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La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron operativos simultáneos contra la delincuencia organizada en Guayas, Santa Elena, Pichincha y El Oro, en la madrugada de este jueves 15 de octubre del 2015. En las cuatro provincias, fueron detenidas 20 personas implicadas presuntamente en el delito de tráfico de drogas.
En total, fueron 23 casas allanadas por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), la mayoría de ellas en Guayaquil y Durán. En las viviendas se encontraron armas, vehículos de lujo y USD 40 mil.
Entre los fiscales que participaron en el operativo estuvo Miguel Vélez, quien indicó que los sospechosos fueron detenidos por integrar una organización dedicada al tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y asaltos.
Entre los involucrados, se encuentran tres miembros activos de la Armada del Ecuador, según la versión oficial. El fiscal Pául Ponce explicó que la organización utilizaba el Puerto de Guayaquil para enviar grandes cargamentos de cocaína a varios países, entre ellos México, Francia y Bélgica.
El acceso que tenían los miembros de la Fuerza Naval al interior de los puertos había consolidado una logística para contaminar los contenedores con droga, que luego eran estibados en los barcos.
La Armada del Ecuador difundió un comunicado de prensa en el que lamenta el hecho que involucra el nombre de la institución militar.
El documento sostiene que la entidad vigilará el proceso penal iniciado, a fin de que se sancione el presunto delito, independientemente del rango que ostenten los involucrados.
La Armada “no responde por las actuaciones individuales de sus miembros, siendo casos aislados. La mayoría del personal militar cumple con su sagrado deber de proteger y garantizar la seguridad ciudadana”, detalla el comunicado.
Una banda extorsiva funcionaba desde la cárcel de Guayaquil
En el marco del operativo Jaque Mate III, la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional desarticuló una banda de cinco personas privadas de la libertad que realizaban llamadas extorsivas desde la cárcel de Guayaquil.
Ellos exigían dinero a cambio de evitar la agresión o el secuestro de sus víctimas. Édgar Vinueza, jefe de la Unase, informó que los reclusos tenían acceso a teléfonos celulares y datos personales de las ciudadanos.
La Policía identificó a los responsables gracias al cotejamiento de un banco de voces, indicó.
El eslabón 62, de la operación Jaque Mate III, se realizó en las provincias de Guayas, el Oro y Los Ríos, permitió detener además a Rolando Jonathan P.B., quien se hacía pasar como policía en servicio activo, para ingresar a los domicilios, intimidar a sus víctimas y luego extorsionarlas, exigiéndoles cantidades de hasta USD 40 000, a cambio de no hacerles daño.
En este eslabón se desarticuló también a una organización que por medio de amenazas de muerte, exigían 25 dólares semanales a las personas privadas de la libertad en centros carcelarios de esas provincias.
La extorsión incluía maltrato físico y el impedimento de utilizar servicios básicos existentes al interior del centro penitenciario.
Diego Fuentes, viceministro de Seguridad Interna, dio a conocer en Guayaquil los detalles de Jaque Mate III, conformado por los Eslabones 59 al 65, realizado este martes 13 y miércoles 14 de octubre, tras un trabajo de investigación de tres meses.
Los operativos se desarrollaron en las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro.
Se desarticularon a nueve bandas delictivas dedicadas a los delitos de extorsión, usura y secuestro, con la detención de 35 sospechosos nacionales y extranjeros, entre ellos un miembro activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los eslabones 59, 60, 61 se realizaron en Esmeraldas contra las organizaciones conocidas como Los Paisas, Peseros y Los Caucanos, dedicados según la Policía a la extorsión, usura, amenazas y agresiones. “Prestaban altas sumas de dinero y luego ejercían presión bajo amenazas, para el pago.
En las investigaciones se descubrió que personas privadas de la libertad estaban involucradas en estos delitos”, aseguró el viceministro.
En Manabí, los miembros de una organización que operaba también desde la cárcel, se hacían pasar por sicarios que exigían dinero a cambio de no ejecutar el trabajo para el que había sido supuestamente contratados: asesinar a los extorsionados.
Mientras que en Lago Agrio se llegaba a exigir hasta USD 500 000 mediante llamadas realizadas desde Bogotá y el sur Venezuela, a cambio de supuesta información sobre secuestros o para evitar atentar contra la vida de la familia de las víctimas.
Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/operativo-drogas-armadadelecuador-delitos.html.
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