El ministro Serrano fue ovacionado por los miembros de las comunidades que abarrotaron la sala.
Cinco ministerios comparecieron ante la AsambleaLas autoridades defendieron una tesis: las vidas humanas son más importantes que las 67 máquinas retroexcavadoras que se dinamitaron.
Las autoridades gubernamentales de seguridad tenían una misión específica ayer en la Asamblea: justificar las acciones militares del 21 de mayo en San Lorenzo, Esmeraldas. Lo hicieron con el argumento más sensible que encontraron: las máquinas están por debajo de la vida humana.
Hasta la Comisión de Biodiversidad llegaron los ministros de Seguridad Homero Arellano; del Interior, José Serrano; de Defensa (e), Rosa Pérez; de Ambiente (e), Mercy Borbor; y el viceministro de Minas, Federico Auquilla. Todos coincidieron en que la medida buscó precautelar la vida de los habitantes de San Lorenzo y Eloy Alfaro y que dinamitar 67 máquinas retroexcavadoras no fue un hecho sorpresivo. Según Arellano estuvo precedido de una amplia planificación.
Luego de cinco horas de reunión se evidenció que esa planificación no fue integral. En las intervenciones de las autoridades no se detalló el monto real de las afectaciones, quiénes son los verdaderos dueños de las máquinas destruidas y si hay detenidos por la actividad ilegal. Esas respuestas fueron reclamadas, en varias ocasiones, por asambleístas como Tomás Zevallos (socialista), Cléber Jiménez (Pachakutik), Fernando González (ex PAIS), Guido Vargas (Sociedad Patriótica), Alfredo Ortiz (Municipalista) y Línder Altafuya (MPD).
Hubo otra pregunta sin respuesta: ¿Qué mecanismo legal usó Juan Hernández -juez de Pichincha que ordenó la intervención- para pedir que se destruyan las máquinas? La pregunta daba por sentado que no existe esa figura legal. Vargas dijo que se podía decomisar o incautar pero en ningún caso dinamitar. El ministro Serrano dijo que se optó por esta vía porque hay una clara violación de derechos ambientales y la Constitución -en el artículo 87- dice que se pueden aplicar medidas cautelares.
El discurso de Ambiente tampoco fue concreto. Ese ministerio "está levantando -dijo Borbor- un inventario detallado de todos los pasivos de la zona". En otras palabras, no se hizo un estudio previo del impacto ambiental.
Pese a las respuestas ambiguas, la posición de los cerca de 30 esmeraldeños que observaron toda la presentación, desde un rincón, no cambió. Es más, sus principales dirigentes defendieron, felicitaron y agradecieron las acciones estatales. Jorbelis Corozo, José Ponce y William Sánchez minimizaron el efecto económico del sector y criticaron -cada intervención- de Altafuya tildándolo de mentiroso y traidor. "Se preocupa más por las máquinas y por los 16 mineros ilegales que están afectados -dijo José Ponce-, descuidando a la mayoría de la población".
Ese tipo de declaraciones alteró el ambiente de la reunión en más de una ocasión. Y Rosana Alvarado, presidenta de la Comisión (PAIS), tuvo que pedir, varias veces y en forma vehemente, orden en la sala. La pelea se tradujo en gritos, entre Alvarado y Altafuya, porque el asambleísta del MPD quería replicar, a cada vez, lo que decía Serrano. Al final, el ministro fue ovacionado por los miembros de las comunidades que abarrotaron la sala.
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