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EL GOBIERNO DE LUCIO GUTIÉRREZ CERRÓ LOS CRÉDITOS DEL IESS COMO PARTE DE LA ‘FÓRMULA’ APROBADA POR EL FMI
En este lapso los ecuatorianos afrontaron unas 20 medidas económicas como la devaluación de la moneda y el alza de combustibles. En contraparte, la inversión pública actual se ha triplicado.
El viernes 20 de abril de 2002, Ecuador terminó de afinar -una vez más-, una carta de intención para suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acceder a un crédito ‘stand by’ por $ 240 millones. Era en el gobierno de Gustavo Noboa.
El organismo ya había establecido sus demandas para el país: un crecimiento del 4,0%, inflación de un dígito y un superávit fiscal del 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a $ 350 millones.
Con la economía dolarizada 2 años antes, las previsiones eran más exigentes. Con la venia del FMI podría acceder a nuevos créditos y cancelar su deuda pública que ascendía, entonces, a más de $ 14.000 millones.
Este es solo un ejemplo de lo que fue una costumbre durante más de 20 años en el país. A cambio de un desembolso, los gobiernos debían someterse a un ajuste económico que redundaba en aumento en el precio de los combustibles, de los servicios básicos, en congelamiento de sueldos, generación de nuevos impuestos, restricción en las inversiones, entre otros, recuerda Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha (CEP).
Estos ajustes fueron conocidos por la ciudadanía como ‘paquetazos’ y representaban la mayor amenaza para la estabilidad económica cada inicio de año. Solo entre 1981 y 2006 los ecuatorianos enfrentaron más de 20 medidas de este tipo (Ver infografía).
Según explica Albán, los créditos del FMI tenían por objetivo ‘fondear’ la reserva monetaria del país que, por ser eminentemente importador, debía contar con una reserva por lo menos sobre 50% de las compras anuales. El problema es que todo lo que recomendaba el Fondo tenía ‘carácter de obligatorio’. “Era casi una orden que daba al Gobierno”, apuntó.
¿Había otras opciones? Según Albán sí, siempre que el país hubiera tenido ‘buenos administradores’. Era posible, por ejemplo, acudir al crédito interno, a la emisión de bonos o a negociar con otros países, tal y como se lo ha hecho en los últimos años, “lamentablemente era parte de la política pública regirnos únicamente al FMI, aunque eso significara que existiera mayor empobrecimiento y mayor acumulación de deuda.
Han pasado más de 12 años de aquello, pero ciertas medidas tomadas por el gobierno de Rafael Correa como las salvaguardias arancelarias a 2.955 productos importados, han sido comparadas con dichos ajustes por algunos sectores.
En el último reporte se indicó que la disminución de importaciones desde marzo hasta junio alcanzó los $ 870 millones.
Esta figura comercial, recientemente aprobada por la CAN y vigente desde el 11 de marzo, se usa para compensar el bajo precio del petróleo y la apreciación del dólar.
Mauricio Pozo, analista económico y exministro de Economía del régimen de Lucio Gutiérrez, dijo hace poco que las salvaguardias no eran más que un ‘paquetazo’.
En uno de sus últimos enlaces ciudadanos, Correa hizo alusión a la intervención de Pozo en las negociaciones con el FMI en 2003. “No nos crean amnésicos”, expresó al recordar que en enero de 2003, a tan solo un mes de asumir la presidencia, Gutiérrez subió el costo de los combustibles, incrementó el costo de la energía eléctrica y cerró los créditos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como parte de la ‘fórmula’ aprobada por el FMI.
La carta de intención de 2003 fue firmada en Washington, con la presencia de Pozo, así como del presidente del directorio del Banco Central, Mauricio Yépez, y el embajador itinerante en esa ciudad, Guillermo Lasso. Ese año se negoció un crédito de $ 200 millones.
El propio César Robalino, ministro de Finanzas de Sixto Durán-Ballén, expresó en una entrevista a un diario de Guayaquil en 2007 que la manera más rápida de corregir el déficit fiscal es recurrir a los paquetazos, porque se aumentan los ingresos sin el consentimiento del Congreso.
Ese mismo diario reconocía que el país hereda 2 décadas de atrasos.
De su lado, el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, enfatizó que las salvaguardias no constituyen un paquetazo.
Para él, las medidas anteriores fueron herramientas ‘neoliberales’, relacionadas a la crisis vivida en el crack bancario de 1999. Durante esta época, apuntó Rivera, fue permanente no solo el incremento en el precio de los combustibles, sino también en los víveres.
Decisiones políticas
Para los expertos consultados, existen diferencias sustanciales entre las gestiones anteriores y las de Correa. Haciendo un análisis del contexto económico desde 2001 hasta 2007, Juan Pablo Jaramillo recordó que no existieron problemas externos, y que, por el contrario, se vivió una subida del precio del crudo, de llegada de remesas y de depreciación del dólar.
Ahora, la diferencia en la política de este gobierno y los de 2000 a 2006 está en que “este gobierno no buscó tener superávit fiscal sino canalizar los recursos del fisco hacia la inversión pública”.
“De 2007 a 2010 en el gobierno de Correa se dio un ciclo de desendeudamiento que terminó luego de la renegociación de la deuda externa. Ya de 2013 en adelante se ha dado un proceso de endeudamiento agresivo, mostrando déficits de alrededor del 5% del PIB que ha servido para apalancar la inversión pública, casi se ha triplicado en términos relativos al PIB”, subraya.
Antes no se invertía más del 5% del PIB y ahora el porcentaje está en alrededor del 13%. En 2006 se destinaban $ 2.180 millones al pago de la deuda externa y $ 1.976 millones a la inversión social. En la actualidad, $ 1.944 millones van a la deuda externa y $ 8.849 millones al sector social.
“En esencia, si este gobierno quisiera podría tener superávits fiscales tan grandes como antes, pero eso implicaría tener una menor inversión pública y construir menos hidroeléctricas, carreteras, hospitales, colegios, etc”, recalcó Jaramillo.
En referencia a estas obras, Víctor Hugo Albán, opinó que no se necesita haber vivido en el siglo anterior para saber “cómo se vivía en Ecuador, qué tipo de vialidad había, qué tipo de educación recibíamos y qué servicios de salud teníamos”.
Lo que se ha hecho, afirmó, es analizar el costo-beneficio de las inversiones y, en ese sentido, agregó que las hidroeléctricas han sido una de las inversiones prioritarias y ‘más importantes de este siglo’.
“Creo que en pleno siglo 21 el hecho de seguir importando energía, tanto de Colombia como de Perú es una vergüenza”, aseguró. ¿Qué ocasiona que las voces en contra se masifiquen en estos temas? A criterio del titular del CEP, esto ocurre porque las personas desconocen, por ejemplo, la diferencia entre gasto corriente y gasto de inversión. “Simplemente se habla de que el país tiene más deudas y eso es todo”, sugirió.
Esta deuda, agregó, no es para gasto corriente ni permanente y en el caso de las hidroeléctricas, el hecho de que nos ahorren $ 4.000 millones al año es algo que se debe socializar. (I)
Fuente: EL TELÉGRAFO
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