No me cansaré de decirlo: guacharnaco y tropical. Y tan al alcance de todos. Escuchen a Betty Carrillo y Cynthia Viteri discutir en la Asamblea. Esa es la calidad del debate por el cual votamos. Inevitablemente nos remitimos al debate digital. No me refiero a las diatribas de 140 caracteres.
En La República, Carlos Andrés Vera escribe: “La cadena sí miente, Rafa”. Una elocuente y fundamentada opinión que tiene como corolario la renuncia de la inmunidad del Presidente como respuesta a “@MashiRafael: Propongo: político que no pueda probar una acusación, inmediatamente destituido o inhabilitado, pero lo mismo para los medios”.
Elocuente y fundamentada no significa infalible. No puede haber libertad de expresión cuando una injuria es penada con 40 millones y tres años de cárcel. De acuerdo. Pero vamos, Carlos, no creo que el juicio contra Palacio sea por un párrafo contra un “sensible Rafa”. Y creo que todos hemos llegado a entender que va más allá de eso, ¿verdad? Va más allá de los 40 millones (injustificados), va más allá de los tres años de cárcel (injustificados), va más allá de una prensa despótica (injustificada). Porque siempre termino por preguntarme si antes de @MashiRafael existía libertad de expresión. Si aquel que ahora no tiene voz en un medio, antes sí la tenía. Si los que antes eran efectivamente representados y defendidos por la prensa, ahora no lo son. Es decir, si para los “más” ha cambiado en algo su situación. Porque si es un conflicto de los “menos”, no es más que una pugna de poder.
Y guardar silencio es también una forma de opinión. Muy cierto. Puede que cuando un periodista no responda a un medio público esté diciendo que no cree en ellos. Totalmente aceptable. Y cuando un gobierno decide no enviar a sus ministros a dar entrevista a los medios privados, cuando decide callar ante las cámaras de los que fueron los “innegables” del periodismo político, cuando decide guardar silencio, también es una forma de opinión. El Gobierno está diciendo que no cree en ellos. Y el Gobierno fue estigmatizado por la prensa, Carlos. Pensaría que la misma prensa sería la primera en criticar la actitud de los silenciosos.
Que Gustavo Lemus no esté vinculado a Fundamedios es una posibilidad. No voy a poner las manos al fuego por nadie. Ahí sí, cada quien su santo. Y estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que una foto de Cornejo y Lemus juntos no prueba nada. Ninguna foto de dos personas juntas prueba algo. Ninguna. ¿Te acuerdas de las primeras planas de El Comercio, de El Universo, de La República, con las fotos de @MashiRafael con aquel y las de Alambert con aquel otro y los murmureos disfrazados de acusaciones y prevaricato y manos en la justicia y concentraciones de poder? Es la misma lógica, Carlos. Entonces, con esa astucia con la que puedes publicar que la cadena sí miente, espero que publiques que la prensa sí miente. Y renunciamos todos, o no renuncia nadie.
Por: Sebastián Vallejo
Fuente: EL TELÉGRAFO*
La cadena sí miente, Rafa.
Hay una nueva obra maestra en Youtube: “Lo que se le olvidó decir a Fundamedios en la CIDH”. Ríase para no llorar:
Luego de verlo, la SECOM se lleva el premio a crear falacias y sofismas que desvíen la atención de los temas de fondo. El tema de fondo acá es si en Ecuador el Estado garantiza la libertad de expresión. Alrededor de eso gira la demanda en la CIDH. Pero para la SECOM, los temas de fondo son otros, como quién financia a Fundamedios. Y para desprestigiar a Fundamedios, acuden a la falacia y el doble discurso. Veamos:
La primera parte del video se sustenta en que Fundamedios no ha protestado por otras supuestas agresiones a periodistas: la incursión de un grupo de ciudadanos a ECTV el 30-S, una periodista de Radio Carrusel agredida, los adjetivos de “fascista” que Emilio Palacio le dedicó a un periodista de ECTV, una amenaza y agresión a Elena Rodríguez (Telesur) y dos juicios: uno a María Isabel Cevallos y otro a Carlos Ochoa. El locutor cierra con una joya: “De todos estos casos de evidente agresión, ni una sola palabra (de Fundamedios)”. Es decir, el gobierno considera “evidente agresión” no solo las amenazas y agresiones físicas, sino también los juicios (como el de Ochoa y Cevallos) y los adjetivos calificativos (como el de Emilio Palacio). ¡Bingo!
La moral de los #minimashis queda al descubierto: para el gobierno, si un ciudadano enjuicia a un periodista (de sus medios, obviamente) o lo insulta, es “evidente agresión”. Pero Correa sí puede impulsar juicios que lo hagan multimillonario y puede insultar a quien quiera como ha hecho durante cinco años. Su canciller y segunda voz de parranda, Ricardo Patiño, lo expuso así en la audiencia en la CIDH: “Tomamos la palabra, y comenzamos a contrastar las versiones y argumentos de los medios empresariales con nuestras versiones y argumentos; y con las de otros. Creemos que desenmascarar sus intereses corporativos ayuda a prevenir también sus excesos; así como el sentido real de sus apelaciones a la democracia y a las libertades”. Algo no me cuadra: el derecho cambia según quien lo ejerza: si lo hace alguien afín al gobierno, es válido porque se está respondiendo a “intereses corporativos”. En cambio, denunciar al Estado por lo mismo que el gobierno considera evidente agresión, es tratar de “hacer quedar mal al país a nivel internacional para defender intereses privados”, como dijo Rafa al referirse a la audiencia. Buena. Clap clap.
Hay algo más absurdo: para la SECOM una agresión de un ciudadano es comparable con la agresión como política de Estado. En todos los casos que cita el video oficial, las agresiones a periodistas, todas repudiables, tienen a ciudadanos como protagonistas: un periodista que ofende a otro, un ciudadano que amenaza a un periodista, un grupo de ciudadanos que irrumpen en un canal, un ciudadano que demanda a un periodista. Eso no es comparable con las agresiones desde el poder. Una agresión que debe resolverse puntualmente (como un ciudadano golpeando a un periodista) no es igual a una agresión constante desde todo el aparato del Estado. Ya hemos visto cómo el declarado jefe de todos los poderes del Estado emplea recursos públicos para atacar a Diario el Universo por un juicio personal. Lo hemos visto emplear recursos públicos contra una empresa gigantesca como El Universo o contra ciudadanos comunes, como Irma Parra. Son casi cinco años ya donde la política oficial es descalificar a cualquiera que cuestione al poder, al margen de sus argumentos y procedencia: son capaces de descalificar hasta a sus amigos, como Alberto Acosta, la Ruptura de los 25 o Gustavo Larrea, con recursos públicos. Lo que afirmó Patiño entonces en la CIDH es falso: el gobierno no responde, ataca (falacia ad hominem). La cadena que analizo en este artículo es un ejemplo más: el fin es descalificar a Fundamedios, no demostrar que en Ecuador el Estado garantiza la libertad de expresión, que es el tema por el cual el Estado está en el banquillo de los acusados. Por salud mental, es necesario que sepamos diferenciar entre la agresión personal a un periodista y la agresión como política de Estado. El primer caso es repudiable y debe ser sancionado. El segundo, un verdadero atentado a la Libertad de Expresión.
Y es que no puede haber libertad de expresión cuando una injuria es penada con 40 millones y tres años de cárcel. Resulta asombroso que los policías responsables de las muertes del 30-S reciban sentencias menores o no reciban ninguna sentencia y que un periodista y un medio deban quebrar y sus representantes ir a la cárcel por un párrafo que en nada afectó la imagen del sensible Rafa.
El castigo no tiene ninguna proporción al daño. Rafa afirma que su honra no tiene precio y que le han quitado su honor. Su honor es tan frágil que se cae con la injuria de un periodista al cual él no le da ninguna credibilidad. Mi honor no tiene precio, pero me conformo con 40 millones. ¡Ja! Para Rafa es más importante silenciar la voz de un periodista y recuperar su honor perdido que dar con un asesino. Lo demuestra en su eficacia para cercar a los medios de comunicación y periodistas que lo cuestionan mientras al mismo tiempo es absolutamente incapaz de crear una política integral de seguridad, que va tomándole casi cinco años. Ahí se revelan sus prioridades: cinco años son insuficientes para una política integral, pero sobran para convertirse en el ciudadano que más medios controla en el país, ya que los medios de los Isaías pasaron al Estado y hoy se subordinan a él, como a él se subordinan los medios públicos. (Pásenle el dato a Patiño, que dijo en la CIDH que el grupo Isaías y el grupo Egas tenían medios: mentira, los incautaron en el primer caso y los vendieron en el segundo).
No puede haber libertad de expresión si luego de realizar una investigación que no ha podido ser refutada como es el caso del libro Gran Hermano, los periodistas deben pagar 10 millones a quien ha construido buena parte de su patrimonio a base de demandas porque se siente ofendido, cuando fue su hermano el que lo ofendió a él y a todo el país por tener contratos ilegales por más de 500 millones con el Estado. Mi hermano: que siga no más porque mi mamá sufre mucho y no vale que yo lo demande. El periodista: que aporte a mi patrimonio. Esos son los temas que no puede responder el gobierno ni la SECOM. Literalmente, no pueden hacerlo.
Más adelante, en el video se insinúa que los periodistas que acudieron a la CIDH como Zurita y Calderón coartan la libertad de expresión al negarse a dar declaraciones a medios públicos. ¿Desde cuándo guardar silencio es coartar la libertad de expresión? El silencio es un derecho tan importante como el derecho a dar una opinión. De hecho, el silencio puede ser una forma de opinión. Los periodistas están diciendo a los medios públicos que no creen en ellos, que no confían en su trabajo y por eso no les hablan.
Esa es la opinión que esconde ese silencio y es la SECOM quien no respeta esa opinión y procede al ataque. Le pregunté a Fernando Alvarado sobre eso en twitter y guardó silencio. ¿Está por eso Fernando Alvarado coartando mi libertad de expresión? Claro que no. Afortunadamente, respondió un funcionario de la SECOM, Roberto Wohlgemuth (@MashiRoberto). Su visión de los periodistas que no hablan con medios públicos fue la siguiente: “atenta a la libre información… los que dicen defender la libertad de expresión.” ¡Peor aún! Mejor guardaba silencio, #minimashi. Para este funcionario de la SECOM, la libre información es sinónimo de medios públicos y atentar contra ella es apegarse al derecho individual de guardar silencio. Ni Roberto ni su jefe Fernando respondieron a la más simple de mis preguntas: ¿“Cómo guardar silencio atenta contra la libertad de expresión?”. Estas son las mentes lúcidas atrás de las cadenas. Y los que en este mismo instante van imponiendo su ley de comunicación.
Y en la virulencia, doble discurso y falacias de su ataque, la cadena también miente. La voz oficial del gobierno se refiere a Gustavo Lemus en estos términos: “El tristemente célebre Gustavo Lemus, queriendo hablar de DDHH con el apoyo de Fundamedios… Pero para Fundamedios, este personaje es tan valeroso que lo tuvo en la OEA y en la sede de los Derechos Humanos”. Falso: La presencia de Gustavo Lemus en la audiencia no se dio con ningún apoyo de Fundamedios, ni Fundamedios “lo tuvo” en la CIDH, ni como invitado, ni como parte de los peticionarios. Quienes se acreditaron como peticionarios fueron Fundamedios (Cesar Ricaurte), la AEDEP (Diego Cornejo), Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Diario el Universo (Mónica Almeida) y el Centro de DDHH de la Universidad de Notre Damme. Si Gustavo Lemus, ex funcionario de este gobierno en Miami en el Banco del Pacífico, entró a la audiencia, fue porque la audiencia es pública y cualquiera puede entrar. Si luego sacaron una foto de él con Diego Cornejo, no prueba nada. De la misma manera que no prueba nada la imagen de la misma cadena donde Gustavo Lemus da declaraciones junto a Fernando Alvarado.
Y a propósito de esa mentira, cito palabras de Rafa publicadas en diario El Telégrafo: “Hoy nos dicen que con cadenas nacionales para decir la verdad, estamos persiguiendo, intimidando a aquellos que fueron a denunciar al Gobierno a Washington. Que nos digan si estamos mintiendo, me despojo en este momento de cualquier inmunidad que pueda tener como Presidente de la República, para que me pongan los juicios que quieran si estamos mintiendo en esas cadenas”. Y cito también uno de sus twits bumerang: “Propongo: político que no pueda probar una acusación, inmediatamente destituido o inhabilitado, pero lo mismo para los medios” .
Probada la mentira, Rafa. Fundamedios nada tiene que ver con Gustavo Lemus y su cadena los ha vinculado maliciosamente. Ya que Ud. perdió el honor y lo recuperará solo cuando le paguen 40 millones, veamos si le queda la palabra: mintió, renuncie a su inmunidad.
Por: Carlos Andrés Vera
Fuente: LA REPÚBLICA*
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