Chone. | Los afectados con las inundaciones de los cantones Bolívar y Tosagua plantearán en los próximos días una demanda al Estado ecuatoriano para que se investigue a los responsables del supuesto mal manejo de la represa La Esperanza.
Con esa acción buscan ser indemnizados por todas las pérdidas que han sufrido innumerables familias.
El presidente del Frente Cívico de los afectados, David Sabando explicó que básicamente están reclamando a las personas que sean responsables de la operación de la represa, porque se causó un daño económico, infraestructura y moral porque en 10 días descargaron tanta agua que el río no soportó su caudal y tuvo que desbordarse.
Señaló que Calceta estuvo nueve días en agua, colapsado totalmente sus servicios básicos y en vista que nadie reaccionaba se conformó el frente cívico y están proponiendo que alguien se responsabilice por los daños causados.
“Conocemos que Senagua (Secretaria Nacional del Agua) es la que administra la presa, pero hasta el día de hoy hemos tenido la oportunidad de tener un representante reunidos con nosotros para darnos un soporte técnico, por lo menos decirnos qué paso”, aseguró.
Agregó que no perdonan que ahora se quiera decir que todo ha estado bien, bajo control y que ha sido técnicamente manejado. Como comité están preparando una comisión técnica para poder cuantificar los daños
ocasionados. “Nosotros aceptamos el invierno, pero no aceptamos la irresponsabilidad con que ha venido manejando la represa”.
Comprometido con la ciudadanía
Según Sabando, el Frente Cívico se ha comprometido con la ciudadanía para darle una salida a este mal causado y pedirán pedirle al Estado que busque los responsables y posteriormente la indemnización por los daños ocasionados a la propiedad privada a la vida humana, porque hubo gente que hasta tres días no pudo dormir y los encargados de la represa nunca brindaron un informe lo que realmente estaba sucediendo.
Sabando argumentó que llegaran donde el presidente, Rafael Correa para que conozca la realidad de las operaciones de la represa que en mucho tiempo estuvo abandonada y hay testigos. Se cruzaba sin ningún problema por encima del muro e incluso hubo un robo de cables que sobraron de la construcción del sistema de riego y nadie daba explicación.
Añadió que tienen elaborada una propuesta para llevarle al presidente. Pedir una investigación a la empresa que administra la represa. Que se delegue una comisión técnica para que investigue los daños ocasionados por la mala operación y se tomen inmediatamente acciones legales contra las personas que han ocasionado este mal.
El lunes inicia censo
El dirigente explicó que el lunes iniciarán un censo con 10 brigadas. Han solicitado a la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí (Espam) faciliten técnicos de pecuaria, agrícola, ambiental, civil y otros para cuantificar los daños ocasionados por las inundaciones para poder constatar las pérdidas reales y plantear la demanda al Estado.
Por ahora solamente manejan estimaciones. Existirían unas 30.000 a 35.000 familias damnificadas, pero no quieren especular con los cálculos, sino tener cálculos reales. El censo estaría en cinco días. La gente será censada y pondrá su rubrica de responsabilidad. Además de las evidencias como fotografía y videos.
Fuente: LA HORA*
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