador de Tiempo de Cambio, Luis Fernando Torres, perteneció al Congreso del 2004 pero no apoyó la destitución de dichas autoridades, según sus cálculos, cada uno de los congresistas que se vieron inmiscuidos deberá pagar entre USD 200 y 300 mil.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-repeticion-congreso-luciogutierrez-destitucion.html.
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