Los medicamentos están a la orden del día en los cerca de 50 módulos instalados en las calles Manabí, entre Chimborazo y Chile, en Guayaquil, pese a la creación de la Arcsa, ente regulador.
Parte de los medicamentos que se expenden libremente en la bahía, pese a que tienen sellos de prohibida su venta. FOTO: PRODUCCIÓN.
Analgésicos, jarabes, vitaminas, suplementos, antibióticos, ampollas, polvos en suspensión, en fin; medicinas de todo tipo y para cualquier malestar o dolencia cuya venta está prohibida se pueden encontrar, como en farmacia o distribuidora, en un lugar frecuentado a diario por cientos de ciudadanos: la bahía de Guayaquil.
Son más de 50 los módulos que están instalados a ambos lados de la calle Manabí, entre Chimborazo y Chile. Los propietarios o empleados abren sus negocios desde las 08:30 hasta las 18:00 y la oferta está a la vista de todos.
Pese a los controles y operativos que habitualmente se realizan en este sector, las ventas continúan. Llama la atención la cantidad de medicamentos que, pese a que en las cajas o en los comprimidos tienen la leyenda “Muestra médica, prohibida su venta”, o “Medicamento gratuito”, se expende libremente y, en algunos casos, al granel o ‘menudeo’, como algunos vendedores dicen.
La azitromicina, por ejemplo, varía su precio según la farmacéutica fabricante, comenta uno de los vendedores, pero por lo general tiene un valor de $ 1 cada comprimido; el digeril es ofertado en $ 0,10, la unidad; mientras que el omeprazol cuesta $ 0,25 cada una.
Estos son ejemplos de medicamentos que por lo general son distribuidos en forma gratuita en los hospitales públicos y en el Seguro Social. Otros como el jarabe Bitrim, con sello de muestra médica está valorado en $ 0,50. Incluso suplementos como el tarro de Nutricalcim tiene un costo de $ 5. La diferencia radica en que en las farmacias los precios de estos medicamentos son un poco más elevados.
El control sobre estos medicamentos, de venta prohibida —porque provienen de hospitales públicos o porque son donaciones— hasta el año pasado estaba a cargo de la Dirección Provincial de Salud; sin embargo, con la creación de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), esta nueva entidad asumió la competencia.
En agosto del año pasado, en un operativo efectuado en el sector, se incautaron 28 productos, pues se verificó que varios de estos incumplían con los requerimientos mínimos para su expendio como la fecha de elaboración, e incluso sus etiquetas habían sido alteradas. En esa ocasión se decomisó el producto y se clausuraron, al menos 3 locales.
En febrero de este año, el presidente Rafael Correa, visitó sorpresivamente el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Allí constató una serie de problemas que él mismo denunció. Una de esas irregularidades fue que había un faltante de medicinas y que, al parecer, a escondidas las sacaban por un túnel que se descubrió días después.
Voceros del hospital aclararon que todos los medicamentos que se entregan a los afiliados, de forma gratuita, indican claramente que son del IESS y tienen impresa la advertencia de “Prohibida su venta”, junto a la fecha de elaboración y expiración, de tal forma que cualquier otro insumo que no tenga esa especificación no es de la institución.
Hasta antes de la creación de la Arcsa era la Dirección de Salud, a través de sus comisarías, junto con la Intendencia de Policía, la institución que se encargaba de los operativos de control. Es así como en 2011 se efectuaron algunas acciones que determinaron la clausura de algunos módulos y el decomiso de los productos.
El director provincial de Salud de Guayas, Jack Dieb, manifiesta que los operativos han sido recurrentes en la zona, incluso se incrementaron los controles y se sancionó a las personas que incurrían en esta venta ilegal, pero ahora es la Arcsa el organismo a cargo de esta tarea.
“Sí se han incrementado los controles y se sanciona como debe ser, pero esta venta se podría erradicar en un futuro con la reubicación de estos lugares y que empiecen a estar sometidos a la regulación”, sostiene.
Ahora la competencia está en manos de la Arcsa, que deberá elaborar los planes de contingencia para que, a futuro, junto con las autoridades de salud, se puedan aplicar acciones más eficientes para controlar este tipo de expendio.
No obstante, Mauricio Barcos, coordinador zonal 8 de la Arcsa, aclara que esta, al ser todavía una agencia de regulación, no puede aplicar sanciones.
“Cualquier acción que tomemos será de índole reguladora hasta que se haga el traspaso definitivo de la parte sancionadora, ahí ya vamos a tomar acciones, que pueden ir desde la clausura hasta la detención de quienes están jugando con la salud de las personas”.
Esta institución tiene injerencia en todos los establecimientos que cuentan con los permisos de funcionamiento y tienen autorización de expendio de medicinas, pero no en los que lo hacen de manera irregular “lamentablemente, por un limbo jurídico, no podemos actuar porque para nosotros ellos no existen”.
La tarea de la Arcsa se limita, de momento, a regular el expendio, es decir, reciben una queja o denuncia ciudadana sobre lo que ocurre en este sector de la bahía, y ellos acuden al lugar para constatar la veracidad de lo denunciado y se formula un llamado de atención y hasta se decomisa el medicamento de dudosa procedencia.
“En el momento en que las comisarías de salud y los inspectores pasen a la agencia de regulación, ahí sí vamos a tomar todas las acciones amparadas en la ley”, asegura el funcionario. En tal virtud, la Dirección Provincial todavía puede retirar las medicinas que están sin control, ya sea que porque su venta está prohibida debido a que salen del IESS, del Ministerio de Salud, o incluso porque debido a algún compuesto su venta está prohibida libremente por el Consejo Nacional de sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes (Consep).
Finalmente, Barcos aseguró que la transición se dará dentro de poco y entonces la Arcsa tendrá injerencia legal para intervenir en estos lugares.
El 17 de marzo de este año, por ejemplo, miembros de la Unidad de Químicos de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional allanaron 15 módulos de venta de medicinas en la bahía, que vendían fármacos elaborados con sustancias prohibidas o sujetas a fiscalización, por lo tanto, no eran de venta libre. Cinco personas fueron detenidas en el operativo.
Uno de los mayores operativos se registró en enero de 2011. En esa ocasión el entonces intendente de Policía, actualmente gobernador, Julio César Quiñónez, encabezó la acción gracias a la cual se clausuraron cerca de 50 locales, porque se constató que vendían medicinas caducadas y, en otros casos, pertenecían al IESS.
En esa ocasión se contó con la colaboración de personal de la Dirección de Salud, y al menos un centenar de policías. Aunque el operativo era sorpresa, las autoridades se encontraron con los locales cerrados; Quiñónez sostuvo que se habría filtrado la información del operativo.
Pero mientras se formaliza la transición, continúa libremente el expendio de medicamentos pese al sello de “Prohibida su venta”. Incluso, cuando se trata de cápsulas o píldoras, si un usuario desea llevar más unidades de las que caben en una caja, el comerciante introduce el blíster por la fuerza en la caja, de esta forma el cliente no sabe si ese medicamento ha expirado.
Incluso hay comerciantes que no tienen empacho en admitir que venden medicamentos que vienen como muestras médicas. El Omecidol (omeprazol) y el Digeril son unos pocos ejemplos de aquello. Otros productos como la amoxicilina y el Alivol compuesto se ofertan pese a que su uso debe ser bajo prescripción médica.
Fuente: EL TELÉGRAFO
No hay comentarios:
Publicar un comentario