Angostura, lugar donde fueron asesinados 'Raúl Reyes' e incluido el ecuatoriano Franklín Ahisalla
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó hoy la decisión de una corte ecuatoriana de llamar a juicio a oficiales de la fuerza pública colombiana por el bombardeo que en 2008 produjo la muerte al segundo jefe de la guerrilla de las FARC, alias "Raúl Reyes".
Santos dijo que los oficiales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía cumplieron órdenes impartidas por él, pues era ministro de Defensa, y por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
"Lo que puedo decir es que yo fui quien autorizó esa operación con el presidente Uribe, o sea que el responsable soy yo y nadie más. Nuestros oficiales, soldados y policías merecen que los defendamos en todas las instancias", dijo Santos.
La medida de la Justicia ecuatoriana se conoció este viernes y de inmediato fue rechazada por el gobierno colombiano, que expidió un comunicado para reiterar que no reconoce la competencia en Colombia de tribunales del país vecino.
La decisión afecta a los generales retirados Freddy Padilla (ex comandante de las Fuerzas Militares), Mario Montoya (ex comandante del Ejército) y Jorge Ballesteros (ex comandante de la Fuerza Aérea), así como al almirante retirado Guillermo Barrera (ex comandante de la Armada).
Otros llamados a juicio son el actual director de la Policía, general Óscar Naranjo, y el coronel Camilo Álvarez, quien al momento de los hechos era el jefe de la división de inteligencia de su institución. A la defensa de los oficiales se sumó hoy el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, quien calificó de "ilógica" la medida.
Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón escribió en su cuenta de Twitter que los oficiales afectados por la medida deben recibir el respaldo del país porque actuaron a nombre del Estado.
"(La) acción contra las FARC donde murió 'Raúl Reyes' fue una decisión de Estado. Por lo tanto, la defensa de nuestros generales es un deber de Estado", dijo Garzón.
El ataque, ordenado por el anterior gobierno de Uribe sin autorización de Quito, ocurrió el 1 de marzo de 2008 en la selva ecuatoriana, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenían un campamento.
En el lugar murieron 25 personas, entre ellas "Reyes", cuatro mexicanos y un ecuatoriano, tras lo cual Ecuador rompió las relaciones diplomáticas con Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expidió un comunicado para señalar que no acepta la jurisdicción de la Justicia ecuatoriana y reiterar que el ataque por fuera de las fronteras fue un "acto de Estado".
"El gobierno de Colombia rechaza categóricamente esa decisión y desestima las acciones y la competencia de autoridades judiciales extranjeras en contra de quienes libraron una operación legítima en defensa de la seguridad nacional y de la población civil", señaló la Cancillería.
De igual forma, expresó que la operación se cumplió "con sujeción al Derecho Internacional Humanitario" contra un campamento desde el cual se ordenaban "acciones terroristas en contra de la población colombiana".
Dentro del proceso que instruye la corte ecuatoriana también fue investigado en algún momento el presidente Santos en su condición de ministro de Defensa al momento del ataque. No obstante, el cargo de jefe de Estado le dio inmunidad. Santos juró como presidente en agosto pasado y hace varios meses restableció las relaciones diplomáticas tras un proceso de acercamiento con su homólogo Rafael Correa.
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