La pelea entre un grupo de internos, el pasado sábado, dentro del Centro de Rehabilitación Social de Varones, más conocido como Penitenciaría del Litoral, y que terminó en la muerte de tres de ellos, no es un hecho aislado.


Un incidente similar se registró el pasado 18 de abril, cuando uno de los presos disparó e hirió a otros dos durante la hora de visitas conyugales. En un requisa realizada inmediatamente, la Policía decomisó una pistola 9 milímetros y cuchillos. En el control que se hizo, luego de la muerte de los tres internos, la Policía decomisó 41 armas cortopunzantes, un revólver y sobres con droga.


La Penitenciaría, ubicada en la vía a Daule, en el noroeste de Guayaquil, registra al menos otras siete muertes de internos y guías penitenciarios desde el 2008, según notas de prensa. Los dos casos más recientes se registraron en octubre del 2011.


El primero fue un privado de libertad encontrado en el basurero de uno de los pabellones, con 15 puñaladas. El otro caso fue en diciembre del mismo año, cuando se confirmó que un reo murió envenenado.


Según la Policía, se presume que los motivos de los enfrentamientos son el liderazgo por la venta de drogas y por el dominio del centro de rehabilitación.


El incidente del sábado pasado se produjo en el horario de visita general, en la cocina aledaña al pabellón Sol Naciente, donde se ubica a quienes están sentenciados por narcotráfico.


La familia de uno de los fallecidos relató que la riña se habría originado entre el cabecilla de uno de los bloques y sus antiguos guardaespaldas. La versión fue recogida en la Fiscalía.


El dominio de las zonas determinaría quien ejerce el control en la cárcel. El lugar alberga a alrededor de 5 100 privados de libertad, que lo convierte en el centro penitenciario más grande.


Ese control de los pabellones quedaría anulado con el traslado de los cabecillas de las bandas a los nuevos bloques que construye el Ministerio de Justicia, como parte de una reestructuración. “Los líderes de las bandas se oponen al traslado a los nuevos pabellones, porque se les terminaría el alquiler de las celdas y la venta de alcohol y drogas”, explica el fiscal que lleva el caso, Julio Vacacela.


De los USD 35 millones destinados el 2011 a proyectos de rehabilitación social, el 72% se invirtió en 22 obras a cargo de la Subsecretaría de Gestión de Atención a Personas Privadas de Libertad.


De ese porcentaje, el 54% fue para la reconstrucción de la infraestructura penitenciaria.


Esa inversión se incrementó a USD 125,8 millones para el 2012, según el Ministerio. De ese dinero, el 64,6% se fue a obras de mejoramiento y construcción de nuevas cárceles.


La Gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, el Director de la Penitenciaría y los jefes policiales se reunieron ayer, a puerta cerrada, para analizar el reciente incidente en Guayaquil.


Hugo Albán, jefe policial del distrito Pascuales, destacamento a cargo de la vigilancia externa de la Penitenciaría y de la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, dijo en abril a este Diario que la riña que ese mes dejó dos heridos se produjo en el sector denominado Punk.


 Ese bloque de celdas ya fue demolido y los internos, trasladados a uno de los seis nuevos pabellones.


Pese a la inversión en seguridad y en construcción de nuevas instalaciones, las armas y las drogas siguen ingresando. El lunes de la semana pasada, la Policía realizó una requisa y dijo haber encontrado 2,5 kilos de droga en posesión de un reo.


La Policía Antinarcóticos del Guayas presentó al reo José R. como el portador del alcaloide. Según el jefe de esa dependencia, Wladimir León, la persona estaba recluida precisamente por el delito de tráfico de drogas desde el 2011.


El fiscal Vacacela cuestionó ayer la falta de control dentro de la cárcel. “Lo que sucede es gravísimo. Se pelean entre bandas, se viola, se empeña a los presos libremente. Es tierra de nadie ”


Los familiares de los internos expresan la misma preocupación. Gloria Montaño, presidenta de la Confraternidad Carcelaria, que agrupa a familiares del 8% de los internos, cree que el origen de los incidentes es la presencia de armas y drogas. “La Policía debe hacer una investigación profunda sobre cómo ingresan, pese a que han mejorado los sistemas de control al ingreso”.


La Penitenciaría del Litoral recibe un estimado de 4 000 visitas diarias los sábados y domingos. Los familiares recién pudieron ingresar el domingo en la mañana, luego el incidente del sábado. Mientras la Fiscalía abrió ese día una indagación previa para investigar las tres muertes.





Fuente: EL COMERCIO*