“El Cosepe ya está dispuesto para que se reúna. La convocatoria está planteada”, señaló ayer Arellano, luego de comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea para analizar la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
La semana pasada el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, solicitó al presidente, Rafael Correa, como máxima autoridad del Cosepe y al ministro de Defensa, Javier Ponce, que desclasifiquen la información reservada para “ampliar las investigaciones” y determinar a los responsables de las cinco muertes durante los hechos del 30-S en el hospital de la Policía Nacional.
El día de la revuelta, por pedido del presidente Correa, personal de élite del Ejército realizó la Operación Rescate para sacar al mandatario del centro de salud, donde fue retenido por gendarmes en rechazo a la Ley de Servicio Público. Durante esos acontecimientos murieron dos militares, dos policías y un civil.
El Consejo de Seguridad está integrado por el presidente y vicepresidente de la República; los presidentes de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia; los ministros de Seguridad, Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores; jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía Nacional.
Arellano señaló que, además del pedido del fiscal Chiriboga, el Cosepe analizará también la solicitud presentada por el asambleísta César Montúfar (CN) sobre el mismo requerimiento.
“El Gobierno es el más interesado (que se investiguen los hechos del 30-S). Nosotros estamos en una franca lucha contra la impunidad en todos los sentidos. Nos interesa que de este tema tan lamentable que ocurrió se pueda virar la página sobre la base de transparencia y conocer todo lo que pasó”, expresó Arellano.
Montúfar dijo que pidió formalmente al ministro de Seguridad, como secretario del Cosepe, la desclasificación de las actas y documentos con base al artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y el artículo 31 del reglamento del mencionado cuerpo legal.
Dicho artículo señala que el ministro de Seguridad puede disponer el acceso a las actas y documentos clasificados por el Cosepe, previa recepción de una solicitud legalmente formulada y debidamente fundamentada, en la cual se justifique la razón de la petición y el uso futuro de la información.
El asambleísta, opositor del Gobierno, anticipó que si Arellano rechaza su pedido él mismo deberá ser obligatoriamente elevado en consulta al Cosepe para que el organismo recomiende al presidente de la República confirmar o revocar el informe de primera instancia.
El ministro de Seguridad, Homero Arellano, señaló también que se encuentra en contacto con representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar formalmente a ese organismo su participación en las investigaciones sobre el 30-S.
Según fuentes militares, existen aproximadamente 15 documentos reservados sobre la Operación Rescate del 30-S. Entre ellos, el plan estratégico dispuesto por el mando militar para ejecutar el operativo.
FUENTE:EL UNIVERSO
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