Desde 5 hasta 15 años de prisión propone el Gobierno en su proyecto de Código Penal para las personas que no justifiquen su crecimiento patrimonial.
La norma que el Ejecutivo remitió a la Asamblea (y que debe ser debatida por los legisladores) tipifica el enriquecimiento privado no justificado como delito.
La figura fue aprobada en la consulta popular del 7 de mayo, pues actualmente solo está penado en leyes el enriquecimiento ilícito para los funcionarios públicos.
En la misma consulta fue aprobado que sea penalizado que un empleador no afilie al Seguro Social a sus trabajadores. Para este último caso la sanción es de uno a tres años de cárcel, reza el proyecto.
La propuesta también señala que la persona que comete el delito de enriquecimiento privado no justificado es porque incrementó su capital sin que pueda justificarlo con ingresos percibidos y declarados al Servicio de Rentas Internas.
Las penas para quienes cometan este delito están acordes con los montos en que su patrimonio aumentó. Si es igual a cien remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado, la pena será de cinco a siete años.
Como el salario básico unificado es de 264 dólares, entonces quien logre $ 26.400 sin ninguna justificación deberá cumplir con esa pena.
Si el incremento del patrimonio es mayor a los 26.400 dólares, la pena será de siete a once años. Cuando el aumento sea inferior a doscientas remuneraciones básicas unificadas (52.800 dólares), la condena será de siete a nueve años; y si es mayor a esa cifra, de once a quince años.
El penalista Ramón Echaiz y el director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Jorge Ortega, consideran que la disposición está abierta a interpretaciones.
"Debe haber una tipificación sumamente minuciosa en cuanto a establecer los casos en los que pueda considerarse enriquecimiento ilícito y asimismo la manera de cómo demostrarlo", señaló Echaiz. Ortega acotó que la propuesta está "a discreción de lo que el juez pueda considerar".
Una preocupación de Echaiz son los montos que motivan a determinar que hubo enriquecimiento privado no justificado. Según él, un comerciante informal puede fácilmente llegar a ahorrar esa cantidad.
Pero la asambleísta oficialista Viviana Bonilla afirma que la figura es para frenar a las "personas que se han dedicado a estafar y han robado durante toda su vida grandes cantidades de dinero, los que han incrementando su patrimonio a costa de otras personas".
Pánico económico
El proyecto de Código Penal incluye un artículo con el que sanciona a quienes publiquen, difundan o divulguen noticias falsas que causen daño a la economía nacional o al sistema financiero público o privado.
"Será sancionado con pena privativa de libertad de siete a nueve años y multa de cien a doscientas remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general", señala el artículo, que indica también que será para las personas que incluso estén fuera del país.
La figura es nueva para la legislación ecuatoriana y cada quien tiene su postura.
El penalista José de la Gasca explica que el Gobierno busca proteger la estabilidad económica y no lidiar con amenazas.
Puso como ejemplo que si se repite un caso como Wikileaks y este llega a encontrar información confidencial de que el Gobierno planea no pagar unos bonos, entonces eso será conducta criminalizada.
Pero ya en el futuro, "¿qué tipo de utilización se le dará? Eso en el tiempo se verá", sostuvo.
Jaime Damerval, abogado y exministro de Gobierno, señaló que la economía ofrece criterios contradictorios y el texto propuesto permitirá sancionar a un doctor en Economía que de buena fe discrepe con la tesis económica del Gobierno.
"Por eso, debiera exigirse un juicio civil previo que en sentencia firme declare que tal noticia ha causado daño, antes de iniciarse la acción penal. Tal como está redactado, afectaría primero al derecho a opinar y también estará en peligro la libertad de prensa", expresó.
La asambleísta Cynthia Viteri (Madera de Guerrero) consideró que sí es correcto que se sancione a alguien que haga comentarios que, para hacer daño a una institución bancaria, "provoque una estampida de retiros".
Pero preguntó "quién califica el pánico". "La ley penal debe ser exacta. Alguien que quita la vida a otro o roba es exacto, pero en el caso de una noticia a lo mejor me puede provocar pánico a mí y a otra persona no", acotó.
Fuente: expreso*
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