La entidad, creada por el presidente Rafael Correa, cesará en funciones el martes. Sus archivos y bienes pasarán al Ministerio de Justicia, el cual vigilará el trabajo de la Fiscalía.
Después de cuatro años y medio de trabajo, la Comisión de la Verdad presentó ayer su último informe, pues el organismo, creado en mayo de 2007 para investigar los casos de violación a los derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008, cesará en funciones el próximo 15 de noviembre.
En junio de 2010 la comisión entregó sus resultados: 118 delitos de lesa humanidad se produjeron en ese período (el 55% cometido en el período presidencial de León Febres-Cordero), hubo 456 víctimas y hay indicios de responsabilidad en contra de 459 personas (50% era miembro de la Policía Nacional).
Esa información, organizada en 300 mil folios, fue entregada a la Fiscalía General del Estado para la judicialización de los procesos y los documentos están bajo la custodia del Archivo Nacional, aunque una versión digital está disponible en la página web de la comisión.
Para el trabajo operativo y el procesamiento de la información, la comisión contó con un presupuesto aproximado de dos millones de dólares (tres desembolsos), pero existiría un saldo menor a 20 mil que serán devueltos al Ministerio de Justicia, al igual que los bienes y enseres que utilizaba el organismo.
Elsie Monge, presidenta de la comisión, dijo estar satisfecha con el trabajo realizado, pero reiteró que ahora es responsabilidad de la Fiscalía investigar y sancionar a los responsables (en ningún caso se ha iniciado una instrucción fiscal).
También cuestionó que, de las 157 recomendaciones planteadas por la comisión (incluyendo reformas jurídicas e institucionales), muy pocas se han aplicado, pues quizá la más fundamental, la Ley de Reparación de Víctimas, aún no ha sido tramitada por la Asamblea.
El proyecto de ley propone una serie de reformas legales que eviten que esos delitos se repitan, pero también propone la reparación integral a las víctimas, que en algunos casos sería económica. Se estima que el monto ascendería a 11 millones de dólares.
El período de vigencia de la comisión fue extendido en dos ocasiones para que dé seguimiento a la judicialización de los procesos, pero en ese transcurso receptó nuevas denuncias, de las cuales 15 serán presentadas a la Fiscalía el próximo martes, anunció el secretario ejecutivo, Cristian Bahamonde.
Una de ellas implica a agentes de la Policía en la presunta desaparición de los involucrados en el robo de la custodia de Riobamba. También se presentaron denuncias de violación a los derechos humanos en la zona donde operaba la base estadounidense de Manta.
Con la desintegración de la comisión, María del Carmen Jácome, subsecretaria del Ministerio de Justicia, reiteró que el compromiso del Gobierno es no dejar en la impunidad esos procesos.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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