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En la última semana, jueces de Ibarra, Riobamba y Guayaquil dictaron las primeras sentencias con penas que superan los 34 años de cárcel. Los sospechosos fueron procesados por graves crímenes.
El primer caso se conoció el viernes anterior. Un Tribunal de Imbabura condenó a 34 años y 8 meses de prisión a Pablo S. El hombre fue declarado culpable por el asesinato de sus dos hijos.
Investigaciones de la Fiscalía señalan que el sospechoso golpeó a los niños -de cuatro y dos años- con un martillo. El ataque provocó graves lesiones en los cráneos de los menores.
Estos hechos ocurrieron el 31 de diciembre del 2014 en Pimampiro, una parroquia ubicada en Imbabura. El fiscal que manejó este caso llamó a declarar a un psiquiatra que evaluó a Pablo S.
En su testimonio, el perito concluyó que el padre de los pequeños actuó con conciencia y no tenía problemas mentales, como argumentó su abogado.
Un especialista del Instituto de Criminología de la Universidad Central también participó en la audiencia de juzgamiento. El médico sostuvo que el procesado "no cumplía con los rasgos de psicosis que aparentaba".
El Tribunal valoró las declaraciones de los peritos y otros informes que exhibió la Fiscalía y sentenció a Pablo S. a 34 años y 8 meses de cárcel.
Los jueces aplicaron el artículo 140 del COIP que fija una pena de 26 años para este tipo de crímenes. Sin embargo se analizaron los agravantes. El sospechoso atacó a miembros de su núcleo familiar. Eso aumenta en un tercio la pena.
El mismo análisis hizo el Tribunal de Chimborazo para enviar a prisión a Rosa Ll. La mujer fue sentenciada a 34 años y 6 meses de cárcel por estrangular hasta la muerte a su hija de 3 años. El asesinato sucedió el 22 de marzo del 2015.
Reportes de la Fiscalía refieren que ese día la pequeña dejó caer accidentalmente un televisor. La madre enfureció y "agredió a la niña hasta causarle la muerte".
Los investigadores detectaron que la sospechosa intentó enterrar a la menor sin partida de defunción en Colta, una pequeña localidad de la provincia de Chimborazo.
Diego Verdesoto, fiscal que investigó el crimen, llamó a declarar a familiares de la víctima y en el juicio también exhibió evaluaciones psicológicas que descartan problemas mentales de la procesada.
Verdesoto presentó incluso el informe del reconocimiento del lugar en donde ocurrió la agresión. Según la Fiscalía, en esa diligencia la mujer "describió cómo sucedieron los hechos y reconoció el delito".
La tarde de ayer -miércoles 10 de junio- se conoció la tercera sentencia con una pena similar. En Guayaquil, la Justicia condenó a 35 años a Cristian V. por ser el responsable del asesinato de una mujer de 20 años y de su hija de 3. El ataque ocurrió el 9 de mayo del 2014. Datos de la Policía precisan que el procesado agredió con un arma cortopunzante a las víctimas.
Horas después de esos hechos, los agentes lo capturaron. Tenía cortes en las palmas de sus manos y llevaba la ropa ensangrentada. Los investigadores consideraron que esas heridas se las causó "por la manipulación del cuchillo cuando apuñaló 40 veces a su pareja y degolló a su hija".
El COIP, que rige desde el 20 de agosto del 2014, fija penas de hasta 40 años para quienes incurran en diversos delitos.
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