El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) nunca antes había contado con un presupuesto como el actual. Aún así, el Ministerio del Ambiente tiene una deuda pendiente en cuanto a planes de manejo.Área
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Karla Pesantes P. / Rafael Valdez M.
En la Reserva Faunística Cuyabeno, provincia de Sucumbíos, se levantan árboles que sobrepasan los 30 metros y cuyas raíces nacen al pie de la laguna de igual nombre. Las ramas y troncos se reflejan en el agua y en sus copas habitan decenas de nidos. Son árboles gigantes que nunca dejan su verdor y que son acompañados por más de 1.300 especies.
Cerca del Cuyabeno, en la zona central del país (a 60 kilómetros de Ambato) se ubica el Parque Nacional Llanganates. Sus 219.707 hectáreas albergan 800 especies de plantas vasculares, algunas endémicas en la región andina. Del Llanganates, que en lengua indígena significa Cerro Hermoso, nacen varios ríos que forman el Pastaza y Napo.
Ambos ecosistemas desbordan vida y ante ello fueron declarados Áreas Protegidas por el Estado en 1979 y 1996. Ninguno tiene un Plan de Manejo vigente, documento que establece control y administración sustentable de un área protegida. La ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, sostiene que las áreas protegidas que no tienen Plan de Manejo ya están en proceso de gestión y aquellas con planes muy antiguos se están actualizando. Aunque esos documentos no están disponibles en la página web del MAE.
Al igual que la Reserva de Cuyabeno y el Parque Nacional Llanganates, hay 10 áreas protegidas con planes desactualizados. Una radiografía al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) muestra que si bien se han priorizado varias zonas y la inversión al SNAP ha aumentado, existen áreas cuya protección es una interrogante.
Un Plan de Manejo es similar a la biblia de las áreas protegidas, de acuerdo con el biólogo Roberto Ulloa de Conservación Internacional. “En un mundo ideal sería importantísimo que todas las áreas cuenten con su Plan de Manejo actualizado porque les permite una mejor gestión y recaudar fondos. En la práctica existen muchas limitaciones”, agrega.
La propia Ministra del Ambiente reconoce que estos documentos de cientos de páginas y una vigencia de cinco años son necesarios para establecer una zonificación del área y permitir o prohibir ciertas actividades de explotación de recursos. Datos de la página web del MAE muestran que 11 áreas no cuentan con este tipo de manual. Dos de ellas, la Reserva Biológica Cerro Plateado y Parque Samanes, son áreas declaradas protegidas durante la presente administración, y cuyo plazo para la aprobación de un Plan de Manejo (180 días) está expirado.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue creado en 1976, con el propósito de preservar la biodiversidad y acervo histórico cultural del país. Pero las primeras acciones de conservación se remontan a 1936 cuando se declaró al Archipiélago de Galápagos como área protegida.
En total, la gestión de Aguiñaga ha creado 12 nuevas áreas protegidas, llegando a 47 los ecosistemas que integran el SNAP; es decir un 19,7 por ciento del territorio continental ecuatoriano es protegido bajo esta categoría de conservación. En el papel, el gobierno actual es el que más áreas ha decretado en conservación, en hectáreas representa el 1,1 por ciento de la superficie protegida en Ecuador.
Para la catedrática de la Universidad Espíritu Santo, Nancy Hilgert, gracias a la gestión de este Ministerio, “las áreas protegidas están de jando de ser protegidas solamente en el papel para ser protegidas efectivamente. La autoridad ambiental se hace notar. Uno de los factores que admiro en la actual administración es su poder de negociación. La Ministra Aguiñaga tiene un equipo de gente con una visión empresarial que ha conseguido cosas que personas con visión de conservación no lo han hecho”, afirma Hilgert, quien trabajó en la anterior gestión del MAE.
Pacoche y Quimsacocha
La Convención de la Biodiversidad Biológica Internacional aconseja que al menos el 10 por ciento del territorio deba conservarse, bajo ese parámetro el MAE pasa el examen porque tiene casi el doble. Aunque para el biólogo Jaime Camacho, el que tenga mayores declaratorias no los hace eficientes puesto que existen ecosistemas sobreprotegidos como los páramos, y otros olvidados como los bosques montañosos.
Mientras que para Alexandra Almeida, del colectivo Acción Ecológica, las declaratorias de áreas protegidas en el país son decisiones políticas, con intereses de por medio y obedeciendo a coyunturas. “Esto no es un asunto cuantitativo, está bien que declaren áreas en protección siempre que sigan un Plan de Manejo y que se vigile el cumplimiento del plan”, agrega Almeida.
Muchas veces las declaratorias vienen acompañadas por un momento de oportunidad, como sucedió con la Reserva de Vida Silvestre Marino Costero de Pacoche en 2010. Pacoche es un ecosistema de bosque seco y húmedo de 13.630 hectáreas y ubicado a 20 minutos de Manta. En uno de sus senderos se observan plantaciones de caña y paja toquilla.
Además hasta la playa de San Lorenzo, parte de la Reserva, llegan a anidar las tortugas marinas carey. En el Plan de Manejo de Pacoche se identificaron 331 especies de plantas nativas, 20 con algún grado de extinción. A 10 kilómetros del bosque Pacoche también se levanta la Refinería del Pacífico, precisamente en el Aromo.
Cuando empezó la construcción de la mega obra los pobladores de la zona protestaron por la contaminación que podría causar la quema de petroquímicos. “Para evitar esa oposición, la maniobra fue declarar reserva a Pacoche por la coyuntura de la refinería”, dice Almeida de Acción Ecológica. El biólogo Xavier Chalén no niega que la declaración de Pacoche se vio impulsada por la instancia política en torno a la refinería, “se aprovechó el momento y no es que la refinería es el sitio a conservar, más bien ésta escogió un sitio donde cerca existe mucha biodiversidad”.
Otra instancia de oportunidad es la creación del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, declarada así a finales de enero. Cerca de Quimsacocha (zona ubicada a 90 minutos de Cuenca) se planea el proyecto minero de Iam Gold. Antes la concesión minera era de 12 mil hectáreas, pero en 2008 por la presión de los pobladores se revirtieron 3.200 hectáreas, las cuales hoy forman el área protegida.
Esta decisión no satisface a la Unión de Sistema Comunitarios de Agua del Azuay, quienes estiman que la explotación minera afectará el ecosistema del área y sus lagunas. La zona posee decenas de pajonales, que absorben como una esponja el CO2 y lo transforma en agua, y que al fluir alimenta lagunas, quebradas y ríos de Cuenca y poblaciones aledañas.
Mayor inversión…
Otra de las aristas en la radiografía del SNAP es el dinero destinado a inversión y gasto corriente. Por inversión se entiende el desarrollo de infraestructura, investigación científica y turismo sustentable. Mientras que el gasto corriente corresponde a pago de sueldos de guardabosques y personal que trabajan en áreas protegidas.
En un análisis sobre las Necesidades de Financiamiento del SNAP, realizado en 2005 por el MAE, se determinó que en ese entonces las 31 áreas protegidas continentales requerían anualmente de 6,2 millones de dólares para solventar un escenario básico o de gasto corriente. Mientras que 12 millones para cubrir un escenario integral o de inversión.
Acogiendo las recomendaciones del estudio, el MAE elaboró un Plan Estratégico del SNAP 2007-2014 donde se establecía como meta hasta 2012 cubrir al menos el escenario básico de administración y manejo del SNAP.
En 2009, el presupuesto del SNAP alcanzó los 2,8 millones de dólares, hasta el año pasado el gasto corriente ascendía a igual cantidad. Pero la ministra Aguiñaga recalca que en dos años (2010 y 2011) se han invertido más de 6,5 millones de dólares adicionales en obras de infraestructura turística donde es posible un turismo sustentable.
La ambientalista y catedrática de la Universidad Casa Grande, Deborah Chiriboga, considera que lo hecho por el MAE en el SNAP es gastar y no invertir. “La gestión ambiental se ha ampliado, pero superficialmente. No se justifica la cantidad de dinero que ha tenido este Gobierno con la lentitud y la forma en que se ha manejado el tema ambiental”, acota. Según ella, este Gobierno se vende como ‘verde’ porque es un adjetivo que favorece su imagen y lo utiliza para atraer votantes en períodos electorales.
Si bien ha aumentado el presupuesto destinado al SNAP, éste aún no alcanza a cubrir el escenario integral. Igual ocurre con el número de guardabosques llamados a resguardar las 47 áreas protegidas. Al momento existen 250 guardabosques. El Estudio de Necesidades de Financiamiento establece que el escenario básico de control requiere de 586 personas.
Según Santiago Silva del Fondo Ambiental Nacional, el déficit de guardabosques por hectárea persiste. Aclara que la contratación de personal debe ser una prioridad, mucho más luego de que en enero se decretó gratuita la entrada a las áreas protegidas. “No creo que se tenga que subsidiar la tasa de visitas a los extranjeros, para los turistas nacionales es una iniciativa interesante siempre que se controle el cupo tomando en cuenta que no hay suficientes guardabosques”, añade.
La ecóloga urbana Nancy Hilgert insiste en que varias de las estrategias de conservación de áreas protegidas se han venido trabajando desde hace años. La ventaja que ha tenido este Ministerio es concretar esas propuestas y conseguir financiamiento porque ahora, según ella, sí hay decisión política.
¿Cómo me afecta?
Un área es declarada protegida debido a su riqueza invaluable en biodiversidad, además de su valor cultural para un pueblo. En cuanto a servicios ambientales, las áreas protegidas son fuente de generación de agua, oxígeno y turismo sustentable. Por tanto, la deforestación de los bosques, la sustitución de los pajonales por otros cultivos más rentables, o la contaminación en basura debido a un turismo descontrolado alteran gravemente el ecosistema de las áreas protegidas, afectando la calidad de aire que respira y el agua que consume.
Prioridad marino costera
La Declaración de Johannesburgo sobre conservación y uso sustentable de la biodiversidad, firmada en 2002, recomienda que al menos un 10 por ciento del territorio marino nacional esté protegido. De acuerdo con el biólogo Xavier Chalén de Conservación Internacional, el Ministerio del Ambiente recoge esta recomendación al crear el subsistema de Red de Áreas Protegidas Marinas y Costeras. Son 15 zonas, de las 47 áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que reciben especial atención y fondos de organismos de cooperación.
Trece se localizan en la zona marina y costera de Ecuador continental y dos áreas en el Archipiélago de Galápagos. Bajo la premisa de priorizar la conservación del ecosistema marino, el MAE desde 2007 ha incorporado 123.434 hectáreas de superficie marina al SNAP. La más reciente es el Área de Recreación Playas de Villamil.
Fuente: VISTAZO*
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