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EL COMERCIO
El presidente Rafael Correa y su bloque de asambleístas tienen listo el libreto para poner a rodar los temas de la consulta, del 7 de mayo.
Solo esperan que el Consejo Nacional Electoral promulgue los resultados oficiales y, así, empezar el trámite de las leyes que viabilicen los temas consultados.
Ese fue el resultado del encuentro reservado que sostuvieron ayer en el Salón de Banquetes de la Casa de Gobierno.
Al ingresar a la cita, Doris Soliz, ministra de la Política, había anticipado que uno de los objetivos era establecer un primer cronograma legislativo. Y, después de tres horas de reunión, el Presidente y sus diputados definieron el orden y el tiempo que se tomarán para tramitar la agenda legislativa que consideran urgente.
En ese marco, la polémica Ley de Comunicación será el primer cuerpo legal que se aprobará para viabilizar la consulta popular.
“Será la primera ley que abordaremos”, anunció el asambleísta César Rodríguez, tan solo bajar por las escalinatas de Carondelet.
Tanto Correa como sus asambleístas coincidieron en que el acuerdo suscrito por los miembros de la Comisión de Comunicación de la Asamblea -incluidos los cuadros de la oposición- destrabó el tratamiento de esta ley.
Por lo tanto, resolvieron que sea la primera normativa a tramitarse. Sin embargo, la apertura del diálogo con los asambleístas de otros partidos no condiciona que el presidente Correa use su facultad del veto una vez que el cuerpo legal llegue a su despacho.
De ahí que no haya ninguna garantía para que queden intactos los textos que sean fruto de acuerdos entre oficialismo y oposición en la Legislatura. Ambos bandos han acordado cambiar el contenido del informe que irá a segundo debate, que ha levantado varias críticas (ver nota compartida).
De hecho, antes de la cita, la ministra Soliz dejó en claro que ni siquiera está en discusión la opción constitucional que tiene el Presidente de modificar el texto de la ley, si así lo considera necesario.
Esta postura quedó asumida por el bloque de Alianza País, al punto que no fue ni siquiera necesario que Correa se refiriera ayer a este tema de forma específica.
“No se habló en absoluto del tema”, aseguró Mauro Andino, titular de la Comisión de Comunicación, al salir del encuentro. No obstante, el legislador sí señaló que en el tratamiento de la ley analizarán detenidamente si en este cuerpo legal cabe incluir el contenido de la pregunta 3.
Según dijo, no debería ser incluida esa interrogante que señala que los dueños de medios nacionales y accionistas de bancos no pueden tener acciones fuera del ámbito financiero y periodístico. Así, el bloque aparentemente tomó el criterio de Pedro Solines, superintendente de Bancos, quien ha dicho que los respectivos organismos de control deberían hacerse cargo del tema.
En el cronograma, que tiene un plazo de 90 días, también figuran otras leyes. Entre ellas las reformas al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, para viabilizar los cambios sobre la prisión preventiva y las medidas sustitutivas. Para armonizar con la nueva conformación de la Judicatura, también se dará paso a modificaciones al Código Orgánico de la Función Judicial. También se priorizarán las reformas a la Ley de Seguridad Social, para castigar la no afiliación al IESS.
Puntos polémicos de la ley
Comunicación
La revisión de la ley de medios marca un nuevo intento para aprobar una de las normas más difíciles.El proyecto se encuentra suspendido desde julio del año pasado. La razón: no hubo un acuerdo para cuatro puntos críticos que los evidenció el asambleísta Mauro Andino, en un informe que entregó a la Presidencia de la Asamblea Nacional.
En su informe para el segundo debate sostuvo que el proyecto se estructura con base en seis capítulos, que incluyen un total de 105 artículos; una disposición general, 17 deposiciones transitorias y una derogatoria.
De ellos, el más discutido es el tercero, que habla sobre las políticas públicas, el Consejo de Comunicación con la regulación de su conformación, estructura y funcionamiento.
Según el reporte de Andino, la integración del Consejo de Comunicación "marcó la ruptura dentro de la Comisión y constituyó la principal causa de la oposición al proyecto por parte de los asambleístas del bloque de minoría (Cynthia Viteri, Lourdes Tibán, Fausto Cobo, César Montúfar y Jimmy Pinoargote).
La discrepancia -dice el informe de Andino- surgió en torno a la interpretación de los términos "autonomía e independencia, que fueron utilizados en el acuerdo ético político del 17 de diciembre del 2009 para definir la forma en que se debería integrar el organismo de control y regulación previsto en la ley".
El segundo punto es la preocupación sobre las facultades administrativas del organismo. La oposición cuestionó el método establecido para el cálculo de la multa, porcentaje de la facturación. Su propuesta principal era que se fije en salarios básicos unificados, incluso uno de sus integrantes llegó a proponer como base el Impuesto a la Renta.
El tercer punto es la democratización del espectro radioeléctrico. La Comisión escogió un método, que consiste en un proceso de renovación condicionado a un trámite previo de evaluación y a la aceptación de ciertas condiciones compatibles con las políticas públicas. Lo que fue cuestionado por la minoría.
El bloque de oposición cuestionó el manejo de los medios públicos. Para los cinco representantes de esa tendencia era fundamental que se fijara una estructura que garantice no solo independencia editorial sino también independencia de gestión respecto del Ejecutivo.
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