Quito, 1 junio (Andes).- La información divulgada por diario El Telégrafo el pasado 3 de mayo, sobre el perjuicio al Estado por un monto de 700 millones de sucres (100 millones de dólares) en la construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil, en 1978, sirvió para que la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) inicie una investigación al respecto.
El estudio está a cargo de Antonio García, abogado de la institución, quien informó sobre los pormenores de lo que denominó “atraco”, que imposibilitó la operación completa de la terminal que sirve a miles de ecuatorianos diariamente.
Según los primeros alcances de la investigación, la familia Pérez Barriga, propietarios del diario El Universo, y los propietarios de la cadena Univisa, al parecer, formaron parte de este “negociado” que perjudicó al país. Los materiales que se utilizaron en la construcción no fueron de calidad, por lo tanto, la segunda planta de la infraestructura se vino abajo antes de la entrega oficial del edificio.
El objetivo de la investigación que realiza García es analizar la pertinencia o no de una demanda a los involucrados en este supuesto fraude. Ayer, con una ilustración, se establecieron los nexos de los grupos económicos, mediáticos y políticos en este supuesto fraude al Estado, informó el periódico oficial El Ciudadano.
La construcción de la Terminal Terrestre de Guayaquil estuvo a cargo de la empresa japonesa Fujita, pero según García, Fujita subcontrató a la empresa Matricsa (cuyos principales accionistas fueron el ex vicepresidente de la República Alberto, Eduardo Dahik, Miguel Garzozi y Roberto Falconí) para que se les proporcione los materiales como vigas y losetas para el terminal.
Estos materiales fallaron al momento de la obra, ya que se destruyó antes de su inauguración. No solo este sector político estuvo detrás, sino también un grupo mediático, según García, ya que Matricsa a su vez tiene como suscriptor a la empresa Inamasa, de propiedad de Carlos Pérez Perasso y sus hijos María Teresa, Rosa, Priscila, Carlos y César; estos dos últimos actuales directivos de diario El Universo, según la investigación de diario El Telégrafo.
Previamente, la compañía PRENOR (cuyos socios fundadores fueron Martín Icaza Pérez, Gianni Garibaldi Úraga, Jorge Sosa Torres, Jaime Roldós Aguilera y el ex vicepresidente de la República, León Roldós Aguilera) había vendido a la entonces Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) los terrenos y planos para la Construcción de la Terminal Terrestre.
No obstante, de acuerdo al libro de participaciones del Registro Mercantil, adjunta a PRENOR consta la empresa Adan C.A. cuyos accionistas eran Carlos Pérez Perasso y sus hijos María Teresa, Rosa Delia, Priscila y Carlos Pérez Barriga, entre otros.
García aún no ha entablado acciones legales, sin embargo, recalcó que los involucrados en este caso tienen el derecho de establecer su defensa como mejor les parezca y que la ciudadanía debe juzgar sobre estos hechos que han perjudicado enormemente al pueblo ecuatoriano.
Diario EL UNIVERSO en su edición digital reaccionó ante estos cuestionamientos, argumentando que: “se trata de revivir un caso que tuvo sentencia definitiva en 1992, sobre la construcción de la antigua Terminal Terrestre de Guayaquil, y en el cual no han tenido responsabilidad ante el Estado, ni este Diario, ni ninguno de sus directivos”
Sin embargo, las investigaciones no han concluido y es probable que surjan nuevos elementos, que establezcan otras vinculaciones. Lo sucedido en la Terminal Terrestre, dijo García, es una clara muestra de atraco al Estado, pues se dio dinero para que se entregue al país una obra bien hecha, pero eso no ocurrió.
EL UNIVERSO señala que la empresa que contrató con el CTG fue Fujita, sin embargo, García comprobó que la empresa en la cual tienen acciones los directivos del Diario guayaquileño también recibió regalías por el contrato millonario.
Toda la información que se recaba de esta investigación será enviada a la Secretaría Nacional de Transparencia. Asimismo, mencionó que se está solicitando una certificación por parte del Registro Mercantil, para confirmar si las empresas involucradas en estos hechos aún mantienen vida jurídica.”No es difícil deducir que esto fue un negociado. Las compañías fueron pagadas por los servicios que prestaron. El hecho quedó en la impunidad con la complicidad de los medios que nunca difundieron este caso”, concluyó García.
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