jueves, 8 de julio de 2010

Ley de comunicación: juez de Pujilí convoca a audiencia a Fernando Cordero

***SNN
Fuente: confirmado.net


* Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional

El juzgado quinto de lo civil de Cotopaxi, Edwin Palma, llamó a audiencia al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para este el próximo sábado a las 09h00

La acción Constitucional Ordinaria de Protección sobre el proyecto gubernamental de Ley de Comunicación Social, que presentó el movimiento indígena y campesino de esa provincia (MICC), ante Palma, juez de lo Civil de Pujilí, para frenar la aprobación de este texto en la Asamblea y exigir a esa institución que someta el proyecto primero a la consulta prelegislativa.

Raúl Ilaquiche, abogado de esa organización indígena ratificó que presentaron la demanda a nombre de los pueblos indígenas, en aras de que no se apruebe esa ley, se respeten los derechos colectivos y se haga la consulta prelegislativa que contempla la Constitución de la República y cuyo mecanismo ha sido claramente señalado por la Corte Constitucional.

“El Movimiento Indígena de Cotopaxi, lo único que pide en este caso, es que la Asamblea Nacional legisle respetando la vigencia de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales”, señala por su parte, un boletín de prensa emitido por la legisladora Lourdes Tibán.

Ilaquiche aclaró que la consulta legislativa se debe realizar también en el trámite de los otros proyectos de ley, “como la Ley de Educación, porque hay un capítulo que afecta a la Educación Bilingüe, y en el Cotad (Código de Ordenamiento Territorial), porque afecta a lo relacionado con la circunscripción territorial indígena”.

Advirtió que “si no se llama a consulta prelegislativa, iniciarán acciones penales por desacato, que es sancionado con cárcel y destitución, contra la Asamblea y los asambleístas, incluidos los de Pachakutik”.

Luego de efectuada la diligencia, el juez deberá decidir si acoge o no, el pedido de los demandantes para suspender el trámite ordinario de aprobación del controversial proyecto de ley.

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