Por Sergio Martín-Carrillo, docente-Investigador del IAEN
Para Sergio Martín-Carrillo, docente del IAEN, a los que promueven la violencia cabría preguntarles si consideran justo que el 1% de la población más rica acapare el 48% de la riqueza mundial.
La última semana en Ecuador se ha caracterizado por los intentos de la oligarquía tradicional de imponer su propio interés sobre los intereses de las grandes mayorías.
Los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana y la creciente clase media han sido interpelados por los sectores más adinerados (ejemplificados por el exbanquero devenido en político Guillermo Lasso) a plantearse la supuesta injusticia de las dos leyes enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su discusión y trámite: la Ley de Herencias (Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza) y la Ley de Plusvalías Extraordinarias (Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización).
Aquellos que están impulsando las movilizaciones y la violencia en las calles contra el gobierno de la Revolución Ciudadana, por la supuesta ‘injusticia’ de estas leyes, deberían plantearse la justicia o injusticia de la actual distribución de la riqueza.
Cabría que se preguntaran si consideran justo que en 2014 el 1% de la población más rica del planeta acaparara el 48% de la riqueza mundial.
Esto nos deja que el otro 99% nos repartimos tan solo el 52% restante. ¿Sabrán cuál es la riqueza media por persona de ese 1% más rico? Pues es de 2,7 millones de dólares por persona.
¿Considerarán justo que las 85 personas más ricas del planeta posean la misma riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres?
¿Es justo que el 80% de las personas más pobres del planeta se distribuya solo el 5,5% del total de la riqueza mundial?
Estos datos son parte del informe anual de Intermon Oxfam sobre desigualdad en el mundo. Y no, por supuesto que no es justa esta distribución de la riqueza a nivel mundial.
En América Latina esta situación de desigualdad se agrava aún más y Ecuador no es una excepción. A finales de la década del 90 y en los primeros años del nuevo siglo, las políticas neoliberales emanadas del Consenso de Washington provocaron en Ecuador un empobrecimiento generalizado de las mayorías y un enriquecimiento muy elevado de las minorías gobernantes (por cierto, años en los que el señor Guillermo Lasso ocupaba puestos de alta responsabilidad política).
Desde 2006 se ha reducido la desigualdad en Ecuador, el Coeficiente de Gini, medido por consumo, cayó desde el 0,45 en 2006 al 0,4 en 2014.
Sin embargo, Ecuador sigue siendo un país desigual. Es ahí donde radica la importancia de las nuevas leyes, que luchan por una sociedad más justa.
Y es esta lucha contra la desigualdad la que está molestando a los de arriba, porque sí es cierto que tocan sus ganancias, las ganancias de los sectores más enriquecidos.
Para ellos, no es justo que toda la sociedad pueda tener acceso a las mismas oportunidades, porque claro está, el juego redistributivo no es un juego de suma cero.
Es un juego en el que los muy ricos tendrán que compartir parte de su riqueza con los muy pobres, los pobres y las clases medias.
Según los datos facilitados por el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, el impuesto solo lo pagará el 2% más rico, y solo pagarán unas cuantías significativas el 0,1% de la población.
Ahí se entiende el malestar de los sectores más pudientes, que no quieren repartir su enorme trozo del pastel con las mayorías sociales, pero que están utilizando a una parte de las mismas para que defiendan sus propios intereses.
Preguntemos ahora, ¿no es justo que los que más tienen puedan compartir una parte de su riqueza para que esta pueda ser redistribuida?
O en otras palabras, ¿no es justo que aquellos que ya tienen todas sus necesidades básicas satisfechas deban pagar más impuestos para que el Estado pueda redistribuir de forma que toda la sociedad ecuatoriana tenga igualdad de oportunidades?
¡Claro que es justo!
La igualdad de oportunidades es un concepto clave, pues nos permite comprender qué se entiende por justicia social con equidad.
La redistribución de la riqueza no persigue que toda la población tenga las mismas propiedades materiales, sino que persigue que todos tengan las mismas oportunidades para cubrir sus necesidades.
Es decir, estas leyes persiguen el objetivo de que toda la población ecuatoriana pueda tener la misma capacidad de acceso para satisfacer sus necesidades básicas.
Entre estas necesidades básicas está la vivienda digna, la alimentación, el vestido y, por supuesto, disponer de una sanidad y una educación públicas de calidad y accesibles para toda la sociedad.
Este enfoque sobre la equidad está relacionado con la visión social con cierto carácter colectivista en la que la justicia social se define por tres puntos básicos:
1) la equidad debe ser entendida como la igualación de oportunidades
2) la libertad, que debe ser conceptuada, no como ausencia de un Estado redistribuidor, sino como el ejercicio de la elección individual bajo condiciones equitativas de poder económico y político;
y
3) la caracterización del bien colectivo que se antepone a los deseos del individuo y cuyo contenido es interpretado por la mayoría social y gestionado por el Estado.
Esto no lleva a la desaparición del bienestar individual, sino a que este quede supeditado al bienestar social. Bajo este enfoque se defiende la intervención del Estado en la economía como garante de unos mayores niveles de equidad.
Esto, mediante el establecimiento de impuestos, nacionalización de la propiedad o coacción de los comportamientos individuales que no conducen a la obtención del bienestar social.
¿Acaso no es justo que el Estado tenga la capacidad de asegurar la igualdad de oportunidades de toda la población?
Para el 99% de la población claro que es justo. Sin embargo, volvemos a reiterar que las mayorías más enriquecidas no están dispuestas a repartir su parte del pastel.
Estos intereses de la oligarquía más poderosa se encuentran ligados a la corriente libertaria donde la justicia social no está caracterizada por la equidad.
Uno de los máximos exponentes teóricos de esta corriente es Robert Nozick, que pone a la propiedad privada en el mismo nivel que la vida y la libertad, dándole a estos tres la categoría de derechos naturales.
Rechaza el término de justicia distributiva y considera que el Estado no tiene derecho moral para intervenir con la finalidad de redistribuir la renta y la riqueza.
Considera como un robo la política impositiva cuando tiene fines redistributivos, siendo este tipo de políticas una violación de la libertad y de la propiedad privada.
Bajo esta orientación se inscribe buena parte de las consignas y eslóganes que durante la última semana ha lanzado la oposición más reaccionaria en Ecuador.
A menudo, estos sectores confunden libertad con propiedad privada. Por este motivo caen reiteradamente en el error de hablar de la supuesta falta de libertad, cuando lo que ocurre es que el derecho a la propiedad privada queda subordinado a otros principios, en este caso al de equidad.
En este sentido, es necesario exponer que la equidad puede menoscabar la propiedad privada de los más ricos, cierto, pero no puede menoscabar jamás la libertad.
Es esta una de las principales falacias utilizadas por la derecha ecuatoriana e internacional. Por tanto, ¿suponen estas leyes menoscabar la libertad individual de la población ecuatoriana? No, claramente no.
Volviendo al concepto de equidad, es necesario aclarar que esta no consiste en tratar a todos los individuos de igual forma. Amartya Sen centra su enfoque en la igualdad de capacidades. Esta concepción consiste en tratar desigualmente a aquellos que nacen en unas condiciones desfavorables.
Esto justifica que el Estado pueda cobrar mayores impuestos al 2% de la población más rica, de forma que se garantice la igualdad de oportunidades (o capacidades) del 100% de la población.
Es claro que los más ricos deberán aportar más, pero solo podrán justificar su oposición a las nuevas leyes desde posiciones individualistas y egoístas.
Por el contrario, las mayorías debemos tener en cuenta que una sociedad justa es una sociedad donde las desigualdades tienden a desaparecer y donde el bienestar individual queda supeditado al bienestar social.
Será la lucha por una sociedad más equitativa la que permita a Ecuador seguir avanzando hacia el Buen Vivir. ¡Adelante con las nuevas leyes! (O)
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