El defensor público, Ernesto Pazmiño, explica a Vistazo los argumentos que sustentan la necesidad de este debate. Pero en Ecuador, la tesis tiene pocos adeptos: 13 de cada 100 encuestados la apoyan.
¿Qué tienen en común Mario Vargas Llosa, Sting, Yoko Ono, Lech Walesa y Juan Manuel Santos? Estas figuras mundiales acaban de firmar un manifiesto que recomienda revisar la política global de criminalizar las drogas. En Ecuador, el debate sobre la necesidad de ir hacia la despenalización lo inicia el defensor público, Ernesto Pazmiño, en entrevista con Vistazo.
“La propuesta sobre drogas en el nuevo Código Penal Integral es un avance y pone en el tapete la discusión sobre la descriminalización y despenalización de las drogas. Esto evitaría la existencia de grandes carteles y bandas de crimen, disminuiría la violencia en los países de América Latina, como el nuestro.
Es indispensable sincerar el debate, propongo abiertamente la “discusión”, argumenta Pazmiño, titular de la Defensoría Pública del Ecuador.
“Si actuáramos con responsabilidad iniciaríamos un debate serio, transparente, técnico y científico sobre la posibilidad de despenalizar el comercio de drogas. Hay que fortalecer una política de prevención, de información al sistema educativo.
La discusión debe rebasar cualquier cálculo político, debe realizarse en escenarios técnicos antes que políticos, a la Asamblea debe llegar un insumo debatido previamente, porque grandes leyes se han caído por criterios meramente políticos”, explica el Defensor Público.
La Defensoría Pública, creada por decreto ejecutivo en 2007, detectó que el 34 por ciento de los detenidos en cárceles perdió su libertad por drogas. El 95 por ciento cayó por tráfico de cantidades menores.
El 4 de julio de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente indultó a los detenidos por traficar menos de dos kilos, que hubieran cumplido un año de sentencia. Alrededor de 2.500 “mulas” obtuvieron la libertad. El hecho de que menos del uno por ciento reincidiera es una evidencia de que “La Ley de Drogas vigente es una respuesta sangrienta y punitiva; criminaliza la pobreza y castiga a los eslabones más débiles”, argumenta Pazmiño.
En el manifiesto que en noviembre firmaron líderes mundiales en Londres, aseguran que “No podemos erradicar la producción, demanda o uso de las drogas, por tanto debemos encontrar caminos para minimizar los daños”.
Un discurso con el que sintoniza el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien reveló al diario británico The Guardian: “Es tiempo de repensar acerca de la guerra de las drogas (...) Hemos perdido a nuestros mejores jueces, nuestros mejores políticos, nuestros mejores periodistas y nuestros mejores policías en esta batalla y el problema sigue ahí (…)”.
Aunque aclaró que no lideraría un movimiento para replantear la política antidrogas, su posición es que le “Gustaría hablar acerca de la legalización de la marihuana y más que la marihuana”.
El giro del nuevo Código Penal
La propuesta de Código Penal Integral que el Ejecutivo envió a la Asamblea incluye un capítulo sobre drogas y sustancias que reemplazaría la legislación vigente desde 1991, cuando el Congreso aprobó la polémica Ley 108.
Para empezar, el fenómeno deja de ser un tema de seguridad nacional y se considera un asunto de salud pública. La propuesta fija dosis que pueden ser consideradas como cantidades de consumo, para que los jueces no se equivoquen al definir si tienen ante sí a un consumidor o un traficante de sustancias.
Jorge Paladines es catedrático de Criminología Crítica y de Política Criminal en la Universidad Andina Simón Bolívar. Colabora con la organización Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos). El académico afirma que la legislación propuesta constituye un gran avance pues la ley actual “Llenó de mulas y pequeños traficantes las cárceles y plantea penas desproporcionales, que hacen que en Ecuador alguien pueda ir 16 años a la cárcel por matar y 25 años por traficar con drogas”.
“El fenómeno de las drogas debe ser mitigado a través de políticas de salud pública, el abordaje debe partir de un enfoque de política de reducción de daños y no de guerra, que respondió a los intereses de Estados Unidos. Si partiéramos de esta última premisa, deberíamos declarar la guerra a las hamburguesas y todas las comidas saturadas que causan diabetes, ésta es la primera causa de muertes en nuestro país”.
Paladines explica que uno de los avances de la legislación propuesta consiste en fijar una gradación en las distintas esferas de la producción y el tráfico; además, diferencia el macro y el microtráfico.
Ramiro Ávila, experto en Derecho Penal y Catedrático en la U Andina Simón Bolívar, argumenta que el capítulo Drogas es el único de avanzada en la propuesta de Código Penal Integral. “La legislación vigente presume que toda persona que porta drogas pertenece al crimen organizado. Para consumir entras en el circuito del mercado, pero la Ley actual pone en el mismo saco al que la porta y al jefe del cartel”.
Ramiro García es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central y preside el Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal. Según estudios de este instituto, la legislación vigente permite absurdos como los casos ocurridos en Chone en 2010, cuando los tribunales impusieron ocho años de prisión a un hombre que portaba 1,1 gramos de cocaína. Días más tarde, la justicia absolvió a un procesador aprehendido con 75 gramos de marihuana y 34 gramos de base de cocaína.
La polémica
Desde un punto de vista médico, drogas es un término muy amplio, explica el médico y asambleísta Leonardo Viteri. “Los cambios que plantea la propuesta de Código Penal Integral son contradictorios, por un lado, la legislatura prohíbe fumar en sitos públicos pero el texto propuesto permite que una persona pueda portar ciertas cantidades de sustancias”.
No se puede poner en el mismo saco a drogas como la marihuana y la cocaína, y drogas sintéticas, que causan mayores niveles de adicción, argumenta Viteri.
“Desde la perspectiva del consumo, es un problema de salud pública. No puede perderse, la perspectiva de Estado, porque Ecuador no está exento de la tríada perversa: drogas, democracia y corrupción”.
La contradicción más grave –a su juicio– se encuentra en el texto constitucional vigente. “Estar drogado es un atenuante cuando alguien comete un crimen, como si un individuo matara a sus padres y la sociedad lo mirara con pena porque ha quedado huérfano”.
Las voces críticas a la legislación propuesta por el Ejecutivo se escuchan en el propio bloque de asambleístas del régimen. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y asambleísta por PAIS, advirtió a Vistazo que la propuesta será minuciosamente revisada, incluyendo las cantidades fijadas como dosis de consumo, “Para evitar que a pretexto de consumo se incentive el microtráfico”. Aunque reconoce como un avance la definición de los niveles de participación en los circuitos del micro y macrotráfico, cree que el consenso se construirá en la discusión. “La tesis de despenalizar es compleja. Es difícil señalar si aquí en nuestro país se podría aplicar; cometer un error sería grave”.
Carlos Arrobo, presidente de Capacitación Legal Continua (CLC), conoce a fondo la legislación vigente. Él reconoce que las cárceles se llenaron de microtraficantes, “No se puede inferir, sin embargo, que hubo un propósito deliberado de dejar de perseguir a los transgresores a gran escala. Las organizaciones delictivas están un paso por delante de quienes las persiguen”. Según el experto, “Parece evidente la necesidad de nuevos enfoques”.
El globo discute cuál es el siguiente paso. California, en Estados Unidos, consultó a su población si se debía despenalizar el consumo de marihuana para fines recreativos. En ése y otros 16 estados de EE.UU. la marihuana es admitida con fines curativos. Es hora de que nuestro país debata.
Aunque una encuesta difundida por revista Semana de Colombia determina que el 13 por ciento de ecuatorianos apoyaría la tesis de despenalizar, el aporte del nuevo Código Penal puede ser posicionar la discusión.
Droga en cifras
Cultivo. En 2010, la coca fue cultivada en 149.100 hectáreas en los países andinos (Colombia, Perú y Bolivia) en un área equivalente a una y media veces a la superficie de Hong Kong.
Consumo. Alrededor de 444 mil kilos de cocaína pura se consumieron en el mundo en 2009. Entre 149 y 272 millones de personas –que representan entre el 3,3 y el 6,1 por ciento de la población de entre 15 y 62 años– consumió drogas ilícitas al menos una vez en el año previo a la encuesta, según la Oficina de Naciones Unidas para Drogas.
Despenalización. Una encuesta difundida por revista Semana de Colombia determina que el 85 por ciento de ecuatorianos está en contra de despenalizar; el 13 por ciento apoya. El menor porcentaje de rechazo en la región se da en Colombia: 76 por ciento en contra, y 22 a favor de la propuesta.
El mercado clandestino de los “porros”
Por Valeria Guerrero
La droga de uso más extendido parece ser la marihuana. Hay diferentes tipos; el precio varía de acuerdo a los efectos que las variedades producen: mientras más barata es, existe más probabilidad de tener un “mal vuelo”, que puede significar un ataque paranoia (miedo de que la policía o los vecinos se den cuenta de que se ha consumido droga).
La chola y la mango biche son más económicas y se encuentran con mayor facilidad en el mercado. Se venden en fundas que contienen un gramo aproximadamente y cuestan un dólar.
La chola también se vende en forma de “ladrillos”, bloques con grandes cantidades de marihuana comprimida. Un bloque de aproximadamente 8,5 x 5 x 7 cm puede costar 50 dólares. Esto alcanzaría para aproximadamente 150 porros (cigarrillos de marihuana); para armar cada uno se necesitan de tres a cuatro gramos aproximadamente.
Las variedades más caras como creepy, ak47 o shiva son más difíciles de conseguir. Un poco más de un gramo cuesta 10 dólares. Hay características físicas que los consumidores conocen para diferenciar las distintas variedades, como color, textura o dureza. Por ejemplo, un consumidor explica que la mango es verde clara y blanda, mientras que la creepy tiene aspecto fresco y es rígida.
Es relativamente fácil conseguirla, a través de dealers o brujos. Generalmente, a través de redes de contactos.
Drogas como paliativo
Ximena Pozo es una médica ecuatoriana que ayuda a pacientes con enfermedades crónicas y terminales. A través de cuidados paliativos, busca aliviar el dolor de personas que viven con cáncer o con dolencias incurables.
La legislación ecuatoriana permite el uso de los derivados del opio (opioides) como medicamentos de primera elección para disminuir el dolor.
La morfina es el más común de los opioides. Las autoridades sanitarias importan anualmente 3,5 kilos de polvo de opio, para elaborar medicamentos a base de morfina, cuya presentación más común consiste en ampollas inyectables. “Estudios nacionales muestran que el país necesita 15 kilos anuales de polvo de opio para elaborar medicamentos. La oferta es inferior a la demanda. Muchos pacientes son maltratados en los días finales de su vida, sufren por el dolor; varios médicos se evitan el engorroso procedimiento que se requiere para expedir una receta de este tipo”.
El trámite implica un registro del médico ante el Instituto Izquieta Pérez; luego, la compra de un recetario donde cada prescripción va por triplicado. Cuando el médico prescribe el fármaco, el documento tiene 72 horas de validez. Si el familiar no logra adquirir la receta en este plazo, debe emitirse una nueva. Por eso, no todos los facultativos los prescriben.
En el país no se autoriza el uso de los derivados del Cannabis (género al que pertenece la marihuana), pero los enfermos sí acceden a ella con fines terapéuticos, a través de redes de contactos. Éste es el mecanismo más común para comprar drogas en el medio.
Un problema, tres visiones
Ernesto Pazmiño, Defensor Público.
“Propongo abiertamente un debate serio y científico sobre la posibilidad de despenalizar el comercio de drogas. El debate debe realizarse en escenarios técnicos y no políticos, a la Asamblea debe llegar el resultado de una discusión técnica”.
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea.
“La propuesta de Código determina hasta qué dosis es el consumo. Pero hay que adecuar técnicamente la definición de estas dosis, no queremos que a pretexto del consumo se comercialice a baja escala”.
Leonardo Viteri, asambleísta y médico.
“El Código Integral Penal abre la puerta a terribles contradicciones.
Hemos legislado para prohibir fumar en sitios públicos pero el código propuesto permite que la gente porte ciertas cantidades de drogas sin problemas”.
Legislación vigente
• Se basa en la Ley 108 (Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de 1991, con reformas posteriores).
Define al tema como un problema de seguridad del Estado.
• Castiga la tenencia o posesión ilícita con 12 a 16 años de reclusión y multa de 60 a 8.000 salarios vitales, sea cual fuere la sustancia o cantidad.
• Para las mulas y vendedores a pequeña escala, se aplican de 8 a 12 años y multa de 40 a 6.000 salarios vitales.
• La sanción no se aplica cuando la cantidad que es encontrada es indispensable para el consumo de un narcodependiente, esto se determina mediante un peritaje.
La Ley no fija de antemano la cantidad o dosis de uso personal.
Propuesta de nuevo código
• Define al problema de drogas como un tema de salud pública. Esto se deriva del texto constitucional vigente.
• Establece dosis que se considerarán como cantidades para consumo, y por tanto no será castigada la tenencia o posesión.
• Dosis propuestas para consumo: marihuana o hachís, hasta 10 gramos; opio, hasta 4 gramos; diacetilmorina o heroína hasta 10 miligramos; cocaína, hasta 5 gramos.
Lisergida o LSD, hasta 0,020 mg. Metilendioxianfetamina (MDA) / Metanfetamina hasta 80 mg polvo, granulado o cristal.
• Diferencia la producción y el tráfico a gran escala y a menor escala. Distingue si es producción o tráfico para comercio nacional o internacional.
• La máxima pena que contempla es 19 a 25 años, si la persona es vinculada con la producción o el tráfico a escala internacional.
A escala nacional la pena prevista es de 15 a 19 años.
Oposición enorme
El noticiero colombiano CM. Realizó una encuesta en varios países de América Latina. Los resultados revelaron que hay un gran rechazo a la posible despenalización de la droga.
Así respondieron a la pregunta
¿Es usted partidario a la legalización de la droga?
Bolivia No: 89%
Chile: No: 89%
Venezuela: No: 88%
Ecuador: No: 85%
Uruguay: No: 84%
Perú: No: 81%
Argentina: No: 80%
Paraguay: No: 80%
Colombia: No: 76%
Fuente: Revista Semana.
María Belén Arroyo
Fuente: VISTAZO*
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