Los controles policiales y militares ejecutados en la provincia de El Oro han permitido identificar diversas modalidades utilizadas por los contrabandistas para obtener ganancias a costa del subsidio estatal.
En las diferentes esquinas de la Av. La República, en el cantón Huaquillas, se evidencia la ilegal venta de diesel. Los encargados de la comercialización son ancianos y niños, utilizados por las mafias para desarrollar esta actividad.
A la altura de la parroquia Chacras, en la provincia de El Oro, un camión tipo furgón marca Hino, de placas OCK-439, fue sometido a una revisión de rutina.
Más de una decena de militares fueron los encargados de constatar que el conductor -identificado como Santos Ernesto Montesdeoca Villegas- no transportara combustible destinado al contrabando.
Todo parecía un chequeo sin reporte de ninguna anomalía hasta que Montesdeoca adoptó -de un momento a otro- una actitud sospechosa, en la que evidenciaba un absoluto nerviosismo.
Entonces se procedió a inspeccionar el furgón de forma más detallada, lo que permitió identificar alteraciones enlas cañerías del tanque de combustible. Era tal la irregularidad que las mangueras conducían a tres compartimentos que distribuían el líquido a la parte superior del cajón de carga del automotor.
Esas evidencias fueron suficientes para detenerlo e iniciar un proceso judicial en su contra por el delito de transporte ilegal de recursos hidrocarburíferos.
En similar circunstancias fueron aprehendidas (desde el 2007 a la actualidad) 807 personas como parte de los operativos de control ejecutados en el territorio nacional. A este resultado se suma el decomiso de alrededor de 714 mil galones de diesel y gasolina, 23 mil de crudo liviano y 50 mil cilindros de gas licuado de 15 y 45 kilos.
La Unidad de Investigación de Delitos Energéticos (UIDE), encargada de acciones de control, reveló en un informe que la recuperación del combustible procedente del contrabando ahorra al Estado montos millonarios, al considerar que Ecuador gasta por año alrededor de doscientos millones de dólares en subsidios a los combustibles y al gas licuado de petróleo (GLP).
En un mes la UIDE ha llagado a decomisar 3.000 galones de gasolina extra, 30.000 de diesel y 354 cilindros de gas. Esto deja un resultado a favor de la nación por más de $54.000, cifra que se hubiera triplicado en el mercado negro peruano.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, un cilindro cuesta en el país $ 1,60 y en Perú $ 17. Mientras que el galón de gasolina Súper en el vecino país está en $ 3,21 y en el Ecuador su precio es de $ 2.
En la provincia de El Oro se encuentra el principal filtro de revisión instalado para detectar estas irregularidades. Se trata del Control Militar, donde alrededor de 30 uniformados revisan durante las 24 horas del día los vehículos que ingresan y salen del cantón Huaquillas.
“Aproximadamente 2.000 galones de diesel son decomisados por mes en este punto”, cuenta el oficial a cargo de las operaciones, que prefirió no idenficarse por motivos de seguridad.
La jornada de control en la zona se desarrolla en cuatro turnos. Un equipo conformado por cuatro elementos es el encargado de verificar la cantidad de combustible que llevan los camiones de carga pesada.
Venta informal en el cantón
Ancianos y niños figuran como los expendedores del diesel, que se comercializa desde un dólar en adelante. “Aquí vendemos el galón a 2,50 dólares... lo que nos ganamos por esa venta es 30 centavos, ya que quien nos da el producto (desde Machala) nos cobra 2,30 dólares”, narra Miguel Sarmiento, quien desde hace dos años se dedica a esta actividad. El mal uso de tanques de gas y su tráfico al sur del país es algo que también preocupa a las autoridades en esta provincia.
A través de controles, solo en septiembre pasado se logró decomisar 126 cilindros de GLP de uso doméstico (15 kilogramos) en los cantones Machala, Santa Rosa, y Pasaje. La incautación se realizó en restaurantes, hoteles, granjas avícolas y secadoras de granos.
Jorge Luis Cuenca, fiscal de la Unidad de Delitos Organizados Nº 2 de El Oro, indicó que las sanciones establecidas por el delito de hidrocarburos van desde multas hasta la privación de la libertad. “Las amonestaciones económicas se aplican por montos que oscilan de 500 a 1.000 remuneraciones básicas en los delitos de prisión. Mientras que en los casos de reclusión llegan a las 2.000”, detalló el funcionario.
El Código Penal fija la pena de dos a tres años de prisión en casos de mal uso. Mientras que por tráfico -según el artículo 367- es de 3 a 6 años de reclusión menor ordinaria. Cuenca detalló que existen diversas modalidades utilizadas por los contrabandistas para pasar el combustible por el Canal Internacional de Huaquillas hacia Aguas Verdes (Perú).
Reveló que en las últimas semanas se intervinieron seis bodegas donde se encontraron irregularidades. El crimen organizado, dedicado al contrabando, ha adoptado diversas modalidades para cumplir con su objetivo. Un ejemplo de ello fue lo reportado por la UIDE, cuando dos trailers peruanos, que transportaban diesel de manera ilegal hacia el vecino país fueron retenidos en el puente internacional de la localidad.
Camioneros llevan el líquido
Al chequear los vehículos se comprobó que en horas de la tarde los camioneros llenaron sus tanques de diesel con una cantidad superior a los 100 galones.
Las investigaciones determinaron que el abastecimiento excesivo lo realizaron en la gasolinera Repsol, ubicada en la parroquia La Iberia, perteneciente al cantón El Guabo (en El Oro). Así se descubrió que camiones peruanos de transporte pesado ingresan al país de manera legal con la finalidad de llevar cargamentos de combustible hacia su tierra de origen.
Para Marcelo Torres, director Ejecutivo del Plan Binacional Capítulo Ecuador, el fenómeno del contrabando es el reflejo de los problemas sociales existentes en la frontera. En este contexto se refirió a la falta de trabajo que es aprovechada por las mafias para incitar a las personas de escasos recursos a participar en esta actividad.
Torres añadió que los cantones Macará, Huaquillas y Zapotillo son los lugares donde se identifica con mayor frecuencia esta tendencia. “Ante ello se están diseñando alternativas laborales para la población... por ejemplo, se piensa en desarrollar actividades vinculadas al crecimiento turístico, el tema se está trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados”, acotó.
El funcionario dijo que de los 1.500 kilómetros de frontera solo el 15% está siendo explotado turísticamente como una alternativa de comercio. Para la Asambleísta Nívea Vélez Vélez es necesario que la Ley de Desarrollo Fronterizo dé prioridades de desarrollo comercial para evitar el contrabando.
Acotó que la medida permitirá el desarrollo local y cantonal, ya sea a través de iniciativas nacionales llevadas a cabo por entidades públicas, comunitarias o privadas. Resaltó también que las acciones deben estar encaminadas a objetivos comunes, en función siempre del bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.
Roberto Angüis, funcionario del Gobierno de Perú, confirmó que las propuestas a ejecutar están siendo enfocadas binacionalmente para beneficiar a ambas poblaciones.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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