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El lavado de dinero es un delito sancionado con uno a siete años de cárcel y en los últimos cinco años han existido más de siete investigaciones, pero aún nadie ha sido sentenciado, se informó en la Fiscalía.
Se agregó que han investigado a dueños de empresas de pescado y extranjeros, y todos han sido absueltos.
Incluso, en julio del 2013 un exjuez fue detenido y luego expulsado del Consejo de la Judicatura, supuestamente por permitir la liberación de dos personas procesadas por este delito.
Este año, seis personas fueron detenidas en Manta por estar involucradas en el lavado de dinero y en los operativos incautaron ocho carros, diez inmuebles, dos motocicletas y dos yates.
Además decomisaron dos armas de fuego y ocho cajas de municiones. Este hecho fue detectado en mayo y la investigación está en instrucción fiscal.
La Fiscalía investiga cinco casos de lavado de dinero en Manta, pero el proceso de investigación se maneja bajo reserva.
Se organizan.
La fiscal Sonia Barcia manifestó que quienes se dedican a lavar dinero son parte de una organización que aparentemente labora en empresas de buena reputación. “Por ejemplo, forman una asociación y obtienen todos los permisos de la Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos para no levantar sospechas, y luego de un mes disuelven la empresa, pero el movimiento de dinero continúa”, explicó la fiscal.
La funcionaria agregó que el dinero lo ingresan al país a través de las fronteras y puertos para luego entregarlos a empresarios y comerciantes que dirigen empresas y así poner en circulación aquel capital.
Luego deben devolver el dinero como si fuera lícito. “Todo dinero ingresado al país debe ser registrado por la Superintendencia de Bancos y como los que se dedican a esta actividad los traen de forma ilícita lo entregan para que empiecen a circular en el país como si fuera lícito”, añadió.
El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal sanciona a quienes adquieran, transfieran y guarden dinero ilícito con uno a siete años de prisión. A la misma pena se someten los que presten su nombre para formar una compañía. Igual sanción reciben los que financien, asesoren y gestionen el lavado de activos, señala el COIP.
Fuente: EL DIARIO
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