Dos camionetas blancas recorren las calles lodosas de sector Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. Siete militares van en cada vehículo y en sus costados se puede leer ‘Control de armas’.

Son vehículos que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) entregó, mediante acuerdo interinstitucional, a la Fuerza Terrestre.

Las camionetas salen todos los días desde el cuartel de la Brigada de Infantería N° 5 Guayas, ubicado a dos kilómetros de la vía Casuarina, la que conduce a Monte Sinaí y a las zonas no consolidadas del noroeste de la urbe.

Una de esas camionetas ingresó la tarde del pasado sábado 7 de abril a la precooperativa Montelindo, aledaña al sector Sergio Toral. Los ocho ocupantes del vehículo, un subteniente, un mayor y seis cabos detuvieron a tres hombres y se los llevaron del lugar.

Los vecinos del barrio dijeron que los militares exigieron los documentos a los tres hombres y los subieron por la fuerza a la camioneta. Ningún fiscal ni ningún policía reportaron o avalaron ese procedimiento.

Los tres hombres, identificados luego como Julio A. de 19 años,
 Pedro C., de 32 y Walter O., de 22, aparecieron un día después, sin vida, tirados en unos arbustos en una guardarraya de la comuna Chongoncito, del cantón Chongón, en la periferia de Guayaquil.

Los ocho militares que participaron de la detención fueron imputados por la Fiscalía como sospechosos de las muertes.

La Fiscalía los vinculó al corroborar que el vehículo en el que se movilizaban efectivamente estuvo en el lugar del triple crimen.

La CSCG, propietaria de los vehículos, lo confirmó a través de los datos de ubicación del GPS que poseen las camionetas.

Los ocho militares permanecen detenidos desde el lunes 16, mientras la Fiscalía investiga su presunta participación en las muertes. El lunes pasado, durante una inspección en el lugar del crimen, agentes de Criminalística hallaron un casquillo de bala.

“La evidencia se cotejará con las armas que utilizaron los militares durante su patrulla”, indicó ayer el fiscal del caso, Julio Vacacela.

El sábado pasado, en un comunicado, FF.AA ofrecieron transparentar “el accionar de su personal en el cumplimiento de control de armas y antidelincuencial”.

La revisión del porte ilegal de armas que ejecuta FF.AA. es parte del plan Control Antidelincuencial en la Ciudad de Guayaquil, en apoyo a la Policía Nacional. Ernesto Gualán, comandante del batallón que ejecuta esas tareas, detalló en la Fiscalía que los patrullajes están organizados en cuatro grupos.

Los uniformados patrullan en tres turnos, desde las 09:00 hasta las 04:00. “Cada comandante de grupo o patrulla recibe las disposiciones claras de cumplir estos operativos con el horario y lugares a patrullar”.

Según el oficial, el decomiso de las armas se ejecuta sin excepción, en personal civil, militar o policial, “pero con la excepción de personal con salvoconducto y en funciones”.

El movimiento de los vehículos debe también quedar registrado con la hora de salida y el kilometraje, según el militar. Sus subalternos vinculados con el triple crimen, sin embargo, habrían omitido registrar el recorrido de aquella tarde.

El Decreto 749 del 6 de mayo del 2011 dispuso que un Consejo Sectorial de Seguridad sea el responsable de las acciones vinculadas al control de armas. Ese organismo lo conforman los ministerios Coordinador de la Seguridad, del Interior, y de Defensa, y la Comandancia de la Policía.

Los patrullajes militares de control de armas en Guayaquil comenzaron en junio del mismo año, y se concentraron en sectores previamente identificados por la Policía como de alto riesgo.

El Comando Conjunto dijo que “el accionar de su personal en el cumplimiento de su misión de control de armas y antidelincuencial se ejecuta en el marco constitucional y legal. En consecuencia, de existir hechos aislados que se alejen de esta misión y estén fuera de la ley, deberán ser minuciosamente investigados hasta llegar a determinar a los responsables”.


Punto de vista

Billy Navarrete / Comité de Defensa de los DD.HH. (CDH)
‘La delincuencia no es un tema de las FF.AA.’

Los organismos de Derechos Humanos hemos cuestionado que las Fuerzas Armadas se dediquen al control de la seguridad interna del país. La delincuencia no es un tema de las FF.AA.; no están capacitadas para ello, su formación se basa en enfrentar a un enemigo, donde la violencia es justificada por la defensa de la soberanía. En Ecuador se ha observado que el uso de la violencia en funcionarios de la fuerza pública ha concluido con ejecuciones extrajudiciales y este fenómeno es totalmente intolerable.


Mauricio Gallardo / Asamblea Permanente de DD.HH. (APDH)
‘El empleo de FF.AA. es un manejo superficial’

El control de militares en ciudades es una solución temporal, evidencia un tratamiento superficial. El Gobierno debe preocuparse por mejorar la educación y la salud, para que exista un desarrollo social. La creación de más fuentes de trabajo también es una forma de incidir en la reducción de la delincuencia. Para luchar contra esta no son necesarios más militares en la calles. En un Estado de derechos, el exceso de violencia por parte de las autoridades debe ser sancionado y reprochado por la sociedad.


Fuente: EL COMERCIO*