El poder político deviene del pueblo por medio del voto popular. Este se divide en tres: el ejecutivo, legislativo y judicial. La teoría del poder corporativo señala que hay tres poderes entre los que incluye a los empresarios. Hoy podríamos hablar del quinto poder, el mediático.La Constitución de la República señala, entre los derechos de los ciudadanos, “buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.
La información es un bien público. Los medios de comunicación, tanto privados como públicos, juegan un papel fundamental en la trasmisión de la información de hechos. Pero, además, sobre todo la prensa y TV tienen opinión mediante sus editoriales y artículos de columnistas, influyendo en la opinión pública. De ahí deviene el poder mediático.
El director del periódico Cundinamarca Democrática (Colombia), Luis Agustín González, acaba de ser sancionado por un Tribunal de Justicia a 18 meses de cárcel y multa de 5.450 dólares, por un editorial contra una ex gobernadora, por el delito de injuria, ya que la opinión de ese diario, según la justicia, lesionó la integridad moral de la ex funcionaria. Todos los ciudadanos tenemos también obligaciones y, entre ellas, está la de respetar la honra, la moral y el buen nombre de las personas.
Cuando se comete un delito, se acude al poder judicial para la denuncia, juicio y sanción del mismo. Nadie puede estar por encima de la ley. Aquí es muy importante la independencia de los tres poderes del Estado. El juicio del Presidente de la República al diario El Universo y a periodistas ha generado consecuencias por la sanción a dicho medio de comunicación y ha sentado precedentes con el perdón de la condena por el Ejecutivo. Como ha señalado el reportero español, Carlos Hermann, que trabajó para dicho diario, los periodistas cuando hacen su trabajo no pueden decir cualquier cosa. Sus afirmaciones deben ser probadas y de ahí la importancia de la responsabilidad ulterior.
El Vicepresidente de la República ha señalado que es hora de virar la página. Hay que aprovechar la discusión del proyecto de Ley de Comunicación para aprender la lección, corregir los errores, limitar los abusos de parte y parte y legislar para señalar los derechos y obligaciones de los medios de comunicación, del Gobierno en relación a los medios, de los periodistas, las organizaciones de prensa internacionales, los medios de comunicación extranjeros; el papel que juega la SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la soberanía nacional.
El proyecto señalado debe especificar cuándo hay errores en la información, debe ser obligatoriamente corregida y, más aún, si se ha violado el buen nombre y la integridad de una persona, por error o mala fe, deben establecerse mecanismos para subsanarlo y las sanciones para limitar los abusos del poder. No puede faltar el código de ética y el defensor del lector.
*Ec. Luis Rosero M.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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