Ellos exigen mayor difusión y socialización del proyecto.
El Ejecutivo busca la creación del Servicio Civil de Investigación de la Infracción (SCII), una institución que estará conformada por agentes civiles para investigar los delitos penales en coordinación con la Fiscalía, labor que actualmente cumple la Policía Judicial (PJ).
La instauración de esta nueva entidad está contemplada en el Proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que el presidente Rafael Correa envió a la Asamblea Nacional el pasado 30 de septiembre.
En la carta enviada a Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, Correa indicó que “en atención a la incidencia del delito en nuestra sociedad, en la actualidad, se propone la creación de un Servicio Civil de Investigación de la Infracción para erradicar la impunidad”.
El proyecto señala que la máxima autoridad del SCII será el presidente de la República y que la institución dependerá directamente del Ministerio del Interior, no de la Policía Nacional, pero que será parte del Subsistema de Investigación, un órgano de la Policía.
Además, indica que se coordinará con esta “para garantizar la eficiencia de la gestión”. Las indagaciones, añade, se harán bajo la dirección jurídica de la Fiscalía.
El nuevo Servicio podrá acceder a la información generada por la Inteligencia Policial y tendrá el deber de investigar al crimen organizado nacional e internacional. También deberá garantizar la cadena de custodia de los indicios hallados en el cometimiento de delitos.
Los civiles que aspiren a integrar el SCII deberán contar con un título universitario, indica el proyecto de ley, e ingresarán al Servicio luego de obtener el título profesional de detective. Para ello, el Estado impartirá clases gratuitamente en universidades. Esta etapa de formación estará regulada por un acuerdo que emitirá el Ministerio del Interior.
Al igual que la Policía, el SCII estará estructurado por jerarquías. El primer grado será el de detective, que contará con tres escalas; le seguirá el de investigador, asimismo con tres escalas; luego el de supervisor investigador, el de supervisor general y el de comisionado de Investigación, que será el de más alto rango.
Los ascensos serán regulados por la Ley de Servicio Público, al igual que las vacaciones, licencias, resarcimientos, comisiones y sanciones.
Entre los miembros de la PJ hay incertidumbre por el desconocimiento de cuáles serán las funciones que les quedarán a cargo luego de la aprobación del proyecto.
Policías consultados, que pidieron no ser citados por miedo a represalias, afirman que el Gobierno no ha dado una explicación de los alcances del proyecto de ley.
“Hemos escuchado de varios ministros que la Policía Judicial no desaparecerá, sino que será fortalecida. No entiendo cómo se dará esto si dicen que van a incorporar profesionales civiles para realizar las tareas de investigación. No sé cómo seremos fortalecidos ni qué tareas nos quedan”, señaló el agente Mateo, un oficial investigador de la PJ.
El proyecto indica que dentro de la Policía también habrá órganos para investigación de infracciones, conformados por policías y por civiles. No especifica si esos civiles son aquellos que conformarán el SCII.
Estos órganos policiales de investigación tendrán iguales funciones que el SCII, señala el proyecto, como la de indagar bajo la dirección jurídica de la Fiscalía y la de garantizar la cadena de custodia de las evidencias. También les otorga otras funciones como la de elaborar los análisis forenses y periciales de las evidencias, y la de determinar la identidad de los ciudadanos con antecedentes.
En el interior de la PJ, hay críticas al nuevo proyecto. Roberto, un policía con 14 años en la institución, no se explica “para qué en el último año reorganizaban tanto a las unidades de investigación de la PJ y hablaban de pruebas de confianza y capacitación, para luego reorganizar todo nuevamente”.
Su compañero Víctor, un investigador con más de 17 años de experiencia, advirtió: “El otro día escuché que un ministro decía que es mucho más fácil enseñarle a un profesional a investigar que esperar que un policía termine unos estudios superiores. Eso no es tan sencillo como piensan y eso lo sabrán en la práctica”.
Legislación
La Policía Judicial, que se encarga de las investigaciones, se rige actualmente por un reglamento emitido en el 2001 por el entonces presidente Gustavo Noboa.
El gobierno de la revolución ciudadana ahora propone cambios importantes a través de un proyecto de ley que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa el 6 de octubre pasado. Ingresó a la Asamblea el 30 de septiembre.
La Policía Judicial está organizada por brigadas que atienden diversos tipos de delitos: homicidios, robo de automotores, contra la propiedad y otros misceláneos.
Fuente: EL UNIVERSO*
Foto: ANDES
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