Las 24 provincias deben contar con un listado de los más buscados. A Guayas se le permitió que incluya a diez.
En afiches pegados en las calles, en vallas publicitarias o en el parabrisas posterior de un bus. Los rostros de diez de los supuestos delincuentes más peligrosos del país aparecen de forma ficticia en un spot publicitario que desde el 15 de julio pasado se transmite por los medios de comunicación nacionales.
El Ministerio del Interior inició la campaña de promoción de este plan que consiste en entregar un incentivo económico (entre $ 5.000 y $ 20.000) a personas que den información “fidedigna y confidencial” que conlleve a la captura de estos presuntos delincuentes.
Aunque fuentes policiales aseguran que siguen un protocolo técnico para integrar las listas, se han registrado errores como colocar a un muerto o a otro que ya estaba detenido.
Aquello ocurrió en julio pasado cuando después de que la Policía hiciera público el listado de los diez más buscados del país, se percataron de que Cristóbal Colorado, uno de los incluidos, había sido asesinado dos meses antes en un burdel de Esmeraldas, por lo que fue retirado de la nómina.
Servidores judiciales refieren que estos errores se presentan por la falta de coordinación con la Función Judicial. Lo mismo ha ocurrido en las listas de los más buscados en provincias.
En El Oro, por ejemplo, se colocó hace tres semanas como el primer más buscado a Franklin Jiménez Ramírez, alias Ricuchu, de 35 años, quien según los registros de la Corte de Justicia de Machala había sido detenido en diciembre del 2010 en Guayaquil por el delito de robo y está siendo juzgado por asesinato.
Incluso, el pasado 17 de agosto, el Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro condenó a Jiménez con una pena de 20 años de reclusión mayor por el delito de asesinato, pero la defensa de Jiménez apeló ante la Primera Sala Penal de la Corte de Justicia de Machala. La audiencia para resolver este recurso se cumplió el pasado lunes y los miembros de la Sala Penal deben pronunciarse en los próximos días.
A estos errores se suman cuestionamientos de organismos de derechos humanos y de expertos en seguridad en torno a los parámetros analizados para integrar los listados.
Comandantes policiales coinciden en que el Ministerio del Interior dispuso que la Policía Judicial junto con el gobernador sean los encargados de elaborar estos listados con unos 5 más buscados en cada una de las 24 provincias del país. Estas listas provinciales estarían integradas con unos 125 imputados por diversos delitos, según información publicada en la página web del Ministerio del Interior.
A estas nóminas provinciales se añaden “los 36 delincuentes más buscados” que integran una lista nacional. Aunque en los spots promocionales solo aparecen diez; el ministro del Interior, José Serrano, ha reiterado en entrevistas que esa decena se irá depurando a medida que se concreten las detenciones. Tras casi cuatro meses desde que se inició esta campaña, se han capturado a nueve de estos 36.
Daniel Adler, experto internacional en seguridad y asesor del Ministerio de Seguridad del gobierno de Argentina, califica como “anormal” que exista una nómina de los más buscados tan abultada. Dice que en el país la lista de los más buscados estaría conformada por 318 presuntos delincuentes. “Tengo informantes internos que no puedo revelar. Lo afirmo yo y lo puedo respaldar si algún comandante pregunta.
Hoy, 27 de octubre del 2010 (día cuando se realizó la entrevista), son 318 los más buscados y el índice de captura es extremadamente bajo, si llega al 10% es un milagro”, refiere Adler, quien considera que los parámetros para conformar este tipo de nóminas deben ser en función del nivel de peligrosidad del imputado.
Uno de los requisitos que deben cumplir para calificar sobre cien puntos a quienes integran esta nómina, consiste en que los acusados afronten un proceso de instrucción fiscal en el que se haya emitido al menos una boleta de captura, según concuerdan comandantes policiales.
Luego se analizan otros factores como la saña con que el acusado comete algún delito como asesinatos; si el detenido se ha fugado de algún centro penitenciario del país; y por último, la recurrencia de los delitos (violadores en serie, asaltantes de bancos o narcotraficantes).
Rommel Castro, jefe de la Policía Judicial de Manabí, donde hasta el viernes pasado aún no se divulgaba de forma oficial el listado de los más buscados, adelanta que hay alrededor de 19 presuntos delincuentes que han sido incluidos en coordinación con la gobernadora, Susana Dueñas, y la Intendencia de Policía. Aunque el Comando Cantonal de Manta, en esta provincia, ya tiene una nómina en su página web.
Las listas se elaboran pese a que jueces penales de la Corte de Justicia de Guayaquil, quienes prefirieron la reserva de su nombre, coinciden en que incluir a una persona en la nómina de los más buscados, sin que exista una sentencia en firme en su contra, se contrapone a lo establecido en el numeral dos del art. 76 de la Constitución que dice: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”.
Uno de estos jueces agrega que la nómina debería realizarse en coordinación con la Función Judicial, ya que alguien que no ha sido detenido por la Policía podría afrontar varios procesos en firme, sin que estos antecedentes estén registrados en la Policía Judicial.
Como ejemplo mencionan el caso de Fernando Peña, quien enfrenta un juicio por ser el supuesto responsable del asesinato con un disparo de Joffre Guzmán, en un hecho ocurrido el 29 de mayo del 2008, en un barrio del suroeste de Guayaquil.
Uno de los testigos que en el proceso identifica a Peña como el autor de este crimen, lo califica como alguien “violento”.
Peña no aparece entre los diez más buscados del Guayas, pero sí está Roberto Campos Crespo, acusado de matar a martillazos a su exnovia, María Fernanda Fernández, en un departamento ubicado en Lomas de Urdesa de Guayaquil, en un hecho ocurrido el pasado 4 de octubre.
Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, cuestiona que se incluya entre los más buscados a personas vinculadas en crímenes pasionales que dice él, no necesariamente representan un peligro alto para la sociedad.
“No todos son personas altamente peligrosas”, asevera Navarrete, refiriéndose principalmente a los casos de “feminicidio”. En el caso de Guayas, también se incluyó entre los diez más buscados a Jhonny Piguave Pérez, acusado de asesinar a su esposa el 5 de junio del 2010 en el suburbio de Guayaquil.
Este activista de derechos humanos critica también que actores políticos como los gobernadores participen en la conformación de estos listados, lo que implicaría que se incluya como más buscados a los involucrados en delitos que más han trascendido en la prensa por las circunstancias de ciertos hechos. “Las autoridades políticas tienen otros intereses con los que examinan estos hechos, hay un desenfoque por la necesidad de mantener una respuesta estatal a través de mecanismos que no son suficientemente técnicos”, asegura Navarrete.
Otra crítica se centra en la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de los llamados informantes. Ya hay antecedentes al respecto. En Esmeraldas se investiga si el asesinato de José Cipriano Valencia, ocurrido el 2 de octubre pasado, tiene vinculación con la detención horas antes de Holmer Cortez, alias Negro Holmer, el sexto de los más buscados.
Mientras que el 14 de julio pasado fue asesinado Julio Pérez López, de 28 años. Él fue baleado por desconocidos cuando estaba dentro de su vivienda situada en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Vecinos del fallecido concuerdan en que su muerte se dio por represalias, debido a que Pérez habría delatado ante la Policía a un conocido vendedor de drogas de esta zona. “Esto podría ocurrir con algún informante de este plan de los más buscados.
Si alguien se atreve a decir la ubicación de uno de ellos hay el temor de que la misma policía nos delate”, dice Luis Gómez, vicepresidente de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador.
Ante ello, Nelsa Curbelo, directora de la organización no gubernamental Ser Paz, afirma que con este tipo de planes se apela a que los mismos delincuentes se delaten entre sí. “Ninguno de la comunidad va a denunciar nada. Los mismos delincuentes son los que saben dónde están los otros delincuentes. Lo grave es que tengamos que hacer esto porque los investigadores no tienen efectividad”, asevera Curbelo.
Con esto coincide el experto en seguridad Hugo Acero quien considera que la política de dar recompensas a cambio de información implica un reconocimiento por parte del Estado de que su sistema de inteligencia ha fracasado. “No tenemos suficiente información y como no podemos obtenerla por métodos institucionales entonces debemos comprar y generalmente se compra esta información a los delincuentes”, asegura Acero, quien agrega que con esta política no se garantiza un mayor nivel de seguridad.
“Hay que apuntar a los mandos medios, ya que esto es un monstruo de mil cabezas. No basta con acabar con la cabeza, ya que al minuto hay otro que asume su lugar”, señala Acero, quien cree que este tipo de programas deberían estar ligados a un esquema de protección a testigos para salvaguardar la integridad de los informantes, algo que no sucede en el caso del plan de los más buscados del Ministerio del Interior.
El ministro Serrano no concretó una entrevista con este Diario sobre este tema, pese a que se hizo la gestión durante las últimas tres semanas.
Fuente: EL UNIVERSO*
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