judicial@elcomercio.com
Un laboratorio de coca en Monterrey. El 28 de mayo último, Antinarcóticos desmontó la instalación en una finca rentada en La Concordia. Foto: EL COMERCIO
INFORME martes 27/07/2010
El hombre llevaba un arma en el cinto, era corpulento y tenía la cabeza rapada. Dos noches seguidas, el desconocido llegó en una moto a la casa de Cristian (nombre protegido), para hablar de ‘negocios’. Pidió que le arrendara sus tres hectáreas de tierra por USD 900 al mes y le aclaró que de llegar a un acuerdo debería dejar la casa.
cifra
60 muertes .se han registrado en el primer semestre de este año en La Concordia y en El Carmen.
Cristian, de 40 años, rechazó reiteradamente la propuesta. Desde entonces, el hombre, con acento extranjero, no volvió más por esa propiedad que está registrada en Monterrey. Este es un pequeño y caluroso pueblo subtropical de La Concordia (Esmeraldas). Cubierto con espesa vegetación, las vías terrestres son estrechas para ingresar a las fincas, donde hay pequeñas viviendas de caña, alejadas unas de otras.
Marcelo Baca es comandante de Policía de La Concordia, pero dice desconocer estos casos. Sin embargo, agentes encubiertos de la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) revelan que redes internacionales que trafican alcaloides buscan propiedades de esta zona para esconder la droga hasta trasladarla al exterior.
Los servicios de Inteligencia detectaron que la red para llevar droga vía fluvial a México, Estados Unidos, Europa o Asia se teje desde Santo Domingo de los Tsáchilas. Desde allí, las mafias tienen corredores fluviales hasta Esmeraldas y Manabí, para salir al mar.
El fiscal de la Unidad de Antinarcóticos de Santo Domingo, Santiago Mozo, dice que este tránsito se debe a que “en la frontera norte no existen suficientes controles” para impedir el paso de los productos ilícitos. “Yo trabajé en Tulcán y pude observar que, por ejemplo, mientras en la frontera teníamos 140 casos de narcotráfico; aquí (Santo Domingo) se registraban por lo menos 150”.
Un sector estratégico para el paso de la droga a los puertos es la Bocana del Búa, un pequeño pueblo enclavado entre tres jurisdicciones: Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo. Al filo de sus calles, llenas de piedras, se levantan casas de madera donde viven los agricultores. La Policía dice que esa zona es usada por los extranjeros que venden droga y que recorren la región para llevar productos ilícitos hasta El Carmen (Manabí) y La Concordia (entre Santo Domingo y Esmeraldas).
Con base en estos datos, Inteligencia determinó que las tres provincias conforman una “zona importante” que los narcos se disputan, a punta de armas de fuego, para vender o traficar droga.
En el primer trimestre del 2010, en Santo Domingo de los Tsáchilas fueron decomisados 316 884 gramos de droga, en Esmeraldas 537 389 gramos y en Manabí 3 075 809; esta última es la segunda zona con más incautaciones, después de Guayas.
Una vía lodosa, abierta entre plantaciones de palma, conduce a Monterrey, también considerada zona estratégica para sacar la droga. En el centro del pueblo las calles permanecen vacías. Los grandes ventiladores en las salas y las hamacas en los pasillos complementan el cuadro de las vetustas viviendas de tablas.
Lucila (nombre protegido) teme cuando al pueblo, de 3 800 personas, llegan desconocidos. Habla en voz baja y apenas refiere el operativo policial que el 28 de mayo desmontó un laboratorio (el tercero de este año). En este se procesaba cocaína (con pasta de coca) y operaba en una finca, a seis kilómetros de Monterrey.
“Sí supimos de eso, estuvimos con miedo por lo que puede pasar”. De pronto, la mujer se queda en silencio, dice que de eso mejor pueden hablar los policías e ingresa de inmediato a su casa.
Dos agentes que operan allí, en un lúgubre retén, se acercan y son cautos al hablar de la droga. “Aquí hacemos lo que se puede para controlar los problemas, pero las cosas a veces se van de las manos”, dice uno de ellos.
Lucila sale nuevamente y lanza una recomendación al forastero: “Aquí es mejor estar calladita, mejor váyase de aquí”.
El director nacional de Antinarcóticos, Joel Loaiza, conoce estas reacciones y hace una revelación: “Esos grupos (narcotraficantes) se aprovechan de la gente pobre para tomarse las fincas, tratan de convencerlos sobrevalorando los arriendos ('). Si no aceptan sus propuestas simplemente dicen (a los propietarios) te vas o te matamos aquí mismo. La gente cede por temor, pero no denuncia. Ese es uno de los problemas fuertes”.
Cristian recuerda las noches en que el corpulento hombre lo visitaba. “Venía bravo y decía que necesitaba cuanto antes mi finca, pero me paré duro”, dice el campesino que usa botas de caucho.
La finca donde estaba el laboratorio de coca estaba rentada a un ecuatoriano, quien a su vez la había subarrendado a un extranjero. Un mes y medio después del hallazgo, el lugar no tiene resguardo policial.
Desde el interior de la pequeña casa cubierta con plantaciones de palma solo se escuchan voces de un hombre y de niños. Dos personas, con botas enlodadas, vigilan la entrada al lugar y dicen que no se puede acceder más, que es tierra privada.
Cuando en mayo la Policía ingresó al predio para tomarse el laboratorio, su propietario, Carlos, explicó que no sabía nada.
En Manabí la demanda de interesados en rentar propiedades para esconder droga es alta, según la Policía. Los agentes dicen estar preocupados, porque del tema solo se habla entre la gente, pero no hay denuncias en la Fiscalía.
El 24 de julio del 2009, La Policía halló 156 456 gramos de cocaína en una finca, también arrendada, en la Cooperativa Río Chila, en El Carmen. Los agentes detuvieron a cinco personas. El 16 de junio, el Cuarto Tribunal Penal de Manabí condenó a dos de ellos (un extranjero y un ecuatoriano) a 10 años de reclusión mayor.
Durante las investigaciones, la Fiscalía determinó que desde este sector y usando ríos como el Búa, Chone, Jama, etc. llegan al mar para intentar trasladar el alcaloide a Estados Unidos.
En El Carmen, este Diario accedió a los archivos del Registro de la Propiedad de ese cantón manabita y halló que unas 80 tierras, de entre tres y 20 hectáreas, cambian de propietarios cada mes.
Carlos Barberán, registrador del cantón, sostiene que este movimiento es normal. En esa ciudad están censadas 10 000 propiedades, entre urbanas y rurales. Según el funcionario una de cada 1 000 pertenece a extranjeros. “De haber algo inusual ya habríamos comunicado a nuestros superiores, pero lo que tenemos hasta ahora es normal”.
La Policía señala que el intento de las mafias por controlar territorios provoca muertes violentas. Entre enero y abril, la Dirección Nacional de la Policía Judicial registró en las tres provincias 180 asesinatos y 57 homicidios.
En La Concordia, en el primer semestre 29 personas fueron asesinadas y en todos los casos se detectó que los autores viajaban en motos. Los casos están en manos del fiscal Gorky Ortiz. El alcalde de La Concordia, Walter Ocampo, reconoce el problema y cuestiona la falta de juzgados. Sus guardaespaldas lucen armas, pero dice que están autorizados.
En El Carmen ocurrieron 31 muertes en este semestre. Uno de los dos fiscales que trabaja en ese cantón dice que la mayoría de muertes está relacionada con personas vinculadas con organizaciones de narcotraficantes, que quieren dominar terrenos, fincas y rutas hasta el perfil costanero.
A las 19:40 del 10 de marzo, desconocidos asesinaron a tres extranjeros en la lotización San Raúl (kilómetro 36 de Santo Domingo a El Carmen). Ningún familiar presentó la denuncia. Lo único que se sabe en la Fiscalía es que los fallecidos no residían en el lugar y que hay nexos con narcos.
El 2 de julio, desconocidos mataron a tres personas más. El hecho ocurrió en la vía a El Porvenir, a seis kilómetros de El Carmen. En el lugar nadie habla del triple crimen. Por este hecho nadie ha puesto denuncia en la Fiscalía. Un hombre delgado, que dice ser familiar de los fallecidos, alerta a este Diario: “Por qué no son precavidos, esto es peligroso”.
Entrevista
Mauricio Moreira
Juez IX Penal de El Carmen
‘Este silencio es parte de la cultura’
Usted tiene 15 años como Juez Penal de El Carmen. ¿Cómo ha evolucionado el delito en el cantón?
Este es un tema generalizado y que va a la par con el desarrollo de los pueblos. La seguridad nos atañe a todos los ciudadanos, no solo a los operadores de justicia.
Pero la gente prefiere no denunciar lo que sucede.
Es típico en ciertos cantones de la Costa y ocurre en El Carmen. Resulta que un día de mucha afluencia de gente, de pronto se escucha un disparo y muere una persona. Los familiares presentan la denuncia, pero en el momento en que se requieren de testigos, no aparecen. Si aparecen dicen que en ese momento estaban ocupados, que compraban algo, que miraban a otro lado, etc.
¿A qué se debe eso?
En el tiempo que trabajo aquí he visto que este silencio es parte de la cultura de la gente; nadie se quiere meter en problemas.
En marzo, tres extranjeros fueron asesinados en el cantón. Según la Policía, estaban vinculados al narcotráfico. ¿Cómo está la investigación?
Oficialmente desconozco. Recibo los casos cuando hay detenidos y precisamente por falta de colaboración de la gente no se pueden dar capturas y las investigaciones continúan en la Fiscalía.
El 1 de julio también fueron asesinadas otras tres personas. ¿ Tampoco conoció eso?
Como digo, se conoce extraoficialmente, pero estos casos tampoco llegaron a mi despacho. No hay detenidos y no se saben quiénes son los causantes.
¿Aumenta la impunidad?
Lo que desearíamos es que haya colaboración de la gente. Yo he fallado en un caso fuerte de drogas, cuando se atraparon a cinco personas en una finca. Es un avance.
Lea mañana. Grupos de armados operan en Manabí y en Esmeraldas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario