La etapa de ‘ablandamiento’ pasó. “Pero varios medios y periodistas resisten, insisten y mejoran”. Lo sostiene Carlos Vera, el primer periodista en recibir las respuestas del presidente Rafael Correa, a través de cadenas que interrumpían el noticiero que condujo en Ecuavisa.
La reflexión de Vera pretende explicar el avance de la ofensiva que, a su juicio, el presidente Correa ha mantenido con los medios privados desde el 2007.
Lo dice a propósito de la situación de Emilio Palacio, ex director de Opinión de diario El Universo, periodista que ya tiene una orden de prisión por ‘injuria calumniosa’ en este Gobierno, según la demanda que Correa entabló como ‘ciudadano común’.
“No me creyeron. Decían que era personal, que Emilio, Jorge (Ortiz, quien dejó Teleamazonas) y yo nos pasamos de la raya, ¿ven que no?”, apunta Vera.
Diego Oquendo, director de Radio Visión, comparte ese criterio y comenta que para todo gobierno, la prensa se convierte en una piedra en el zapato. Pero le preocupan los efectos de las reacciones oficiales ante respetables puntos de vista y estilos de periodistas, con los que él no siempre coincide.
Para Oquendo son amenazas a la libre opinión las alusiones contra periodistas en los enlaces sabatinos, las interrupciones de las programaciones, las demandas contra El Universo y contra los autores de ‘El Gran Hermano’. Por eso admite que más allá de la independencia, él como otros periodistas no pueden dejar de preguntarse: ¿cuándo me tocará?
Daniel Santoro, editor de El País en El Clarín de Argentina, señala que pudiera expandirse en toda América Latina el efecto autocensura que provocan este tipo de medidas. Él las ve como un retroceso en la lucha por la libertad de expresión.
Entre otras razones, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado a los estados miembros de la OEA a derogar los delitos de calumnias e injurias y solo dejar los delitos contra el honor en el ámbito de la justicia civil.
“El Presidente no puede desdoblarse y entablar una demanda como ciudadano. A Palacio lo sentencian por desacato”, sostiene Gustavo Larrea, quien fue parte de este Régimen y quien fue parte de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos. Pese a no estar de acuerdo con las afirmaciones que Palacio hizo en el artículo por el que fue sentenciado, precisa que en esa columna se refirió al Primer Mandatario, por lo que cree que un Estado de Derecho debe garantizar que, incluso, las especulaciones puedan darse.
El reto en el ejercicio actual del periodismo es no autocensurarnos, dice Francisco ‘El Pájaro’ Febres Cordero, director de revista Diners y articulista de El Universo. “Aunque los periodistas estamos amenazados y en cualquier momento nos pueden enjuiciar y apresar por una opinión que el dictador de turno crea que atenta contra su honra o su familia”.
Eric Samson, catedrático de la Universidad San Francisco, comenta que si bien el artículo no logró probar la acusación contra el Jefe de Estado, la pena de prisión y el monto de indemnización de USD 40 millones no guardan proporción con el daño causado.
A sus alumnos les dice que solo resta hacer un periodismo más profesional, investigación pulcra y salir del empirismo como mecanismo de autorregulación para evitar que el Gobierno los regule.
En ese sentido, Pilar Núñez, docente y ex asambleísta de Alianza País, afirma que los periodistas deben pensar en lo que significa la responsabilidad ulterior en términos de responsabilidad social. “Eso lo olvidó Emilio Palacio, en estos años persistió en escribir atentando a la dignidad del Presidente de la República, funcionarios y de quienes no empataban con su criterio e intereses”.
Para Samson, hay que estar pendientes del contenido de la Ley de Comunicación y del veto parcial o total del Presidente, para ver cuál es la intención del Régimen. También para conocer quién regulará a los medios públicos y a los incautados.
Un estado de derecho y no de opinión, dice Correa
Además, Correa indicó que se está haciendo historia, venciendo el mito de que nadie puede tocar a los medios de comunicación. “Falta mucho por hacer para tener una verdadera democracia y no el estado de opinión que nos quieren imponer”.
Pedro Granja, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, lo contradice. Y señala un caso publicado en la revista Titanic en Alemania, que dice que en todo conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, el juez debe hacer algo que se llama ‘Fórmula del peso’. Es decir principio de proporcionabilidad y determinar cuál derecho tiene mayor peso.
“Hay que ponderar. Y eso no lo hicieron Juan Paredes, Hellen Mantilla, Henry Morán, Guillermo Freire. Ninguno conoce las nuevas técnicas de interpretación del derecho de los conflictos modernos. Esto se trata de valorar cuál es la importancia de un derecho fundamental. Porque en este caso el diario y el periodista tienen el derecho a informar. En este caso pesa más la libertad de expresión que el supuesto derecho a la honra de un sujeto”.
EL COMERCIO
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