Personas ajenas a la comunidad de Río Grande se posesionaron de unas tierras de la localidad y la Policía procedió a desalojarlos. Dos uniformados resultaron heridos y cuatro manifestantes detenidos
El presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto ejecutivo declaró al sector de Río Grande como una zona de seguridad.
Dos policías heridos y cuatro ciudadanos detenidos fue el resultado de nuevos enfrentamientos que se registraron la mañana de ayer en el sector de Río Grande, cantón Chone, provincia de Manabí. En el sitio se construirá la represa del Proyecto Multipropósito Chone, que evitará inundaciones y dotará de agua potable y riego a la zona.
Luego de la posesión de uno de los predios declarados de utilidad pública para la construcción del Proyecto Multipropósito, las autoridades reiteraron con firmeza que el proyecto “va porque va”, porque cuenta con todos los requisitos legales. El área fue declarada zona de seguridad mediante el Decreto Ejecutivo 914 firmado por el presidente Rafael Correa.
El técnico y administrador del proyecto, Nabor Álvarez, señaló que desde muy temprano unas cuantas personas que no son de Chone sino de otros lugares identificados con movimientos indígenas del país, se asentaron en la propiedad del Estado e intentaron frenar la obra. En el lugar, cientos de trabajadores construyen un dique para la represa que es parte del proyecto.
“Los protestantes quisieron frenar los trabajos. Para precautelar la integridad de los trabajadores la Policía tuvo que intervenir y desalojar a todos los que invadieron el terreno. Hubo resistencia de los ciudadanos y la Policía tuvo que actuar”, dijo Álvarez.
El técnico confirmó que la Policía detuvo a cuatro manifestantes por agredir a los uniformados que acudieron a desalojarlos. “Un policía fue herido de un machetazo en la cara y a otro le tiraron gasolina para quemarlo”, contó, y afirmó que los detenidos fueron los que agredieron a los elementos de la Policía.
Explicó que las cuatro familias que están en contra del proyecto han procedido a traer personas de otras provincias para, supuestamente, tratar de “defender” esas propiedades, en contra de algo que es una necesidad de todo un pueblo. “Hay muchos actores políticos que están en contra de este Gobierno, que se han aprovechado de la situación para movilizar gente que se oponga al proyecto. Están desinformando y creando una falsa realidad sobre el tema”, aseveró Álvarez.
Aclaró que se ha cumplido con todos los requisitos legales pertinentes, así como con las indemnizaciones que se estimaron necesarias.
De su parte, el teniente coronel Pablo Tamayo resaltó que debieron utilizar más de 200 uniformados de la Compañía de Mantenimiento y Orden (antimotines) del servicio urbano, Grupo de Operaciones Especiales (GOE), y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) para repeler el ataque de los comuneros que usaron piedras, palos y armas cortopunzantes (machetes).
Además, unos cuantos comuneros y partidarios de movimientos indígenas señalaron que ellos no están conformes y mantendrán la resistencia, que no cederán sus tierras y que se mantienen recios, aunque dicen estar prestos a conversar.
A la zona de trabajo llegó el viceministro del Agua, Carlos Xavier Pugna, acompañado por el subsecretario, Behur Rodríguez, los que explicaron que 300 personas laborarán en 3 turnos diarios, pues es necesario recuperar el tiempo perdido así como acortar el tiempo de entrega de la presa.
El cono del embalse tendrá una corona de 275 metros de largo, con 40 metros de alto; para ello las maquinarias comenzaron con la tarea de desbroce de todo el área.
Álvarez informó que lo primero que se iniciará será el túnel, que tendrá 500 metros de largo por 350 de diámetro, y que esperan tenerlo listo en menos de 4 meses.
Otra de las acciones que desarrolla la empresa Ashousue es el estudio de suelo, que permitirá que la corona de la presa sea levantada sobre terreno firme; para aquello ya han realizado cinco sondeos aguas abajo y aguas arriba, en cuyas perforaciones han encontrado roca a partir de los 15 metros de profundidad, explicó Geovanny Morales, uno de los técnicos.
Ayer ya los policías abandonaban el área donde los militares comenzaron un dispositivo de seguridad, para lo cual hicieron un reconocimiento vía aérea, mientras que algunos visitaban a la comunidad que estaba presta al diálogo. (DP - AC)
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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