EL UNIVERSO*
Entrevista: Presidente del Consejo de la Judicatura
Aunque cuestionado constantemente por el Gobierno y la Fiscalía por los problemas de la Función Judicial, Benjamín Cevallos ha salido bien librado. No solo de un juicio político en la Asamblea. El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) también venció el viernes un último obstáculo: logró que, en la mañana, el juez 26º de Flagrancias del Guayas, Efrén Lara, lo restituyera en su cargo, luego de que el juez 21º de Garantías Penales, Santiago Coba, lo destituyera, el lunes pasado, con el argumento de que no reintegró en su cargo al juez Juan Pablo Hernández, quien autorizó la destrucción de maquinaria minera en Esmeraldas. Sin embargo, el mismo viernes, Coba dejó sin efecto esta restitución. Esta pugna en la Función Judicial se da unos días después de que Cevallos suspendiera, el 29 de junio, a dos de los tres jueces que sentenciaron al exjefe de la Escolta Legislativa, coronel Rolando Tapia, por los sucesos del 30-S.
Si su destitución fue ilegal, ¿por qué Herman Jaramillo asumió la presidencia de la Judicatura como encargado?
Porque hubo un criterio que respeté, aunque no lo compartí, que decía que la resolución del juez Coba, aunque era ilegal y absurda, había que respetarla hasta que alguien declare su nulidad. Como algunos compañeros pensaban así, para evitar dificultades dispuse que se encargue la Presidencia al vicepresidente del Consejo, el doctor Jaramillo.
¿Hizo esto porque no hubo unanimidad entre los vocales del Consejo para defender su permanencia en el cargo?
No quise establecer controversias con mis compañeros. Dije que respeto hasta que tenga la resolución de un juez que deje sin efecto mi destitución.
La ley establece las competencias de los jueces de garantías y entre esas no consta la de destituir a alguien con su cargo. ¿Por qué Coba lo destituye?
Creo que estuvo influenciado por alguien porque me extrañó mucho que expida una resolución el 4 de julio, a la una de la mañana, y luego en Guayaquil, cuando yo desayunaba en el hotel, sorpresivamente la secretaria (del juez) viaja desde Quito para dejarme la notificación de mi destitución. A las 09:00 se me notifica que me han quitado la seguridad. Mi edecán no actuó debidamente porque es su obligación proteger la vida y seguridad de una persona, aunque esté cesado en funciones, hasta dejarlo en su domicilio sano y salvo. Todos los canales escucharon que el oficial de la escolta dijo que era por orden del Ministro del Interior. Él podrá mandar en cualquier parte, menos en el CJ, lo cual revela que se está poniendo en práctica lo que se denunció hace mucho: se está echando mano en la justicia.
¿En qué otros hechos se sustenta para responsabilizar al ministro Serrano de injerencia?
Hay una serie de coincidencias. ¿Por qué a las 09:00 él ya sabía que me destituyeron y dispuso que me quiten la seguridad y no ingrese al CJ? Si él pensaba que yo estaba destituido, como simple ciudadano tenía derecho a retirar mis cosas. Nos estamos aproximando a una dictadura, si es que no estamos ya.
¿Iniciará acciones legales contra Rodrigo Collahuazo (el dirigente del Seguro Social Campesino que organizó una marcha luego de su destitución)?
No sé si él lanzó un puntapié que, si alguien no se opone, me llegaba al muslo, pero fui topado en mi rodilla derecha por un ciudadano que ahora sé que se llama Ramiro o Jacinto Collahuazo. ¿Quién mandó a ese grupo? Si todos están vinculados a Alianza PAIS, ¿no será otra maniobra del ministro Serrano para amedrentarme?
¿Continuará con las acciones legales en contra de Coba?
Tendría que pensarlo. No desearía desautorizar lo que ha hecho el doctor Jaramillo, pero tengo que tomar alguna medida porque debo luchar por mi dignidad.
¿Iniciará acciones legales en contra del ministro Serrano?
Lo voy a pensar. Aunque no tendría que pensarlo yo. No sé si la Corte Constitucional, que permanece indiferente. No sé si la Asamblea también puede estar indiferente ante una injerencia de otra función en el sector judicial.
¿El marco legal que establece las atribuciones de los jueces constitucionales tiene vacíos?
Un decano de una Facultad de Jurisprudencia dice que hay un vacío. La Corte Constitucional debió ser la primera en intervenir, pero guarda un silencio que respeto.
¿Lo dejaron solo?
Así sea solo, es preferible morir de pie que vivir con vilipendio.
¿Cree que el CJ, como institución, no salió a defender esa institucionalidad que usted dice que está afectada?
No puedo pretender que se conviertan en abogados defensores, pero sí esperaba un poquito más de solidaridad.
La Corte Nacional tampoco se pronunció.
Por lo menos decir si ven que hay intervención en la justicia... Guardaron un silencio que realmente da pena. ¡Por favor! ¿Es que un cargo que nos dan, un sueldo que lo podemos ganar afuera, también decentemente, vale más que el prestigio y la dignidad?
¿Es coincidencia que luego de la sentencia al coronel Tapia se dé esta crisis en la Judicatura y los rumores del feriado judicial?
Los jueces que integraban el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha tenían que actuar con prolijidad y asegurarse la competencia. Pero se integró con un juez titular, que es el doctor (Luis) Manosalvas; un juez temporal, el doctor Renato Vásquez; y (ellos) llaman a un tercero, el doctor (Xavier) Andrade, para que lo integre, pero él no figuraba en el banco de elegibles. El CJ es el único que puede nombrar jueces temporales.
¿Por qué usted no suspendió a los jueces Vásquez y Manosalvas antes de que se emita una sentencia tan importante, como la del coronel Rolando Tapia?
Si (el tribunal) estaba integrado indebidamente, era mi obligación sancionar. Fue una desafortunada coincidencia que me presenten la denuncia. Lo hizo la asambleísta Lourdes Tibán. Revisé la documentación y decidí suspender a los jueces. No por boicotear, sino porque tengo que actuar según la Constitución.
¿Cómo no sabía usted de la irregular integración del tribunal si era un juicio tan conocido?
No puedo saber. Supongo que cada tribunal está integrado debidamente. Pero cuando veo que tenía un juez ad hoc, figura ya desaparecida, tomé la decisión. Si fuera un político hubiera dicho: “No, como hay una sentencia de por medio y se solicita que no quede en la impunidad lo que ocurrió el 30-S, por prudencia no lo hago”. No, yo no emito mis providencias para agradar ni para desagradar a nadie. Cumplo la ley.
La asambleísta María Paula Romo ha dicho que nombrar jueces ad hoc ha sido una práctica. ¿Eso no revela fallas en el control de la Judicatura?
Si han estado actuando de esa forma, lo han hecho indebidamente. Habrá que revisar.
¿Por qué la sanción a Vásquez y Manosalvas es la “suspensión” si cometieron una ilegalidad?
No es sanción, es medida preventiva. Según el artículo 279, numeral 5, del Código Orgánico de la Función judicial, en caso grave y urgente, como medida preventiva, se establece la suspensión de un juez con remuneración por 90 días.
Si es solo una medida preventiva, ¿por qué Coba decide algo tan radical en su contra?
En esta etapa de transición y luego de la consulta hay una cantidad de jueces miedosos, complacientes, que quieren hacer méritos para ver si pueden ser reelegidos o a lo mejor hasta ascendidos.
Ulpiano Salazar, vocal del CJ, dijo que puede darse un vacío de poder cuando se proclamen los resultados de la consulta.
Hice una consulta al Procurador del Estado sobre cuándo cesa el CJ: ¿Cuando se proclamen resultados o cuando seamos legalmente sustituidos? Espero que nos lo haga saber. Se publican los resultados, ¿y en qué situación quedamos? Ahí se genera un vacío hasta que se designe al triunvirato.
Perfil: B. Cevallos Solórzano
EDAD
74 años.
ESTUDIOS
Doctor en Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.
TRAYECTORIA
Notario y registrador de la Propiedad de Quito. Catedrático, asesor parlamentario y consultor privado. Ministro juez de la Corte Nacional de Justicia Policial desde junio del 2005 hasta marzo del 2006. Presidente del Consejo de la Judicatura desde el 31 de julio del 2009 hasta ahora.
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