Reuters
Ecuador defendió hoy la validez de un millonario fallo dictado por un juez local contra la petrolera estadounidense Chevron, por supuesta contaminación ambiental en su territorio, y que ha sido cuestionado por jueces norteamericanos.
Uno de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó en febrero a la petrolera Chevron el pago de unos 8 600 millones de dólares por supuesto daño ambiental en la zona donde operó entre las décadas de 1970 y 1980 en la selva ecuatoriana.
Si bien la sentencia se mantiene congelada a la espera de una ratificación, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una medida cautelar que prohíbe a los demandantes ejecutar cualquier sentencia en contra de la petrolera, en medio de duras críticas a los jueces ecuatorianos.
La resolución provocó la reacción de la Procuraduría de Ecuador, que emitió un oficio ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Nueva York "en defensa de la validez de los fallos dictados por el sistema judicial ecuatoriano".
"Ecuador no está de acuerdo con la decisión de la Corte dado que interfiere con la administración de justicia", dijo el procurador Diego García, en un comunicado.
Pese al reclamo, el país dijo que no toma posición sobre el fondo del caso, ni sobre las acciones iniciadas por Chevron, pues se trata de procesos legales entre partes privadas y el Estado no es parte, agregó García.
El litigio que impulsan las comunidades indígenas contra Chevron comenzó en 1993 en una Corte de Estados Unidos, pero tras una década el caso paso a Ecuador a pedido de la petrolera estadounidense.
Ocho años después se emitió la sanción de primera instancia. Chevron ha calificado la sentencia como "un fraude" y ha acusado que injerencia política sobre los jueces ecuatorianos, por lo que apeló la sentencia para que se anule el juicio.
Los demandantes también apelaron por considerar que la cuantía fijada no alcanzaría a remediar el daño ambiental.
"La decisión de la Corte Distrital busca desligitimar el sistema judicial ecuatoriano por completo, sin tomar en cuenta casi dos décadas de reformas judiciales, y crea un precedente que impide la ejecución de las sentencias, bajo principios de cortesía internacional", concluyó el comunicado.
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