Falta de control a los jueces, ausencia de un sistema gerencial, obsoleta estructura de los juzgados, incumplimiento de los plazos en las etapas de los procesos, son algunas de las deficiencias encontradas por expertos de la Universidad de Talca.
La falta de un eficiente sistema de gestión y una lógica administrativa son las principales falencias de la administración de justicia en Ecuador, según el informe preliminar del estudio realizado por técnicos de la Universidad chilena de Talca.
Los expertos contratados por el Estado ecuatoriano en noviembre del año pasado para realizar un estudio de la realidad de la Función Judicial, concluyeron la investigación en la que participaron alumnos de los últimos años de Jurisprudencia de 13 universidades ecuatorianas. Al momento redactan el informe final que será presentado el 29 de este mes.
Ignacio Castillo, coordinador del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, informó que 18 mil expedientes judiciales a nivel nacional, comprendidos desde 2005 hasta 2009, fueron motivo del estudio, y se concluyó que el sistema de justicia penal del Ecuador funciona igual que lo hacía hace 100 años.
“Funciona a través de un proceso que es absolutamente discrecional y con un poder de los jueces que claramente necesita observaciones y reparos”, dijo, al subrayar que los magistrados concentran poderes y no son controlados.
Afirmó que cada juzgado trabaja como una isla, en la que el juez y el secretario agendan individualmente sus propias audiencias, sin controles, lógica ni reglamentos, a lo que se suma el hecho de que las oficinas judiciales no funcionan con lógica de administración y que están de espaldas a la gente, por eso la ciudadanía no confía en ellas.
Esto ha provocado, según Castillo, que estén represadas las causas y que se registre tantas audiencias fallidas. El estudio arrojó que por cada juicio, 12 audiencias se suspenden y en la mayoría de casos es por inasistencia de propios empleados públicos, peritos o policías.
Castillo considera que en Ecuador se debiera implementar un esquema en el que cada juzgado tenga varios jueces y estos estén controlados por un administrador, el que se encargaría de establecer la agenda de audiencias y de sancionar a los magistrados que no cumplan con la normativa. Así el juez se dedicaría exclusivamente a tramitar las causas y no a asuntos administrativos, para los cuales no está capacitado.
Además, sostiene que se debería establecer una verdadera carrera judicial, en la que se exija que antes de que alguien se responsabilice de una oficina judicial, reciba una capacitación homogenizada de aproximadamente un año.
En este caso, los jueces deben prepararse para ser jueces mediante cursos de seis meses y otro lapso igual de pasantía, porque no todos los abogados están en capacidad de ser jueces, como ocurre actualmente en el Ecuador.
Esto también debe aplicarse para los fiscales.
De acuerdo al estudio realizado, se ha determinado que muchas causas legales se cumplen en las primeras etapas y que en la intermedia se estancan, lo que produce un represamiento y hasta la caducidad de las mismas; por ello recomienda que se incentive para que las causas se resuelvan en las primeras instancias judiciales o que, incluso, no se llegue a juicio en los casos en los que es imposible determinar el culpable. Por ejemplo, el robo de un radio de un vehículo que fue dejado en la calle.
Otra de las fallas detectadas es que los actores judiciales no coordinan entre sí el trabajo; es por eso que lo recogido por los policías muchas veces no le sirve al fiscal o que las pruebas de la fiscalía no están bien sustentadas, por lo que también se recomienda una mayor comunicación.
Respecto a los niveles de corrupción, dijo que persistirán mientras haya los incentivos y no haya los debidos controles.
El poco uso o aplicación de las medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva es otra de las causas para una mala administración de justicia.
Para el experto, echarle la culpa a la justicia penal de ser la causante de la inseguridad ciudadana es injusto, ya que este tiene varios actores y leyes.
Todos los problemas descubiertos en el estudio se agudizan en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí. Mientras que en Pichincha, Azuay y El Oro las cosas han mejorado.
Castillo recordó que el anterior Consejo de la Judicatura no dio las facilidades para realizar el estudio de la justicia ecuatoriana, lo cual ha sido superado y se ha logrado cumplir con el objetivo.
En declaraciones anteriores, el presidente del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Paulo Rodríguez, informó que están a la espera del informe de la Universidad de Talca para analizarlo, y si es del caso utilizarlo en el proceso de reestructuración de la justicia ecuatoriana que han emprendido.
“Nosotros lo analizaremos y será un insumo más como parte de la evaluación a todos los servidores”, manifestó de su lado el vocal de la Judicatura de Transición, Fernando Yávar.
Fuente: EL TELÉGRAFO*
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