El grupo policial fue creado en 1996 y desmontado en el 2009 por denuncias de excesos en sus acciones. 12 agentes están enjuiciados penalmente.
El GAO fue creado como una unidad de Inteligencia para frenar la ola de violencia y combatir la presencia de grupos delictivos organizados en el país. Sus agentes eran expertos en tiro, defensa personal, investigación y técnicas de arresto; han sido capacitados por fuerzas especiales de Francia y EE.UU. Por estas habilidades, el GAO se convirtió en una fuerza letal, según activistas de DD.HH.
‘Me esposaron las manos y me amarraron los pies. Después me llenaron la boca con papel periódico y la cubrieron con cinta de embalaje. Me dieron golpes y patadas. Pedían que les dijera dónde supuestamente teníamos el dinero del asalto a un blindado”.
Así relató Javier P., al Tribunal IV de lo Penal de Pichincha, la supuesta tortura de la que habría sido víctima, tras ser detenido por agentes del ex Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Policía. 12 uniformados son juzgados (esta semana se podría dictar sentencia en su contra) por presunta detención ilegal y tortura de tres hermanos en Quito.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) ha denunciado desde un lustro posibles excesos en el accionar del grupo policial. En el 2006, al emitir un informe, la Cedhu denunció que los agentes del GAO habrían presuntamente cometido 24 ejecuciones extrajudiciales y 14 torturas. Entre el 2000 y el 2008, el organismo calculó que serían las 84 víctimas fallecidas.
Jaime Hernández, defensor del Pueblo de Pichincha, está al tanto de abusos atribuidos a ese cuerpo policial. Esa dependencia reveló en el 2009 excesos cometidos por agentes en contra de Alexánder C., detenido en el caso Terranova: el cinematográfico asalto a una joyería en Quito.
Tras ser sometido a torturas, Alexánder C. fue obligado a firmar una versión declarándose partícipe del asalto. El Tribunal III de lo Penal de Pichincha resaltó que él había sido encausado sin que se respetara el debido proceso y lo consideró inocente. El proceso se revirtió contra policías del GAO; el viernes 3 de junio, la III Sala de Garantías Penales de Pichincha liberó a los agentes presuntamente inculpados en la tortura, Élmer O. y Jorge M.
Lo narrado por Javier P. concuerda con los testimonios de otras personas que fueran detenidas por agentes del GAO.
Alexánder C. relata: “Me esposaron y me botaron al piso. Me pusieron una franela en la cara y luego me echaron algún líquido con gas. Para no absorber el gas me aguantaba la respiración, pero me pateaban en el estómago”.
Policías detuvieron a Alexánder C. el 25 de marzo del 2008, por conducir en estado etílico en el norte de Quito. Al día siguiente fue inculpado de tenencia ilegal de armas, al encontrar dos artefactos en su auto, y, entonces, pasó a ser interrogado por el GAO.
El hombre recuerda que los policías le pusieron una pistola en la cabeza y hasta que le introdujeron el cañón en la boca. Le pisaron en los testículos y, boca abajo, le golpearon con un garrote hasta que firmara una versión, reconociéndose culpable.
El Defensor del Pueblo de Pichincha dice que en el 2008, personalmente, pudo constatar que “miembros del GAO torturaban a los detenidos con un bate, en el que habían grabado la leyenda ‘derechos humanos’. Lo encontramos en un armario de la Policía Judicial (PJ)”. El sexto piso del edificio de la PJ, a la cual pertenecía el ex GAO, era el centro de interrogatorios. En eso coincide la mayoría de detenidos.
Un caso que causó severas críticas fue la acción policial en el asalto a Quito Motors, el 2 de octubre del 2000. Cuatro sospechosos murieron en un tiroteo en la av. 10 de Agosto, en el norte de Quito. Hubo ciudadanos que tuvieron que refugiarse en la parada del trolebús; estos aseguraron que algunos presuntos delincuentes fueron ejecutados por policías, después de rendirse.
En un informe que la Cedhu entregó hace un año a Philip Alston (el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) se refiere que “generalmente los hombres presentaban orificios de bala en la cabeza y en la espalda, lo que mostró una clara intención de tirar a matar. Hubo testigos que vieron a personas arrodilladas y con los brazos abiertos suplicando que no dispararan”.
Karolina Pazmiño agrega que los agentes “hacían constar en los partes policiales que las personas fallecidas estuvieron armadas y abrieron fuego en su contra, por lo que ellos dispararon en defensa propia”. Eso adujeron los uniformados en la muerte de Cecilia Palacios, quien quedó en medio de una balacera en el exterior de almacenes Rose, en el 2005, y en la masacre de nueve sospechosos en Píntag, en el 2008.
En diciembre de ese año, el Ministerio del Interior abrió una investigación para revisar las acciones del GAO. En medio del sumario, los hermanos Javier P. Fabricio P. y Karina P. fueron detenidos junto a su padrastro Georgy C., el 30 de septiembre del 2009.
Días después, los tres hermanos decidieron denunciar la tortura de la que habían sido víctimas (causa del actual juicio contra 12 agentes del ex GAO en el Tribunal IV de lo Penal de Pichincha) y la desaparición de Georgy C.
La difusión de ese hecho fue la gota que derramó el vaso. Luego de 13 años de vida, el entonces ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunció el fin del GAO y la creación de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (Uian), con otros agentes de la Policía.
Los miembros del ex GAO debían ser transferidos a otras unidades de la institución, no relacionadas con la Policía Judicial. No obstante, un agente revela que ex GAO se encuentran en la Uian.
Nelson Argüello, inspector general de la Policía Nacional, dice que al menos 12 miembros del ex grupo de investigación enfrentan un proceso administrativo interno por presunta mala conducta. El caso ya se encuentra en el Consejo de Generales. Allí, los agentes podrían ser dados de baja.
El Código de la ONU
La ONU reguló en diciembre de 1979 el uso de armas de fuego de policías, en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Ese Código establece la obligación de los gobiernos de proveer armamento no letal. Dispone el uso de armas de fuego solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
La normativa promueve la tipificación penal del empleo arbitrario o abusivo de la fuerza, o de armas de fuego, en un Estado.
Punto de vista Guido Escobar/ Abogado de ex agentes del GAO
'Más de 100 policías mueren al año'
Para ser merecedores de derechos, primero tenemos que cumplir obligaciones como respetar a los demás y al orden público. Pero hay personas que solo hablan de sus derechos mientras asaltan bancos, trafican droga, matan gente y son de bandas organizadas. Y cuando son detenidas se presentan como víctimas.
Se dice que han sido torturados, pero eso hay que demostrar. Como ciudadano creo que las torturas en general son aberrantes porque afectan a la dignidad del ser humano, a las convivencias básicas y al respeto a los derechos humanos. Pero no nos podemos victimizar porque hay que tomar en cuenta la función primordial de la Policía: la seguridad pública.
Cuando un uniformado acude a prestar un auxilio, no es que es recibido por un delincuente con ramos de flores, sino con armas más sofisticas. Más de 100 policías mueren al año y muchos son torturados en manos del crimen.
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