El presidente Rafael Correa dijo ayer que la desvinculación de empleados públicos “es fruto de meses de investigación” al referirse a supuestos actos de corrupción.
En los hospitales se infiltró inteligencia policial, informó el mandatario, quien contó que había empleados “que no querían trabajar las horas completas, que marcaban tarjeta y se iban a trabajar en otro lado, que trataban mal a los pacientes”.
“Vi en televisión a un cardiólogo decir que era el mejor. Si es tan bueno seguro conseguirá trabajo en otro lado, cual es el afán de estar en el servicio público”, se preguntó.
Y agregó que “si se ha cometido algún error con gusto se puede revisar”.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, durante una cadena nacional transmitida el pasado lunes, indicó que la desvinculación de los servidores se dio por distintos factores, entre ellos, porque cumplen la edad para jubilarse, sus cargos no eran necesarios y formaban parte del abultamiento del Estado. Y en algunos casos porque los empleados estaban en “actitudes de corrupción o por negligencia e ineficiencia, lo cual perjudicaba al sector”.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, dijo que los servidores públicos que “impiden brindar un buen servicio a la ciudadanía, esos han sido desvinculados”. Y que para ello se realizó un análisis.
“Lamentablemente los que no están con la ética de responsabilidad y comportamiento de servicio a la ciudadanía han salido”, aclaró en declaraciones a Teleamazonas.
Por ello, dijo que la indemnización de $ 39.600 (150 remuneraciones básicas unificadas), que es el tope que se ha entregado a los 2.700 despedidos, es “totalmente legal”.
Hasta el viernes pasado se notificó con las renuncias obligadas a 2.000 trabajadores de los ministerios de Salud, Interior, Vivienda, Transporte, Agricultura, Relaciones Laborales y Recursos Naturales No Renovables, así como de varios organismos estatales como Rehabilitación Social.
Entre el lunes y ayer se notificaron a 700 más. Y antes del fin del 2011 serán cesados otros mil empleados.
Actualmente el Estado cuenta con 470.000 trabajadores.
“Hay un alto porcentaje de puestos que no van a ser llenados porque no se los necesita”, expresó Espinosa.
El ministro aseguró que se ha aplicado la Ley Orgánica del Servicio Público que en su artículo 47, literal K, dice que “una de las causales de cesación de funciones es por compra de renuncias con indemnización”.
Por ello, dijo, es una medida legal y responsable en búsqueda de obtener un servicio público eficiente que por décadas lo hemos estado esperando.
Insistió en que los reemplazos se llenarán a través de un concurso de méritos que será público. Para ello se habilitó la web socioempleo.gob.ec donde se realizará la convocatoria.
Ambos ministros coincidieron en que habrá vacantes que no serán llenadas, porque no son necesarias, pero que se dará preferencia a personas jóvenes, mujeres y se respetará la cuota de las personas discapacitadas y la diversidad étnica.
Mientras, ayer siguieron los despidos en otras dependencias públicas en Guayaquil como el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, y una vez concluido el feriado que se inicia hoy se espera que el régimen termine con la entrega de notificaciones para completar las 2.700.
En el hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al suroeste de la ciudad, los pacientes de consulta externa no fueron atendidos en su mayoría y tendrán que esperar hasta la primera semana de enero del 2012 para acudir nuevamente a esa casa de salud a ver si se han colocado los reemplazos.
Fuente: EL UNIVERSO*
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