**SNN
Los militares entran al bar y piden que los clientes abandonen el lugar. Visten chalecos antibalas, camuflaje y cargan fusiles HK. Así operan desde el 24 de noviembre del año pasado, cuando en el Juzgado XXII de Garantías Penales de Pichincha se acogiera el pedido del Gobierno y se concediera medidas cautelares a las FF.AA.
La salida de los soldados a las calles, para combatir la inseguridad, es solo una medida de por lo menos ocho que el Gobierno ha adoptado contra la violencia.
No obstante, datos oficiales revelan que entre enero y agosto de este año en el país hubo 65 402 denuncias por delitos contra la propiedad: 24 636 casos más que en igual período del 2010.
Las denuncias también se han incrementado en delitos contra las personas, robo a domicilios, asalto a personas, a bancos, en carreteras y a motos.
Por ello, el jurista y catedrático de la Universidad Autónoma de Quito, Pablo Vaca, dice que las acciones en contra del delito no han dado resultados. "Los planes no están atacando los problemas. No considero que hayan sido medidas eficaces. Se hacen operativos de seguridad en ciudadelas y calles o el Intendente entra con un piquete de policías a una discoteca y únicamente encuentran uno que otro indocumentado. Este es un problema que necesita medidas estructurales".
¿Por qué no se aplica una Política integral de seguridad? Ayer, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que está por presentarse no una política, sino un Plan Integral de Seguridad. "Permite pasar de un estado de impunidad a uno de previsión y prevención donde no solo está lo que deba hacer la Policía y el sistema judicial, sino lo que debamos hacer en niveles sociales, de gobiernos locales y participación ciudadana".
En el 2008, las acciones contra la violencia comenzaron con el equipamiento a la Policía. El 30 de junio del 2009 los ministerios de Gobierno y de Defensa dispusieron que el control de armas pasara de las FF.AA. a la Policía. Pero el 28 de abril último, el Ejecutivo, a través del Decreto 749, derogó el Acuerdo Interministerial 001 suscrito por las dos carteras de Estado y el control del armamento en Ecuador volvió a ser competencia de las Fuerzas Armadas.
A finales de año pasado, el Gobierno ordenó la intervención de los militares en las invasiones levantadas en Guayaquil.
En mayo de este año, el Gobierno dispuso que los cuerpos élite de la Policía como el GOE y el GIR salieran a patrullar en las calles.
A esto se sumó el plan Los Más Buscados que también ha sido cuestionado. Pero, el ministro Serrano aseguró que esta iniciativa ha dado resultado. Y por ello, ayer anunció que se elaboró una lista provincial con los nombres de 125 personas que estarían prófugas de la justicia.
En cambio, la lista nacional de Los Más Buscados la integran 30 sospechosos. De ellos, ocho ya han sido detenidos. Los últimos fueron capturados el fin de semana en Manabí. Según la Policía, pertenecen a un grupo delictivo que opera en esa zona.
El director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), Daniel Pontón, dice que ese programa es correcto.
Y da lineamientos de lo que debería contener el plan integral de seguridad: "estrategias preventivas, disuasivas, investigativas e incorporar un gran acápite de la Inteligencia que permitan trabajar una mejor forma tanto en lo operativo como en la investigación".
De allí que Pontón sostiene que solamente se ha potenciado la disuasión y la represión.
El 12 de septiembre pasado, por ejemplo, la Policía destinó 250 nuevos uniformados para reforzar la seguridad ciudadana en Quito.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad entregó 10 camionetas para que los soldados hagan controles de armas en la capital. Sin embargo, en Quito los homicidios son más violentos, aunque las estadísticas bajaron.
Según cifras de la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ), entre enero y agosto de este año en el país se han presentado 1 600 casos de homicidios y asesinatos. En igual período del 2010 hubo 1 799 casos.
La madrugada del sábado una mujer fue asesinada con un tiro en la cabeza en el norte de Quito.
A día seguido, el cadáver de otra persona fue encontrado dentro de un balde abandonado en el kilómetro 23 de la vía Calacalí-La Independencia.
Además, cuatro personas fueron acribilladas en un bar en la parroquia Los Esteros, de Manta.
Testigos contaron que un carro marca Hyundai, de color celeste, se estacionó afuera del local y que de él se bajaron tres hombres que entraron y dispararon. Los vecinos dicen que se escucharon varias ráfagas de bala y que los sospechosos huyeron en el auto.
En su enlace sabatino, el jefe de Estado no descartó la amnistía o la reducción de penas para quienes se entreguen voluntariamente a la Policía.
Esta propuesta fue dirigida a los miembros de una organización delictiva que opera en Manabí.
El jurista Gustavo Medina dice que la amnistía se otorga a quienes cometieron delitos políticos.
"No corresponde a delitos catalogados en el sistema penal como comunes", aseguró el penalista.
En el artículo 120 de la Constitución se determina que se concederá "amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.
No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia".
Serrano señaló que si una persona se entrega se analizaría el caso en que está involucrado. "Las declaraciones del Presidente (Correa) han sido muy claras ... Si hay alguien que se entrega voluntariamente habrá que hacer ese análisis en concreto".
Pero tengo la impresión de que la integralidad de la política de seguridad ciudadana no se construye ahí, sino incorporando dimensiones económicas, sociales, culturales que están detrás de esos procesos.
Medidas como Los Más Buscados, de los militares en las calles aportan en algo a la seguridad. Pero no sé si enfrentan el aspecto medular que está detrás de la violencia.
Para crear una política integral de seguridad debe haber un gran acuerdo nacional.
Hay que hacer una serie de reformas en la Policía, en el sistema carcelario, etc.
También se debe ver cómo se articulan a esta iniciativa los gobiernos locales, la ciudadanía y otras políticas impulsadas desde la Asamblea.
Estas obedecen a una presión social y mediática sobre el tema de seguridad, que exige acciones visibles.
Es decir, que su razón de ser no está en los resultados sino en la visibilidad de las acciones. En el caso de la medida de Los Más Buscados puede decirse que aparentemente ha sido exitosa. Estas medidas no ponen en evidencia un fortalecimiento institucional.
Los resultados de acciones de seguridad no se ven a corto plazo, sino todo lo contrario.
En términos generales, no hay una política integral de seguridad. Básicamente este tipo de políticas pasan por las articulación entre instituciones. Es decir, se han pasado de la identificación de los problemas en diversas entidades, pero no se piensa en el problema de la seguridad desde la relación institucional.
La salida de los soldados a las calles, para combatir la inseguridad, es solo una medida de por lo menos ocho que el Gobierno ha adoptado contra la violencia.
No obstante, datos oficiales revelan que entre enero y agosto de este año en el país hubo 65 402 denuncias por delitos contra la propiedad: 24 636 casos más que en igual período del 2010.
Las denuncias también se han incrementado en delitos contra las personas, robo a domicilios, asalto a personas, a bancos, en carreteras y a motos.
Por ello, el jurista y catedrático de la Universidad Autónoma de Quito, Pablo Vaca, dice que las acciones en contra del delito no han dado resultados. "Los planes no están atacando los problemas. No considero que hayan sido medidas eficaces. Se hacen operativos de seguridad en ciudadelas y calles o el Intendente entra con un piquete de policías a una discoteca y únicamente encuentran uno que otro indocumentado. Este es un problema que necesita medidas estructurales".
¿Por qué no se aplica una Política integral de seguridad? Ayer, el ministro del Interior, José Serrano, dijo que está por presentarse no una política, sino un Plan Integral de Seguridad. "Permite pasar de un estado de impunidad a uno de previsión y prevención donde no solo está lo que deba hacer la Policía y el sistema judicial, sino lo que debamos hacer en niveles sociales, de gobiernos locales y participación ciudadana".
En el 2008, las acciones contra la violencia comenzaron con el equipamiento a la Policía. El 30 de junio del 2009 los ministerios de Gobierno y de Defensa dispusieron que el control de armas pasara de las FF.AA. a la Policía. Pero el 28 de abril último, el Ejecutivo, a través del Decreto 749, derogó el Acuerdo Interministerial 001 suscrito por las dos carteras de Estado y el control del armamento en Ecuador volvió a ser competencia de las Fuerzas Armadas.
A finales de año pasado, el Gobierno ordenó la intervención de los militares en las invasiones levantadas en Guayaquil.
En mayo de este año, el Gobierno dispuso que los cuerpos élite de la Policía como el GOE y el GIR salieran a patrullar en las calles.
A esto se sumó el plan Los Más Buscados que también ha sido cuestionado. Pero, el ministro Serrano aseguró que esta iniciativa ha dado resultado. Y por ello, ayer anunció que se elaboró una lista provincial con los nombres de 125 personas que estarían prófugas de la justicia.
En cambio, la lista nacional de Los Más Buscados la integran 30 sospechosos. De ellos, ocho ya han sido detenidos. Los últimos fueron capturados el fin de semana en Manabí. Según la Policía, pertenecen a un grupo delictivo que opera en esa zona.
El director del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), Daniel Pontón, dice que ese programa es correcto.
Y da lineamientos de lo que debería contener el plan integral de seguridad: "estrategias preventivas, disuasivas, investigativas e incorporar un gran acápite de la Inteligencia que permitan trabajar una mejor forma tanto en lo operativo como en la investigación".
De allí que Pontón sostiene que solamente se ha potenciado la disuasión y la represión.
El 12 de septiembre pasado, por ejemplo, la Policía destinó 250 nuevos uniformados para reforzar la seguridad ciudadana en Quito.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad entregó 10 camionetas para que los soldados hagan controles de armas en la capital. Sin embargo, en Quito los homicidios son más violentos, aunque las estadísticas bajaron.
Según cifras de la Dirección Nacional de la Policía Judicial (DNPJ), entre enero y agosto de este año en el país se han presentado 1 600 casos de homicidios y asesinatos. En igual período del 2010 hubo 1 799 casos.
La madrugada del sábado una mujer fue asesinada con un tiro en la cabeza en el norte de Quito.
A día seguido, el cadáver de otra persona fue encontrado dentro de un balde abandonado en el kilómetro 23 de la vía Calacalí-La Independencia.
Además, cuatro personas fueron acribilladas en un bar en la parroquia Los Esteros, de Manta.
Testigos contaron que un carro marca Hyundai, de color celeste, se estacionó afuera del local y que de él se bajaron tres hombres que entraron y dispararon. Los vecinos dicen que se escucharon varias ráfagas de bala y que los sospechosos huyeron en el auto.
Críticas al anuncio de amnistía
Ayer, el ministro de l Interior, José Serrano, ratificó el anuncio que el sábado hiciera el presidente Rafael Correa.En su enlace sabatino, el jefe de Estado no descartó la amnistía o la reducción de penas para quienes se entreguen voluntariamente a la Policía.
Esta propuesta fue dirigida a los miembros de una organización delictiva que opera en Manabí.
El jurista Gustavo Medina dice que la amnistía se otorga a quienes cometieron delitos políticos.
"No corresponde a delitos catalogados en el sistema penal como comunes", aseguró el penalista.
En el artículo 120 de la Constitución se determina que se concederá "amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.
No se concederán por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia".
Serrano señaló que si una persona se entrega se analizaría el caso en que está involucrado. "Las declaraciones del Presidente (Correa) han sido muy claras ... Si hay alguien que se entrega voluntariamente habrá que hacer ese análisis en concreto".
Puntos de vista
Fernando Carrión / Catedrático
La política de seguridad debe ser un gran acuerdo
El Gobierno lo que define como política integral de seguridad es la suma de la seguridad nacional, pública, ciudadana y ambiental y para cada una de ellas tiene planes.Fernando Carrión / Catedrático
La política de seguridad debe ser un gran acuerdo
Pero tengo la impresión de que la integralidad de la política de seguridad ciudadana no se construye ahí, sino incorporando dimensiones económicas, sociales, culturales que están detrás de esos procesos.
Medidas como Los Más Buscados, de los militares en las calles aportan en algo a la seguridad. Pero no sé si enfrentan el aspecto medular que está detrás de la violencia.
Para crear una política integral de seguridad debe haber un gran acuerdo nacional.
Hay que hacer una serie de reformas en la Policía, en el sistema carcelario, etc.
También se debe ver cómo se articulan a esta iniciativa los gobiernos locales, la ciudadanía y otras políticas impulsadas desde la Asamblea.
Alfredo Santillán/ Investigador
'No hay una política integral de seguridad'
Considero que las últimas medidas del Gobierno son de carácter reactivo.'No hay una política integral de seguridad'
Estas obedecen a una presión social y mediática sobre el tema de seguridad, que exige acciones visibles.
Es decir, que su razón de ser no está en los resultados sino en la visibilidad de las acciones. En el caso de la medida de Los Más Buscados puede decirse que aparentemente ha sido exitosa. Estas medidas no ponen en evidencia un fortalecimiento institucional.
Los resultados de acciones de seguridad no se ven a corto plazo, sino todo lo contrario.
En términos generales, no hay una política integral de seguridad. Básicamente este tipo de políticas pasan por las articulación entre instituciones. Es decir, se han pasado de la identificación de los problemas en diversas entidades, pero no se piensa en el problema de la seguridad desde la relación institucional.
30/06/2009 La Policía asume el control de armas
El 28 de abril último, el Ejecutivo, a través del Decreto 749, derogó el Acuerdo Interministerial 001 y el control del armamento en Ecuador volvió a ser competencia de las Fuerzas Armadas.
El 28 de abril último, el Ejecutivo, a través del Decreto 749, derogó el Acuerdo Interministerial 001 y el control del armamento en Ecuador volvió a ser competencia de las Fuerzas Armadas.
22/10/2009 Operativos en las cachineríasLos policías comenzaron los controles de estos locales. En el 2010, la vigilancia fue recurrente. El presidente Rafael Correa incluso dio un ultimátum para que estos locales cerraran sus puertas.
24/11/2010 Los militares salen a las callesEn el Juzgado XXII de Garantías Penales de Pichincha acogieron el pedido del Gobierno Nacional y concedieron medidas cautelares en favor de las Fuerzas Armadas y comienzan los patrullajes.
28/12/2010 Controles en las invasionesEl presidente Rafael Correa ordenó que los militares realicen patrullajes y desalojen las invasiones levantadas en los alrededores de Guayaquil. Se dijo que allí hay focos que provocan inseguridad.
23/05/2011 Patrullaje de cuerpos élite de PolicíaInicialmente, el Gobierno anunció que los cuerpos élite de la Policía patrullarán cinco ciudades que tiene los más altos índices delincuenciales: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Esmeraldas.
09/07/2011 Gobierno anuncia Los Más Buscados
El programa arrancó el 15 de julio, como una medida para combatir al crimen organizado y localizar a personas más buscadas por la justicia. Hasta hoy han sido apresados ocho sospechosos.
El programa arrancó el 15 de julio, como una medida para combatir al crimen organizado y localizar a personas más buscadas por la justicia. Hasta hoy han sido apresados ocho sospechosos.
FUENTE:EL COMERCIO
No hay comentarios:
Publicar un comentario