***SNN
En Tulcán. Al intentar negociar la liberación de su hijo secuestrado, Sigifredo I. fue asesinado en Ipiales. Foto: Archivo /EL COMERCIO
Los dos policías visten de verde, con camisa y corbata. Llevan escarapelas en el pecho y portan computadoras portátiles con información del crimen transnacional.
Uno es colombiano y general, Humberto Guatibonza, director Antisecuestro de la Policía. Otro, ecuatoriano y teniente coronel, Juan Carlos Iza, director de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).
Los dos se reúnen en Quito, en el marco del seminario El secuestro en América Latina; precisamente cuando se cumplen cuatro años del bombardeo de Colombia a un campamento de las FARC en Angostura.
Ese ataque, que fue un golpe militar al entonces número dos de la guerrilla ‘Raúl Reyes’, implicó un reclamo formal de Quito a Bogotá y la ruptura de relaciones diplomáticas, luego de que el jefe policial del vecino país insinuara una supuesta conexión entre funcionarios del Gobierno ecuatoriano y el grupo subversivo.
El fin de semana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguraron que suspenderán una de sus prácticas de financiamiento más cuestionadas en términos humanitarios: el secuestro y extorsión a civiles.
“Las FARC deben demostrar con obras y hechos reales su decisión de abandonar el secuestro”, dijo Guatibonza, quien destacó la cooperación con la Policía de Ecuador. Las dos fuerzas trabajaron en el rescate del ganadero carchense Wilson G., de 77 años.
Según los agentes, él fue plagiado en su hacienda el 28 de diciembre del 2010, por un grupo de desconocidos, quienes lo encadenaron por 40 días y solicitaron USD 350 000 por su rescate.
La víctima incluso recordó que fue rescatado en medio de un tiroteo. “Los agentes de la Unase y Gaula fueron recibidos con bala”, relató. En el operativo, tres hombres fueron detenidos para las investigaciones. La Policía colombiana precisó que pertenecían al Frente 48 de las FARC.
“Casi todos los días intercambiamos datos”, sostiene Guatibonza. “La coordinación es permanente para resolver las denuncias secuestro o extorsión”.
La Policía de Colombia dice que la injerencia de la insurgencia también se traslada a Ecuador. Con el intercambio de información se han logrado determinar casos de extorsión ordenados desde las prisiones.
Juan Carlos Iza, director de la Unase de la Policía ecuatoriana, dice que actualmente se trabaja en el tema. “La Policía investiga ese problema a escala nacional”.
En los últimos años, sostiene Guatibonza, “hemos notado que desde las cárceles de Ecuador se dan problemas de extorsión. En Colombia ocurre ese fenómeno, acá hay el mismo problema”.
Las redes cuentan con emisarios que operan afuera de las cárceles, explica la Policía. Tras cobrar el dinero, las bandas hacen giros y se reparten las ganancias entre los miembros de la red.
Las estadísticas de la Unase refieren que, a escala nacional, en el 25% de casos de plagio las víctimas son comerciantes, el 22% profesionales. Durante el año pasado, la Unase registró 32 secuestros, 28 se resolvieron, según Iza.
Las policías antisecuestro de los dos países ahora indagan el secuestro de Orlando I., en Tulcán. El padre de la víctima fue asesinado el 31 de enero en Ipiales (Colombia), cuando supuestamente negociaba la liberación de su hijo, según la Policía.
La familia de las víctimas estima que Orlando I. estaría retenido en un campamento de las FARC, en la selva del Putumayo colombiano, frontera con Ecuador. En la denuncia en la Fiscalía reza que fue plagiado por personas.
Uno es colombiano y general, Humberto Guatibonza, director Antisecuestro de la Policía. Otro, ecuatoriano y teniente coronel, Juan Carlos Iza, director de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).
Los dos se reúnen en Quito, en el marco del seminario El secuestro en América Latina; precisamente cuando se cumplen cuatro años del bombardeo de Colombia a un campamento de las FARC en Angostura.
Ese ataque, que fue un golpe militar al entonces número dos de la guerrilla ‘Raúl Reyes’, implicó un reclamo formal de Quito a Bogotá y la ruptura de relaciones diplomáticas, luego de que el jefe policial del vecino país insinuara una supuesta conexión entre funcionarios del Gobierno ecuatoriano y el grupo subversivo.
El fin de semana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aseguraron que suspenderán una de sus prácticas de financiamiento más cuestionadas en términos humanitarios: el secuestro y extorsión a civiles.
“Las FARC deben demostrar con obras y hechos reales su decisión de abandonar el secuestro”, dijo Guatibonza, quien destacó la cooperación con la Policía de Ecuador. Las dos fuerzas trabajaron en el rescate del ganadero carchense Wilson G., de 77 años.
Según los agentes, él fue plagiado en su hacienda el 28 de diciembre del 2010, por un grupo de desconocidos, quienes lo encadenaron por 40 días y solicitaron USD 350 000 por su rescate.
La víctima incluso recordó que fue rescatado en medio de un tiroteo. “Los agentes de la Unase y Gaula fueron recibidos con bala”, relató. En el operativo, tres hombres fueron detenidos para las investigaciones. La Policía colombiana precisó que pertenecían al Frente 48 de las FARC.
“Casi todos los días intercambiamos datos”, sostiene Guatibonza. “La coordinación es permanente para resolver las denuncias secuestro o extorsión”.
La Policía de Colombia dice que la injerencia de la insurgencia también se traslada a Ecuador. Con el intercambio de información se han logrado determinar casos de extorsión ordenados desde las prisiones.
Juan Carlos Iza, director de la Unase de la Policía ecuatoriana, dice que actualmente se trabaja en el tema. “La Policía investiga ese problema a escala nacional”.
En los últimos años, sostiene Guatibonza, “hemos notado que desde las cárceles de Ecuador se dan problemas de extorsión. En Colombia ocurre ese fenómeno, acá hay el mismo problema”.
Las redes cuentan con emisarios que operan afuera de las cárceles, explica la Policía. Tras cobrar el dinero, las bandas hacen giros y se reparten las ganancias entre los miembros de la red.
Las estadísticas de la Unase refieren que, a escala nacional, en el 25% de casos de plagio las víctimas son comerciantes, el 22% profesionales. Durante el año pasado, la Unase registró 32 secuestros, 28 se resolvieron, según Iza.
Las policías antisecuestro de los dos países ahora indagan el secuestro de Orlando I., en Tulcán. El padre de la víctima fue asesinado el 31 de enero en Ipiales (Colombia), cuando supuestamente negociaba la liberación de su hijo, según la Policía.
La familia de las víctimas estima que Orlando I. estaría retenido en un campamento de las FARC, en la selva del Putumayo colombiano, frontera con Ecuador. En la denuncia en la Fiscalía reza que fue plagiado por personas.
No podemos cerrar fronteras y apartarnos de un mundo tan globalizado.
Sin embargo al no tener experiencia con el crimen organizado que es el que se aprovecha de esto, tenemos que trabajar en conjunto y beneficiarnos de las experiencias de otros.
El Ecuador en ejercicio de nuestra tradición ha recibido en forma solidaria a gente de muchas partes. Aún siendo un país pequeño y teniendo tantos problemas internos, damos ejemplo al mundo entero como nunca antes.
Fuente: EL COMERCIO*
No hay comentarios:
Publicar un comentario