Ayer se desarrolló, en los bajos de la Corte de Justicia del Guayas, un plantón para solicitar a la Fiscalía General se pronuncie sobre la reapertura de la investigación por el acto de negligencia médica.
“Te extrañamos hijo de mi vida. Hoy, cuatro meses (desde) que ya no estás con nosotros estamos luchando para que se nos haga justicia”. Esta frase destacaba entre los carteles colgados, la mañana de ayer, en los exteriores de la Corte de Justicia del Guayas.
En el lugar se desarrolló un plantón en el que se exigía la reapertura del caso de negligencia médica registrado en la clínica de hemodiálisis del doctor Galo Garcés, operativa hace 16 años (1995) en Guayaquil.
La autora de la pancarta es Ludivina Peñafiel, madre de Carlitos Mora, uno de los 21 infectados con VIH-sida en la mencionada clínica, quien quiso expresar de esa forma lo que para ella es el inicio de una nueva batalla contra la impunidad.
Ludivina junto con otros familiares de las 21 víctimas fallecidas solicitaron que se reabra el caso por ser considerado un delito de lesa humanidad, el cual no tiene prescripción. “Estamos pidiendo que nos escuchen y que nos de una contestación el Fiscal General del Estado (Galo Chiriboga)...”, manifestó la madre de Carlitos Mora.
Aclaró que su hijo se fue de su lado “sin ver brillar la justicia”. “Me decía en vida que espera que en su caso se siembre un precedente... Duele mucho su partida porque él era la alegría de la casa, el compañero ideal para todos...”.
El dolor también es latente entre otros familiares afectados. Betty Valdivieso Ramos es una de ellas: “El 9 de septiembre de 1996 falleció mi padre (Luis Valdivieso Morán). Él murió meses después de ser contagiado”, contó.
“Para un hombre que era un enamorado de la vida, saber que estaba contagiado con VIH era como si le hubieran puesto un espada en la cabeza sin saber en que momento se la iban a cercenar”, narró Valdivieso. “No es fácil vivir con VHI en una sociedad que discrimina por la ignorancia”.
Las víctimas mortales en este caso eran afiliados al Seguro Social en ese entonces y por medio de la entidad fueron derivados a la clínica Garcés para que se realicen el tratamiento de hemodiálisis.
A ellos (los 21) después de que eran conectados a la máquina, en la que se hacían el tratamiento, les inyectaban una sustancia líquida llamada heparina para que la sangre no se coagulara.
“Este sinvergüenza con la misma aguja inyectaba a todos los pacientes y los filtros los reutilizaba, yo veía que ponían unos filtros en una tina, pero nosotros no sabíamos por qué los usaban”, reveló Laura Villaprado de Saltos, esposa de Haroldo Saltos Delgado, otro de los fallecidos. “Si hubiese puesto el filtro para cada paciente no se hubiera infectado nadie”, acotó.
Haroldo, quien el 14 de noviembre va a cumplir 10 años de fallecido, durante seis estuvo en tratamiento de hemodiálisis.
Villaprado contó que su conviviente al enterarse de la noticia se deprimió mucho. “Él había acudido al hospital para que le hagan un tratamiento con el fin de tener una vida sana... en cambio lo perjudicaron”. “No tenemos sed de venganza, sino de justicia y todavía no se nos ha hecho...”, añadió.
Implicados en libertad
Los implicados en este caso son Galo Garcés Barriga y Galo Garcés Lituma (hijo).
“Del primero se dice que entra y sale del país desde Estados Unidos y España... Mientras que Lituma está, supuestamente, ejerciendo en los Estados Unidos la medicina”, comentó Valdivieso, quien reveló que la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia determinó que los juicios estaban prescritos, porque “a ellos no les dio la gana de sentenciar, esperaron a que el tiempo pase”.
Agregó que están plenamente convencidos de que con la ayuda de este Gobierno va a llegar la justicia, porque consideran que se han reabierto muchos casos de años atrás, como el de Fybeca, Damián Peña, entre otros.
La mujer exclamó que no se puede seguir permitiendo que la impunidad sea la única respuesta al delito. “No se sentenció absolutamente a nadie, Garcés estuvo año siete meses detenido en la Penitenciaría del Litoral, tiempo suficiente para que se haya ejercido justicia, lo que pasó es que no les dio la gana de administrar justicia”.
Acotó que 21 tumbas continúan abiertas clamando justicia. “Nosotros necesitamos que nuestros muertos descansen en paz”.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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