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Combatir al sicariato dispone Presidente Correa
Ecuador alista unidades de inteligencia para combatir a los asesinos a sueldo, cuyos crímenes representan el 14% de los homicidios que se cometen cada año en el país, anunció el presidente Rafael Correa, según información de Diario El Universo que se edita en la portuaria ciudad de Guayaquil, Ecuador
La referencia presidencial comenta el informe del Sr. Philip Alston, relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, quien denunció en Quito que “por lo menos el 14% de las muertes (violentas) que suceden en Ecuador cada año se dan a manos de asesinos a sueldo”, y que el problema no recibe atención adecuada por parte de las autoridades.
Reseñando entrevista radial, El Universo destaca las declaraciones presidenciales sobre que se están preparando nuevas estrategias, como por ejemplo unidades de "inteligencia”, para enfrentar el delito del sicariato que está vinculado más al crimen organizado.
El Mandatario reconoció que los homicidios, y en particular los asesinatos pagados, han crecido, pero aseguró que no es un fenómeno exclusivo de Ecuador y que en contraste otros delitos han bajado. “Estamos muy esperanzados en poder enfrentar este flagelo que es planetario. En todas partes del mundo ha aumentado el sicariato y los homicidios, pero por eso no vamos a permitir que en nuestro país aumente”, señaló.
El Presidente Correa destacó que la estrategia de seguridad del Gobierno ha avanzado al punto que en el 2009 el delito solo creció 1%, con lo cual se rompió la tendencia que había elevado esa tasa a 9% desde el 2000. “Y este año esperamos bajarla más”, dijo.
La Fiscalía rebate
El fiscal general, Washington Pesántez y el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Rubén Bravo, deslegitimaron el informe del relator de la ONU, Philip Alston, quien afirmó que la crisis del sistema judicial ecuatoriano, que incluye a jueces, fiscales y Policía, genera impunidad.
Según la Fiscalía, en el 2009 se registraron 2.286 denuncias de asesinato (muerte con alevosía), mientras que los homicidios (muerte provocada) sumaron 1.659.
Pesántez, a través de un comunicado de prensa, dijo que es fácil para un funcionario internacional emitir comentarios negativos contra dos instituciones (Fiscalía y Policía) fundamentales para la seguridad de la ciudadanía y a manera de réplica a las afirmaciones de Alston, informó de la detención de una persona que pagó por un asesinato.
"Como un rotundo, mentís a las afirmaciones del señor Alston, informo a la ciudadanía que el trabajo eficaz y coordinado de la Fiscalía y la Policía ha permitido capturar a los presuntos autores de la muerte de la señora Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano, asesinada en Machala y de la ubicación del autor intelectual, quien habría pagado a los sicarios la cantidad de siete mil dólares para cometer este acto de sicariato”, dijo.
Además, respondió a Alston, quien afirmó que la Fiscalía se dedica a las relaciones públicas en vez de investigar los delitos, al indicar que sí se preocupan de la imagen institucional pero a través de las acciones jurídicas y de la presencia de la Fiscalía en todo el país.
Afirmó que lo dicho por Alston no descubre nada que no supiéramos los ecuatorianos y tampoco aporta soluciones porque tanto el Gobierno nacional como las instituciones que trabajamos para el sector justicia tenemos una conciencia clara de las posibles deficiencias y soluciones.
Para Rubén Bravo, Presidente subrogante de la CNJ, las apreciaciones de Alston son ligeras y no tienen el sustento necesario, pues debió haberse analizado el número de causas en el país y que según las estadísticas hay apenas 6 jueces por cada 100 mil habitantes; mientras, en otros países llegan a 27 por 100 mil habitantes.
Otros datos del informe
Paramilitares
Según el informe de la ONU, a más de la infiltración de las FARC también existe de paramilitares en Ecuador. En Sucumbíos los asesinatos son 100 por cada 100 mil habitantes.
Protección de víctimas
Recomienda retirar a la Fiscalía y Policía el programa de protección de víctimas y testigos, y ampliar el servicio, mejorar su capacidad, credibilidad e independencia.
Autodepuración
El informe concluye en la necesidad de retirar a la Policía la facultad para autodepurarse internamente.
Nuevo ente
Propone la creación de un nuevo organismo para investigar la presunta participación de policías en una muerte, de manera creíble e independiente.
Corrupción
El documento concluye que la Policía y la Fiscalía enfrentan problemas de corrupción, vínculos con el narcotráfico, ineficiencia, falta de capacidad técnica y de capacitación. También menciona que se contrata personal sobre la base de contactos y no por méritos.
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