viernes, 7 de septiembre de 2012

Factura sí fue emitida a nombre del abogado Joffre Campaña en el caso Invermun, ratifica notario

***SNN






El notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Humberto Moya, ratificó que hay una factura pendiente de pago de Joffre Campaña, procurador jurídico de sectores de oposición al Gobierno.


El notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Humberto Moya, ratificó que hay una factura pendiente de pago de Joffre Campaña, procurador jurídico de sectores de oposición al Gobierno, por el reconocimiento de firmas de la declaración del exgerente de la empresa de juegos de azar Invermun, en la que realizó falsas acusaciones de supuestas coimas a altos funcionarios del Estado para que le permitan realizar su actividad.


Moya aseguró que el abogado Campaña lo llamó el pasado 22 de septiembre para pedirle que atienda a Solórzano y le preste sus servicios notariales. “Aquel día estaba por salir de mi despacho y me llamó el señor (Joffre) Campaña, recurrente usuario de este despacho, y me solicitó que lo espere al señor solorzano que venía a pedirme reconoza la firma en los documentos emitidos por ellos y la firma por la autoría del documento, lo cual se hizo”.
 
 
El notario añadió que su despacho facturó a nombre de Campaña por el trabajo realizado. “Esa factura existe y no ha sido cancelada. Le puedo decir que está facturado y me remito a mis expresiones hechas en la declaración que me pidieron rendir (ante el Noveno Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, el pasado 27 de agosto).
 
 
No obstante indicó que podría ser que alguien haya mandado a pagar, pero la factura emitida está como impaga en los archivos de la Notaría. Humberto Moya añadió que luego de sus declaraciones ante la justicia, Campaña le cursó una comunicación para pedirle razones sobre su testimonio, por lo que remitió una certificación en la que le indicó que hay una factura a su nombre pero que está impaga.
 
 
Jaime Solórzano fue sentenciado a tres meses de prisión correccional y al pago de daños y perjuicios por el delito de ofensas a funcionarios públicos por sus declaraciones realizadas en medios de comunicación en los que aseguró que había coimado a funcionarios de Estado.
 
 
 
 
 


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